Preocupa a la ONU falta de protección al obispo Vera López; recibe homenaje

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó ayer al reconocimiento que decenas de agrupaciones civiles nacionales y grupos eclesiales brindaron al obispo Raúl Vera López por su trabajo en defensa de los derechos humanos, y cuestionó que el Estado mexicano no le brinde al prelado protección ante las amenazas y hostigamientos de que ha sido objeto.

Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que en el país se incrementa el número de defensores amenazados. Citó que la nación está por debajo de Colombia, con 15 solicitudes de sistemas de protección de la ONU para quienes se dedican a esta actividad.

En el homenaje a Vera López, las organizaciones civiles señalaron la falta de apoyo de la alta jerarquía católica y del representante del papa Benedicto XVI en territorio nacional. “Hacemos un atento llamado a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y a monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, para que se acerquen, acompañen y respalden el ministerio de don Raúl”, manifestaron en un documento entregado a la prensa.

Anunciaron una campaña de solidaridad con el obispo –que incluye la recolección de firmas– de aquí al 23 de febrero, y pidieron que las muestras de apoyo se envíen a los correos electrónicos del prelado, de la nunciatura apostólica y de Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM.

Vera López, en su momento, agradeció el apoyo recibido, y resaltó que decidió iniciar el camino de defensa de los derechos humanos con los indígenas y los pobres de Chiapas, al lado de Samuel Ruiz, cuando éste estaba al frente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y en momentos en que “fuerzas políticas” perseguían a la Iglesia en ese estado.

Destacó que Ruiz García –presente en el homenaje– le enseñó a ser un obispo libre, y recordó que sintió pesar, “desgaje”, cuando fue notificado por el fallecido papa Juan Pablo II que no continuaría en esa circunscripción eclesiástica la labor de Samuel Ruiz, pero que al llegar a la diócesis de Saltillo encontró que podía trabajar para superar el “terrible mal” del sufrimiento. Lamentó la existencia de “estructuras” destinadas para “arreglar el mundo para unos cuantos, mientras los demás sobran”, y que las cosas se “hagan con cinismo”.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos –en la cual confluyen más de 40 agrupaciones–acusó que Vera López no ha estado exento de campañas de desprestigio, ataques, amenazas y hostigamiento, hasta la posibilidad de perder la vida, por sus denuncias sobre las condiciones que originaron la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos; las violaciones de trabajadoras sexuales en Castaños, por parte de militares; las agresiones en Oaxaca, Atenco, Chiapas y demás zonas de conflicto en México.

Sobre ese apoyo hablaron familiares y víctimas de algunos de esos acontecimientos, y se criticó la petición que en octubre pasado hizo al Vaticano el juez penal en Monclova, Coahuila, Hiradier Huerta Rodríguez, para que se le inicie un proceso canónico a Vera López, después de que éste cuestionó su decisión de castigar a sólo cuatro de los 11 soldados implicados en la violación tumultuaria de mujeres de Castaños.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, expresó la preocupación que existe por la situación que en torno a las garantías fundamentales priva en México, y exigió, en nombre de los presentes en Casa Lamm –entre ellos la escritora Elena Poniatowska y el ex diputado por Convergencia Jesús González Schmal– castigo para “los responsables de la violencia institucional que mantiene en grave crisis a los derechos humanos”.

Amerigo Incalcaterra, en tanto, resaltó que Raúl Vera “se ha desempeñado como un verdadero defensor de los derechos humanos, porque ha tomado las causas de muchas víctimas, las ha hecho propias, las ha presentado ante las autoridades, ha dado seguimiento y siempre ha ofrecido una palabra de esperanza”.

Resaltó que quienes se dedican a ello “deben recibir del Estado las garantías jurídicas requeridas, antes de verse expuestos a las amenazas, hostigamiento y represión”, y habló sobre el reconocimiento que la ONU ha dado a quienes se dedican a defender las garantías fundamentales.