Impunidad, eje rector del sistema de justicia mexicano
* Hasta el momento permanecen en la opacidad las investigaciones sobre los responsables de la represión en contra de trabajadores de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sucesos en los que murieron dos obreros baleados por fuerzas policiacas.
Jueves 13 de Diciembre de 2007
La impunidad, como red de com- plicidades, complacencias e in congruencias, es el eje de deci- siones de diferentes institucio- nes del sistema de justicia mexicano, destacando por su relevancia la asumida por la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del mandatario poblano Mario Marín, conocido popularmente como el gober precioso, quien de hecho fue eximido de violar derechos humanos y de sus vínculos con graves delitos de pederastia.
Esto parece dejar claro, aún para aquellos que albergan esperanzas de que en México impera el llamado estado de derecho, que Andrés Manuel López Obrador al mandar al «diablo a las instituciones» hacía un llamado no al caos y a la anarquía sino a tomar conciencia de que en nuestro país se requiere una transformación profunda que renueve todos los aspectos de la vida nacional, entre ellas el entramado institucional que se encuentra sumido en el descrédito y en una profunda crisis.
Éstas no son las únicas situaciones con las que se puede ilustrar el carácter antidemocrático, autoritario, cómplice, timorato y en muchas ocasiones corrupto de los responsables de procurar e impartir justicia. Ahí está la aberrante sentencia de más de 67 años de prisión dictada a Ignacio del Valle, líder de Atenco confinado en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano (antes Almoloya), perla que corona la represión desatada en contra de ese movimiento social que se opuso con energía a las políticas privatizadoras que atentan contra la propiedad comunal.
En tanto los autores intelectuales y materiales de torturar y violar mujeres, golpear salvajemente a los atenquenses, gozan de la protección del poder y de la justicia.
Hasta el momento permanecen en la opacidad las investigaciones sobre los responsables de la represión en contra de trabajadores de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sucesos en los que murieron dos obreros baleados por fuerzas policiacas. En los hechos, el gobierno federal y el estatal eluden la aplicación justa de la ley y apuestan a que, como suele suceder en México, el tiempo relegue al olvido este episodio sangriento.
En cuanto a Oaxaca -entidad en la que la represión al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca deja un saldo de más de una docena de asesinados, torturados, encarcelados injustamente, entre otras graves violaciones a los derechos humanos-, si bien el expediente sigue abierto tanto en la SCJN, como en la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso en el ámbito legislativo, es de temerse que las decisiones judiciales, en las dos primeras instancias, y política en la tercera, vayan en el sentido de asegurar la impunidad de Ulises Ruiz, acción que se enmarca en la estrecha y fundamental alianza entre el PAN y las cúpulas dirigentes del PRI.
Si bien en casos como el del freno a la llamada Ley Televisa, la SCJN ha actuado con sentido de justicia y responsabilidad social, la mayoría de las veces los ministros de la Corte, que pretenden asumirse como depositarios de la ley y la justicia en abstracto, lejos de los intereses y pasiones humanas, se comportan como parte de un condicionado históricamente sistema corporativo, antidemocrático y autoritario.
El comportamiento general de la mayoría de este cuerpo colegiado no rompe con los criterios conservadores y pragmáticos de un sistema de justicia moldeado de acuerdo a los intereses y necesidades de quienes, desde hace muchos años, detentan el poder político y económico.
Los casos de injusticia paradigmática, es decir emblemática por su trascendencia social, requerirían de extenso espacio para ser expuestos, aquí solamente recordaremos someramente la actuación de nuestro sistema de justicia, tanto de los encargados de procurarla como de los responsables de impartirla, en lo que se refiere al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de miles de mexicanos durante las masacres del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y el llamado periodo de la guerra de los años 60 a 80.
En las páginas de Cambio de Michoacán hemos expuesto en forma crítica y documentada el balance de la actuación del Estado mexicano durante el pasado sexenio foxista, incluyendo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Presidencia de la República, así como a los poderes Judicial y Legislativo, en cuanto a los expedientes del citado capítulo de nuestra historia nacional.
Los resultados están a la vista: si bien se avanzó en la recuperación de documentación que refuerza el contenido de la verdad histórica de ese periodo histórico, se colocó al ex presidente Luis Echeverría en el banquillo de los acusados, lo esencial sigue pendiente: el destino de los cientos de detenidos desaparecidos permanece como secreto de Estado; la impunidad de los responsables intelectuales y materiales de aberrantes crímenes de lesa humanidad es una mancha en la conciencia e historia nacionales; el resarcimiento del daño a víctimas, familiares y a la sociedad es demanda incumplida; las medidas legales y políticas que ayuden a la no repetición de hechos de esa índole no se instrumentan.
En fin, la mayoría de los mexicanos que han tenido que ver con el sistema de procuración e impartición de justicia hemos padecido y somos testigos de sus graves deficiencias y aberrantes inequidades. La actual justicia mexicana, con los ojos bien abiertos, la balanza cargada y la facciosa espada desenvainada, es benévola con grandes defraudadores, delincuentes de cuello blanco, y dura con quien no tiene recursos para cargar la balanza a su favor.
Urge, pues, renovar las instituciones nacionales, entre ellas las encargadas de hacer realidad la vigencia de un verdadero estado de derecho, no la actual simulación que las ha sumido en la carencia de credibilidad.
