Tejen el nido de la serpiente
Siempre
La crisis política y legislativa que hoy vive el país tiene su origen en el gobierno de la República. Quienes redactaron las cinco iniciativas de reforma petrolera y construyeron la estrategia para presentarla en la Cámara de Senadores, parecen haber sido asesorados por alguno de esos dictadores latinoamericanos del siglo XX, que lograron con sus tácticas autoritarias desatar todo tipo de revoluciones.
El gran error político, tal vez el más grave desde el régimen que propició el movimiento estudiantil del 68, es el ocultamiento de información. Muchos políticos, sobre todo aquellos que han operado la presentación y discusión de la reforma con el claro objetivo de que se apruebe, siguen atados a un México que, al menos para la ciudadanía, ya murió.
El ocultamiento de información sólo tiene razón de ser y puede prosperar en las dictaduras. Y a ello se apostó para que ni la sociedad ni los legisladores conocieran a fondo el significado de cinco iniciativas que tienen no sólo un claro propósito privatizador, sino la meta evidente de construir una empresa petrolera paralela, que de cabo a rabo manejarían las grandes corporaciones trasnacionales.
Ahí, en ese punto y no en la toma de las tribunas legislativas, se encuentra la raíz de un conflicto que puede escalar. México se encuentra ante intentos obvios, burdos y evidentes de querer imponer a toda costa la aprobación de un proyecto que convertiría a Pemex en una mera administradora de contratos a oligopolios que dictarían sus condiciones económicas, técnicas y comerciales para explorar, explotar, conducir, almacenar y transportar el crudo mexicano.
Quien diga lo contrario, miente. Poco a poco, conforme ingenieros petroleros, constitucionalistas y administradores públicos traducen la telaraña jurídica que entrelaza las cinco iniciativas, se advierte la dimensión de un plan donde la nación dejaría de tener el control sobre un recurso tan estratégico como el petróleo. Y la posibilidad de que muchos políticos pudieran convertirse en empresarios petroleros.
Esto explica el retraso en la presentación de la propuesta a los legisladores y la prisa con que los operadores hubieran querido actuar para que —antes de que fuera estudiada y descifrada— pudiera ser aprobada en las dos cámaras.
A ello, se añade el manejo de los medios de comunicación. El gobierno ha convertido a las empresas televisoras en golpeadoras a sueldo y en fanáticas defensoras de la reforma presidencial.
Es cierto que quienes hoy mantienen como rehén al Congreso tampoco tienen la razón. El lopezobradorismo, reducto del todo o nada, emblema de un autoritarismo de izquierda también superado, profesional en el arrinconamiento y en la destrucción política, sólo ha contribuido a colapsar la dinámica nacional.
Sin embargo, quien tiene la facultad jurídica, la responsabilidad política y la obligación moral de gobernar es el Presidente de la República. Y gobernar, al menos en democracia, no sólo significa imponer decisiones, sino, en algunos casos, ceder y, en otros, crear las condiciones para que pueda construirse una reforma energética distinta con la participación plural de los actores.
Sería imperdonable que los cuatro meses que pide el Frente Amplio Progresista para debatir la iniciativa presidencial puedan convertirse en el origen de otro 68. Si así fuera, quien se equivocará ante la historia y la sociedad no es el PRD, tampoco Andrés Manuel López Obrador, sino el Presidente de la República, quien se verá obligado a mandar la fuerza pública para reprimir.
Remember, el 68 no es el título de una canción, sino la consecuencia sangrienta de la obcecación, la vanidad y el error. Hay muchos actores, sin embargo, a los cuales les entusiasma tejer un día y otro también el nido de la serpiente.
La crisis política y legislativa que hoy vive el país tiene su origen en el gobierno de la República. Quienes redactaron las cinco iniciativas de reforma petrolera y construyeron la estrategia para presentarla en la Cámara de Senadores, parecen haber sido asesorados por alguno de esos dictadores latinoamericanos del siglo XX, que lograron con sus tácticas autoritarias desatar todo tipo de revoluciones.
El gran error político, tal vez el más grave desde el régimen que propició el movimiento estudiantil del 68, es el ocultamiento de información. Muchos políticos, sobre todo aquellos que han operado la presentación y discusión de la reforma con el claro objetivo de que se apruebe, siguen atados a un México que, al menos para la ciudadanía, ya murió.
El ocultamiento de información sólo tiene razón de ser y puede prosperar en las dictaduras. Y a ello se apostó para que ni la sociedad ni los legisladores conocieran a fondo el significado de cinco iniciativas que tienen no sólo un claro propósito privatizador, sino la meta evidente de construir una empresa petrolera paralela, que de cabo a rabo manejarían las grandes corporaciones trasnacionales.
Ahí, en ese punto y no en la toma de las tribunas legislativas, se encuentra la raíz de un conflicto que puede escalar. México se encuentra ante intentos obvios, burdos y evidentes de querer imponer a toda costa la aprobación de un proyecto que convertiría a Pemex en una mera administradora de contratos a oligopolios que dictarían sus condiciones económicas, técnicas y comerciales para explorar, explotar, conducir, almacenar y transportar el crudo mexicano.
Quien diga lo contrario, miente. Poco a poco, conforme ingenieros petroleros, constitucionalistas y administradores públicos traducen la telaraña jurídica que entrelaza las cinco iniciativas, se advierte la dimensión de un plan donde la nación dejaría de tener el control sobre un recurso tan estratégico como el petróleo. Y la posibilidad de que muchos políticos pudieran convertirse en empresarios petroleros.
Esto explica el retraso en la presentación de la propuesta a los legisladores y la prisa con que los operadores hubieran querido actuar para que —antes de que fuera estudiada y descifrada— pudiera ser aprobada en las dos cámaras.
A ello, se añade el manejo de los medios de comunicación. El gobierno ha convertido a las empresas televisoras en golpeadoras a sueldo y en fanáticas defensoras de la reforma presidencial.
Es cierto que quienes hoy mantienen como rehén al Congreso tampoco tienen la razón. El lopezobradorismo, reducto del todo o nada, emblema de un autoritarismo de izquierda también superado, profesional en el arrinconamiento y en la destrucción política, sólo ha contribuido a colapsar la dinámica nacional.
Sin embargo, quien tiene la facultad jurídica, la responsabilidad política y la obligación moral de gobernar es el Presidente de la República. Y gobernar, al menos en democracia, no sólo significa imponer decisiones, sino, en algunos casos, ceder y, en otros, crear las condiciones para que pueda construirse una reforma energética distinta con la participación plural de los actores.
Sería imperdonable que los cuatro meses que pide el Frente Amplio Progresista para debatir la iniciativa presidencial puedan convertirse en el origen de otro 68. Si así fuera, quien se equivocará ante la historia y la sociedad no es el PRD, tampoco Andrés Manuel López Obrador, sino el Presidente de la República, quien se verá obligado a mandar la fuerza pública para reprimir.
Remember, el 68 no es el título de una canción, sino la consecuencia sangrienta de la obcecación, la vanidad y el error. Hay muchos actores, sin embargo, a los cuales les entusiasma tejer un día y otro también el nido de la serpiente.