Neolibertad de expresión

Revista Proceso

México, D.F. (apro).- Promotora del encono social en la elección presidencial de 2006 en su propósito de mantener al PAN en la presidencia, la cúpula empresarial está ahora embarcada en una batalla legal en nombre de la libertad de expresión, pero que no es más que su rechazo a un debate político equilibrado y civilizado.

De esa empresa la cúpula empresarial no saldrá del todo librada si es que la justicia federal –jueces, magistrados y probablemente los ministros de la Suprema Corte– se hace eco de los criterios establecidos recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El pasado jueves, la Coparmex convocó a la prensa para informar que la justicia federal aceptó 14 de los numerosos amparos que interpuso en diciembre pasado por todo el país, en contra del capítulo de la reforma electoral referido a la prohibición a los particulares de comprar espacio en la radio y la televisión durante las campañas electorales.

Con el aval de un grupo de intelectuales que tienen una significativa presencia en los medios, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso los recursos por considerar que esa prohibición atenta contra la libertad de expresión.

Fabián Aguinaco, abogado que está al frente de esa estrategia legal, ha dicho que tal impedimento restringe los derechos de todos los mexicanos, sin importar su condición económica o social.

Lo que la reforma constitucional busca con esa limitación es evitar que se repitan experiencias como la de 2006, en las que la confrontación y división entre los mexicanos estuvieron, en buena medida, alimentadas por el Consejo Coordinador Empresarial, al que pertenece la Coparmex.

Fue la cúpula empresarial, además de la peligrosa intromisión del expresidente Vicente Fox, la que promovió incluso el miedo en la sociedad ante un triunfo de la izquierda.

Con sus membretes y organismos “fantasmas”, los empresarios pudieron hacer una campaña paralela en favor del PAN gracias a la millonaria compra de spots.

Con ello, orientaron y determinaron el voto en diferentes grupos sociales.

A propósito de las elecciones del 11 de noviembre en Tamaulipas, el TEPJF adoptó dos criterios respecto a la libertad de expresión en el marco de las contiendas electorales.

Esos criterios apoyan que en las campañas se privilegie una confrontación abierta y desinhibida, pero también que se hagan con respeto a la integridad de las personas.

En el primero de esos criterios, el TEPJF establece que tratándose del debate político se debe maximizar la libertad de expresión e información.

Bajo esa premisa, dice, “no se considera trasgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática”.

No debe considerarse como una trasgresión, continúa, “cuando esa expresión tenga lugar entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad, reconocidos como derechos fundamentales”.

En el segundo de los criterios, acotado a los candidatos, precisa que las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin de denigrar o degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, implica vulneración de derechos de tercero o reputación de los demás.

Con esos criterios, los magistrados electorales les restan argumentos a los empresarios en su cruzada legal contra la reforma electoral, pues no hay razón para considerar que se les limita su derecho a opinar, siempre y cuando respeten la honra y dignidad. Lo que no hicieron, por cierto, con uno de los candidatos en la campaña presidencial de 2006. (11 de enero de 2008)