Julio Pimentel Ramírez y Abdallán Guzmán Cruz
Jueves 13 de Diciembre de 2007
La impunidad, como red de com- plicidades, complacencias e in congruencias, es el eje de deci- siones de diferentes institucio- nes del sistema de justicia mexicano, destacando por su relevancia la asumida por la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del mandatario poblano Mario Marín, conocido popularmente como el gober precioso, quien de hecho fue eximido de violar derechos humanos y de sus vínculos con graves delitos de pederastia.
Esto parece dejar claro, aún para aquellos que albergan esperanzas de que en México impera el llamado estado de derecho, que Andrés Manuel López Obrador al mandar al «diablo a las instituciones» hacía un llamado no al caos y a la anarquía sino a tomar conciencia de que en nuestro país se requiere una transformación profunda que renueve todos los aspectos de la vida nacional, entre ellas el entramado institucional que se encuentra sumido en el descrédito y en una profunda crisis.
Éstas no son las únicas situaciones con las que se puede ilustrar el carácter antidemocrático, autoritario, cómplice, timorato y en muchas ocasiones corrupto de los responsables de procurar e impartir justicia. Ahí está la aberrante sentencia de más de 67 años de prisión dictada a Ignacio del Valle, líder de Atenco confinado en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano (antes Almoloya), perla que corona la represión desatada en contra de ese movimiento social que se opuso con energía a las políticas privatizadoras que atentan contra la propiedad comunal.
En tanto los autores intelectuales y materiales de torturar y violar mujeres, golpear salvajemente a los atenquenses, gozan de la protección del poder y de la justicia.
Hasta el momento permanecen en la opacidad las investigaciones sobre los responsables de la represión en contra de trabajadores de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sucesos en los que murieron dos obreros baleados por fuerzas policiacas. En los hechos, el gobierno federal y el estatal eluden la aplicación justa de la ley y apuestan a que, como suele suceder en México, el tiempo relegue al olvido este episodio sangriento.
En cuanto a Oaxaca -entidad en la que la represión al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca deja un saldo de más de una docena de asesinados, torturados, encarcelados injustamente, entre otras graves violaciones a los derechos humanos-, si bien el expediente sigue abierto tanto en la SCJN, como en la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso en el ámbito legislativo, es de temerse que las decisiones judiciales, en las dos primeras instancias, y política en la tercera, vayan en el sentido de asegurar la impunidad de Ulises Ruiz, acción que se enmarca en la estrecha y fundamental alianza entre el PAN y las cúpulas dirigentes del PRI.
Si bien en casos como el del freno a la llamada Ley Televisa, la SCJN ha actuado con sentido de justicia y responsabilidad social, la mayoría de las veces los ministros de la Corte, que pretenden asumirse como depositarios de la ley y la justicia en abstracto, lejos de los intereses y pasiones humanas, se comportan como parte de un condicionado históricamente sistema corporativo, antidemocrático y autoritario.
El comportamiento general de la mayoría de este cuerpo colegiado no rompe con los criterios conservadores y pragmáticos de un sistema de justicia moldeado de acuerdo a los intereses y necesidades de quienes, desde hace muchos años, detentan el poder político y económico.
Los casos de injusticia paradigmática, es decir emblemática por su trascendencia social, requerirían de extenso espacio para ser expuestos, aquí solamente recordaremos someramente la actuación de nuestro sistema de justicia, tanto de los encargados de procurarla como de los responsables de impartirla, en lo que se refiere al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de miles de mexicanos durante las masacres del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y el llamado periodo de la guerra de los años 60 a 80.
En las páginas de Cambio de Michoacán hemos expuesto en forma crítica y documentada el balance de la actuación del Estado mexicano durante el pasado sexenio foxista, incluyendo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Presidencia de la República, así como a los poderes Judicial y Legislativo, en cuanto a los expedientes del citado capítulo de nuestra historia nacional.
Los resultados están a la vista: si bien se avanzó en la recuperación de documentación que refuerza el contenido de la verdad histórica de ese periodo histórico, se colocó al ex presidente Luis Echeverría en el banquillo de los acusados, lo esencial sigue pendiente: el destino de los cientos de detenidos desaparecidos permanece como secreto de Estado; la impunidad de los responsables intelectuales y materiales de aberrantes crímenes de lesa humanidad es una mancha en la conciencia e historia nacionales; el resarcimiento del daño a víctimas, familiares y a la sociedad es demanda incumplida; las medidas legales y políticas que ayuden a la no repetición de hechos de esa índole no se instrumentan.
En fin, la mayoría de los mexicanos que han tenido que ver con el sistema de procuración e impartición de justicia hemos padecido y somos testigos de sus graves deficiencias y aberrantes inequidades. La actual justicia mexicana, con los ojos bien abiertos, la balanza cargada y la facciosa espada desenvainada, es benévola con grandes defraudadores, delincuentes de cuello blanco, y dura con quien no tiene recursos para cargar la balanza a su favor.
Urge, pues, renovar las instituciones nacionales, entre ellas las encargadas de hacer realidad la vigencia de un verdadero estado de derecho, no la actual simulación que las ha sumido en la carencia de credibilidad.
Julio Pimentel Ramírez y Abdallán Guzmán Cruz
posted by H2AGUA at
12:12 a.m.
