Aristegui, la censura corporativa

jenaro villamil

México, D.F., 8 de enero (apro).- Desde el sexenio pasado, la censura tomó argumentos peculiares para justificar los cierres de espacios informativos y de libertad de expresión. La censura contra Carmen Aristegui constituye el caso más ofensivo de este nuevo estilo que tomó carta de naturalización desde el Chiquihuitazo contra Canal 40: la censura corporativa, resultado de una plena identificación entre la tentación de control de la opinión pública por parte del gobierno y los grupos de poder ideológico, empresarial y político y el alto nivel de concentración en los medios electrónicos, el pegamento que explica la impunidad de estos casos.

Un simple repaso por los casos más recientes y emblemáticos nos da el perfil de esta censura corporativa:

1.- “Problemas entre particulares”, afirmaron las autoridades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Gobernación cuando un comando armado de Televisión Azteca decidió suspender la señal de Canal 40, bajo el pretexto de una deuda de 25 millones de dólares que Javier Moreno Valle no le pagó a Ricardo Salinas Pliego.

“¿Y yo por qué?”, fue la famosa frase de Vicente Fox en enero de 2003 para deslindarse del asunto. La complicidad con Los Pinos era obvia: nadie sin el consentimiento de la fuerza pública llega a cortar la señal de una concesión de un medio electrónico, en franca violación a la Ley General de Vías de Comunicación.

Sorprende que ahora el periodista Ciro Gómez Leyva considere que el Chiquihuitazo no fue un caso de censura. El exconductor de lo que fue uno de los noticiarios más frescos y polémicos de la televisión, ahora se compró el argumento corporativo: fue un problema de deudas, no de cierre de espacios informativos. ¿Ya se olvidó del boicot publicitario de los Legionarios al Canal 40, de la incomodidad de Martha Sahagún con el noticiario, del boicot publicitario? ¿No fue censura que Televisión Azteca se apropiara a la mala de una concesión que no le pertenece?

2.- “Boicot publicitario” acusó José Gutiérrez Vivó, el director y dueño de Monitor cuando interrumpió la señal de su emblemático noticiero radiofónico a mediados del año pasado. En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó también rememoró una frase que provino del jefe de Comunicación Social de Felipe Calderón, Max Cortázar: “Se les dará publicidad cuando se porten bien”.

Algo similar ha justificado por décadas boicots publicitarios a medios incómodos para el poder como Proceso, Diario de Yucatán, La Jornada o El Norte. Lo singular en el caso de Gutiérrez Vivó fue la acción coordinada de los anunciantes privados y de la publicidad pública, para asfixiar a una estación.

Una y otra vez los efímeros defensores de la libertad de expresión justificaron la salida de Gutiérrez Vivó, argumentando el flanco débil de su caso: son problemas por deudas con Radio Centro, fue un “mal administrador” y, el gran pecado original de este sexenio: le dio “demasiado espacio” a Andrés Manuel López Obrador.

3.- Ahora, el espacio informativo conducido por Carmen Aristegui es cancelado bajo el eufemismo de un “nuevo modelo editorial” que Prisa y Televisa quieren imponer en W Radio y que no compagina con el periodismo que durante cinco años realizó Aristegui, respaldado con credibilidad y altos índices de audiencia.

La explicación de W Radio no deja lugar a dudas de que se trató no de una simple “incompatibilidad editorial”, sino de una incomodidad corporativa de la empresa frente a una periodista que supo hacer su trabajo y ganar un reconocimiento generalizado a su profesionalismo:

“La decisión se enmarca dentro de un proceso de renovación, actualización y expansión en el que está inmersa la W, que se refleja también en otros cambios en la parrilla (sic), que hemos realizado en los últimos meses”.

Esos “cambios en la parrilla” tuvieron un corolario bastante grave: eliminar el espacio más plural, de mayor rating y que convirtió a la W en un referente noticioso después de años de vivir en el letargo y la superficialidad mediática.

Imaginemos la reacción de un periodista como Iñaki Gabilondo, quizá el más emblemático de los noticiarios radiofónicos de Grupo Prisa en España, con un razonamiento similar. ¿Sacrificaría el consorcio editor de El País a su periodista con mayor credibilidad para que respetara un “nuevo modelo de organización y trabajo” y sus “cambios en la parrilla”?.

Para nadie era un secreto la incomodidad y la molestia del gobierno de Calderón, de la jerarquía eclesiástica, de los propios corporativos mediáticos –en especial, de Televisa-- contra Carmen Aristegui. Era incómoda para el establishment porque todo buen periodista es incómodo cuando se dedica a informar lo que la censura quiere que no se ventile.

Extraoficialmente, uno de los “pecados” de Aristegui fue haber entrevistado ¡dos veces a López Obrador en un año! En otras palabras, no se unió a una pretensión de uniformidad informativa y de odio acrecentado contra “el peligro para México” que domina en los espacios radiofónicos y televisivos.

El grave problema para quienes buscan reducir la expulsión de Carmen Aristegui a un simple desacuerdo laboral, es que ella cuenta con un capital social enorme del cual carecen Televisa, Prisa y el gobierno de Calderón: la credibilidad.

El otro problema es que, a diferencia de los casos de Canal 40 y de Gutiérrez Vivó, Aristegui no es empresaria, ni concesionaria ni tiene intereses corporativos que la vuelvan vulnerable a los pactos corporativos. Es la dueña del único capital que un periodista tiene para defenderse: su trayectoria, su profesionalismo y un carisma que ahora se demuestra en miles de cartas y de correos electrónicos de apoyo y en protesta por su salida.

Si imponerle el silencio a una periodista que sobrevivió a los intereses de estos tiburones mediáticos y a un gobierno incómodo con la crítica no es censura, entonces el cinismo se ha vuelto la moneda de cambio de estos malos tiempos para la libertad de expresión.