El Usurpador Reprobado
Jesús Blancornelas decía que el PRI le abrió las puertas al narcotráfico, y el PAN no se las ha cerrado
Salvo contadas excepciones, a nivel estatal, municipal y federal, el PAN sigue gobernando en la misma estructura y con las mismas instituciones que heredó del PRI. El poder del crimen organizado para corromper no reconoce partidos. Igual compró conciencias cuando el todopoderoso era el PRI, como ahora que no lo es.
Combatir la penetración del narcotráfico en la política, el poder judicial y las corporaciones policíacas es la gran asignatura pendiente de Felipe Calderón. El Presidente y el procurador Eduardo Medina Mora no han tenido la voluntad o compromiso para hacerlo. Más bien solapan investigaciones que pudieran comprometer componendas políticas pactadas en lo oscurito con protagonistas de los otros poderes o, en el mejor de los casos, se hacen de la vista gorda.
Gracias a esa complicidad por omisión con el narcotráfico, se ha registrado un retroceso en la protección del derecho a informar. Después de Iraq, Pakistán y Somalia, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. En los últimos doce meses, según datos del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), dos reporteros han sido asesinados, tres han desaparecido y tres empleados de un diario de Oaxaca fueron acribillados a bordo de una camioneta de distribución marcada con el nombre del rotativo. Se sospecha la autoría del crimen organizado.
Calderón concluyó su primer año igual que como empezó: con 95 por ciento de los asesinatos, amenazas y desapariciones de periodistas sin resolver. Su gobierno refrendó el mensaje de su antecesor: asesinar a un periodista no tiene costo. No habrá investigación o justicia. Imperará la impunidad. Calderón le ha prestado oídos sordos a la exigencia internacional para que garantice el ejercicio del periodismo. En lugar, se jacta de que hay libertad de prensa. “Pero”, aclara Adela Navarro, editora de Zeta, “las condiciones para ejercerla no son las óptimas”.
El periodismo comprometido con la sociedad cuestiona políticas, denuncia delitos y exhibe actos de corrupción. En países carentes de garantías esto significa jugarse la vida entre narcotraficantes y autoridades corruptas. El avance de un país democrático se mide en la libertad de su prensa. México, bajo Calderón, sigue reprobado.
A PUERTA CERRADA
Con la presencia de funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Justicia y la CIA, el viernes 30 de noviembre tuvo lugar una reunión con académicos y periodistas para analizar el combate al narcotráfico en México y la cooperación bilateral. En el seminario participaron John Bailey (Universidad de Georgetown); Andrew Selee (Centro Woodrow Wilson); Armand Peschard (Peschard & Associates); Alfredo Corchado (Dallas Morning News) y los mexicanos Arturo Alvarado (Colmex), Jorge Chabat (El Universal) y Leo Zuckerman (Imagen Informativa).
Según información obtenida por esta columna, Corchado, periodista que ha padecido en carne propia el acoso del narco, habló sobre la amenaza contra la libertad de expresión en México por parte del crimen organizado, particularmente en la frontera; Bailey mostró el costo estadístico del combate a las mafias; Selee y Zuckerman abordaron el contexto político y la relación cívico-militar; Alvarado y un subprocurador de distrito de Nuevo México, se refirieron a la reforma policiaca; Peschard y Chabat analizaron la Iniciativa Mérida, propuesta de ayuda antinarcótico estadounidense por 500 millones de dólares. Se sugirió “vender” la controvertida iniciativa, mejor conocida como Plan México, como un compromiso de cooperación bilateral sobre seguridad, y no como mera asistencia antinarcótico. El Congreso podría someterla a votación en junio de 2008.
El Embajador Arturo Sarukhán pasó revista a la situación mexicana a un año de gobierno y aprovechó para recordar que el narcotráfico no puede vencerse, sólo contenerse.
Salvo contadas excepciones, a nivel estatal, municipal y federal, el PAN sigue gobernando en la misma estructura y con las mismas instituciones que heredó del PRI. El poder del crimen organizado para corromper no reconoce partidos. Igual compró conciencias cuando el todopoderoso era el PRI, como ahora que no lo es.
Combatir la penetración del narcotráfico en la política, el poder judicial y las corporaciones policíacas es la gran asignatura pendiente de Felipe Calderón. El Presidente y el procurador Eduardo Medina Mora no han tenido la voluntad o compromiso para hacerlo. Más bien solapan investigaciones que pudieran comprometer componendas políticas pactadas en lo oscurito con protagonistas de los otros poderes o, en el mejor de los casos, se hacen de la vista gorda.
Gracias a esa complicidad por omisión con el narcotráfico, se ha registrado un retroceso en la protección del derecho a informar. Después de Iraq, Pakistán y Somalia, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. En los últimos doce meses, según datos del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), dos reporteros han sido asesinados, tres han desaparecido y tres empleados de un diario de Oaxaca fueron acribillados a bordo de una camioneta de distribución marcada con el nombre del rotativo. Se sospecha la autoría del crimen organizado.
Calderón concluyó su primer año igual que como empezó: con 95 por ciento de los asesinatos, amenazas y desapariciones de periodistas sin resolver. Su gobierno refrendó el mensaje de su antecesor: asesinar a un periodista no tiene costo. No habrá investigación o justicia. Imperará la impunidad. Calderón le ha prestado oídos sordos a la exigencia internacional para que garantice el ejercicio del periodismo. En lugar, se jacta de que hay libertad de prensa. “Pero”, aclara Adela Navarro, editora de Zeta, “las condiciones para ejercerla no son las óptimas”.
El periodismo comprometido con la sociedad cuestiona políticas, denuncia delitos y exhibe actos de corrupción. En países carentes de garantías esto significa jugarse la vida entre narcotraficantes y autoridades corruptas. El avance de un país democrático se mide en la libertad de su prensa. México, bajo Calderón, sigue reprobado.
A PUERTA CERRADA
Con la presencia de funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Justicia y la CIA, el viernes 30 de noviembre tuvo lugar una reunión con académicos y periodistas para analizar el combate al narcotráfico en México y la cooperación bilateral. En el seminario participaron John Bailey (Universidad de Georgetown); Andrew Selee (Centro Woodrow Wilson); Armand Peschard (Peschard & Associates); Alfredo Corchado (Dallas Morning News) y los mexicanos Arturo Alvarado (Colmex), Jorge Chabat (El Universal) y Leo Zuckerman (Imagen Informativa).
Según información obtenida por esta columna, Corchado, periodista que ha padecido en carne propia el acoso del narco, habló sobre la amenaza contra la libertad de expresión en México por parte del crimen organizado, particularmente en la frontera; Bailey mostró el costo estadístico del combate a las mafias; Selee y Zuckerman abordaron el contexto político y la relación cívico-militar; Alvarado y un subprocurador de distrito de Nuevo México, se refirieron a la reforma policiaca; Peschard y Chabat analizaron la Iniciativa Mérida, propuesta de ayuda antinarcótico estadounidense por 500 millones de dólares. Se sugirió “vender” la controvertida iniciativa, mejor conocida como Plan México, como un compromiso de cooperación bilateral sobre seguridad, y no como mera asistencia antinarcótico. El Congreso podría someterla a votación en junio de 2008.
El Embajador Arturo Sarukhán pasó revista a la situación mexicana a un año de gobierno y aprovechó para recordar que el narcotráfico no puede vencerse, sólo contenerse.
posted by H2AGUA at
11:05 p.m.
