País del sí, pero no

Con la escandalosa e injusta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del caso de la periodista Lydia Cacho se muestra, de nuevo, que en México prevalece una complicidad in-terinstitucional y una democracia representativa más formal que real, de élites.

Sobran los ejemplos. Uno reciente que cabe recordar para la memoria histórica es el caso del Tribunal Electoral, que consideró que había habido serias irregularidades durante la pasada campaña electoral presidencial, pero como era “imposible” de cuantificar su impacto final en la votación, resolvió que los comicios eran legales y legítimos. Los ministros de la SCJN reconocieron que hubo violación a las garantías individuales de Lydia Cacho, pero no fueron graves y las pruebas aportadas insuficientes. Patente de impunidad para el gobernador Mario Marín y la red de pedófilos denunciada. Esta actitud de injusticia o subestimación sobre situaciones personales o colectivas se repite en casi todas las secretarías de Estado y entidades del gobierno federal.

Así, la millonaria cifra de pobres y pobres extremos, 55 millones, es preocupante para la cohesión nacional, pero como se supone que ya disminuyeron, sólo se requiere más eficiencia gubernamental. La gran concentración del ingreso y de la riqueza es insultante, pero con el mayor crecimiento económico se desconcentrará y “derramará” automáticamente para beneficio de la sociedad. La migración forzada anual de más de 500 mil personas y el promedio de 510 migrantes muertos al año representan una descapitalización humana del país y un trato injusto de EU, pero se va a generar empleo masivo durante el sexenio y se está en espera, eterna, de un acuerdo migratorio binacional. La inseguridad pública arroja más de 2 mil 500 narcoejecutados a fines de 2007 y una belicosidad creciente de los narcos, pero se afirma que la delincuencia profesional está bajo control territorial y operativo. La deforestación de 600 mil hectáreas anuales deteriora gravemente el ambiente, pero no hay problema, se sembrarán 250 millones de arbolitos en 2007. Podría seguir la larga lista de los sí, pero no del México donde no pasa nada y pasa todo, pero en negativo.

Con respecto a la democracia de élites, hoy que se publicita no sólo el fin de la transición democrática, sino su consolidación, cabe preguntarse dónde están las fuerzas motrices de tal proceso en un entorno fundamentalmente antidemocrático. Es decir, las agrupaciones empresariales, ¿son democráticas en su funcionamiento y representación, o predominan los intereses de las organizaciones cúpula sobre los de los micro, pequeños y medianos empresarios? Se pude preguntar lo mismo de las organizaciones sindicales, gremiales y campesinas donde se reproducen líderes vitalicios como Elba Esther Gordillo, ejemplo de negación de democracia sindical.

Los partidos políticos tampoco son paradigma de democracia en su funcionamiento ni en la elección de dirigentes y candidatos a puestos de representación popular, actúan como grupos de interés clientelares y familiares. La autonomía de los poderes republicanos es más una concertación de impunidades recíprocas que de fiscalización y equilibrio del ejercicio del poder político. Entonces, no se entiende cómo se ha pasado de la transición a la consolidación democrática con estos actores de la tragicomedia mexicana.

Muestra adicional del profundo carácter antidemocrático del sistema político mexicano son los estratosféricos sueldos y prestaciones de la alta burocracia (desde el presidente, los secretarios de Estado, los legisladores, los magistrados judiciales, los gobernadores, hasta los presidentes municipales) frente a sus pares de Inglaterra, Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Venezuela. Burocracia que además gana más que los ejecutivos del sector privado de nuestro país y de estas naciones.

A propósito de la SCJN, los miembros del Poder Judicial ganan los salarios más elevados, hecho “que se deriva de la extrapolación de la autonomía decisoria del Poder Judicial para la esfera administrativa y presupuestal y de la ausencia de control social sobre este poder, que es bastante hermético y que defiende esta situación con el argumento de la necesidad de autonomía… situación que genera, muchas veces, un corporativismo en estos poderes (el Judicial y el Legislativo), que no se restringe a sus dirigentes, extendiéndose a todos los funcionarios del personal”.

Espíritu de casta obvio, agregaríamos (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Documento Debate No. 9, 2005). Conclusión: pueblo muy pobre, gobierno bien rico, empresarios riquísimos y democracia representativa de baja legalidad y legitimidad y cero participación social.