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miércoles, 2 de enero de 2008

Un segundo pinochetazo

Reforma judicial

Los publicistas y voceros a sueldo de Felipe Calderón nos dicen que la propuesta de reforma judicial permitirá una lucha más eficaz contra la delincuencia organizada, y más concretamente, contra el narcotráfico. Pero este aserto sólo es un señuelo.

Calderón sabe perfectamente, discursos aparte, que el narco es invencible. Universal e históricamente invencible. No en balde la antigüedad del consumo de estupefacientes puede cifrarse documentalmente en 5 mil años.

¿Es acaso un secreto que, sin contar a los consumidores de alcohol, suman miles de millones en todo el mundo los demandantes de estupefacientes? Y ya se sabe que si hay demanda de algún artículo, sólo es cosa de poco tiempo para que aparezca la oferta que ha de satisfacer esa apetencia.

¿No ha tomado conocimiento el amable lector de la violenta lucha de los gobiernos italianos a lo largo de todo el siglo XX para eliminar a las diversas agrupaciones mafiosas de ese país? ¿Y cuál ha sido el resultado? Nada menos que el más absoluto fracaso, pues conservando sus tradicionales giros de contrabando, extorsión, narcotráfico y prostitución, los grupos mafiosos han pasado a participar delictivamente en la especulación comercial, inmobiliaria y financiera de modo planetario.

Por lo que toca a México, ¿cómo pensar en la derrota del narcotráfico cuando se sabe que de los 32 millones de hectáreas de suelo cultivable, más de una cuarta parte (9 millones de hectáreas) es dedicado a la producción de marihuana? ¿Y cómo imaginar posible esa derrota cuando se sabe que en México, lo mismo que mundialmente, el narco es una actividad en la que parte imprescindible es el concurso de autoridades judiciales, sanitarias, políticas, aduaneras, policiacas y militares?

El señuelo no puede ocultar el propósito verdadero: la autodotación gubernamental de instrumentos judiciales y policiacos para infundir terror e inmovilizar a los millones de inconformes con el fraude electoral de julio de 2006 y con la política económica antipopular y antinacional que ese megafraude ha permitido profundizar.

Esa reforma judicial busca criminalizar la protesta y las movilizaciones populares.

Se trata del típico comportamiento de una dictadura, que tras el golpe de Estado pretende fabricarse una institucionalidad a modo. Una institucionalidad esencialmente represiva que, conculcando las libertades civiles, apriete más firmemente el anillo de hierro de la tiranía. Un año y medio después del primer pinochetazo, el segundo se encuentra en marcha.