SERA PORQUE SU "GOBIERNO PATITO" INICIO ECLIPSANDOSE

Opacidad, rutina del gobierno federal

José Vilchis Guerrero

No obstante las promesas de transparencia ofrecidas por Felipe Calderón Hinojosa en su campaña por la Presidencia de la República, la simulación sigue siendo la tónica entre los integrantes de su gabinete, afirma el investigador Juan Francisco Escobedo.

El especialista en temas de transparencia y derecho al acceso a la información precisó que la opacidad sigue siendo una rutina en el gobierno federal para clasificar información que más tarde tendrá que ser abierta por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

La mayor cantidad de información resguardada en archivos, etiquetada como reservada, sólo es accesible al interesado cuando interpone un recurso y el IFAI lo resuelve positivamente. Aún así hay zonas grises, expresó.
Durante su participación en la IV Semana Nacional de la Transparencia, organizada por el IFAI, Escobedo también consideró que los fideicomisos deberían dejar de ser zonas de opacidad para permitir una mayor apertura.

Puntualizó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que es necesario establecer normas claras y explícitas en fideicomisos. Un monto muy importante y significativo se ejerce en esta figura política. Hasta ahora los fideicomisos han servido de coartada institucional para no dar información que debiera ser publica y de oficio.

En esta materia de los fideicomisos, el periodista Miguel Badillo documentó ampliamente el fraude transexenal que surgió a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari al pedirle a Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un mecanismo para captar recursos para modernizar el sistema de aduanas.

Con la ayuda de algunos hombres de negocios surgió la empresa privada Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA) y los fideicomisos -también privados- conocidos coloquialmente como Aduanas I y Aduanas II, que desde 1993 captan recursos de importadores y exportadores que no han sido ingresados en su totalidad a la Tesorería de la Federación.

ISOSA, fraude transexenal a la nación se imprimió en noviembre de 2006, por lo que en una de sus primeras afirmaciones explica Badillo Cruz que "se trata de la defraudación operada a través de la empresa ISOSA y del Fideicomiso Aduanas I, ambos entes privados que desaparecen con el fin del gobierno de Vicente Fox (2006) para ocultar así uno de los capítulos más graves de impunidad y abuso de poder orquestado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el principal responsable de vigilar el uso de los fondos públicos y que, contrario a la transparencia y fiscalización de los recursos, ha guardado silencio sobre el destino de más de 30 mil millones de pesos".

En entrevista con , Miguel Badillo duda que ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y II hayan desaparecido con el gobierno de Fox y por el contrario señala que el gobierno que preside Felipe Calderón no ha dicho la última palabra al respecto y cree, sin lugar a dudas, que no hay voluntad política para finiquitar la existencia de ISOSA y los dos fideicomisos que han dado a ganar millonarias sumas a funcionarios de los sexenios de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Fox Quesada y... quién sabe de quién más.

No a la rendición de cuentas

Pero no son sospechas. La transparencia es una moneda que no conocen en el gobierno federal; hay discrecionalidad y se niegan en los altos mandos a informar.

Tampoco son rumores porque a mediados de junio lo confirmó el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez. Reconoció que hay siete funcionarios de la administración pública que podrían ser sancionados por la SFP por negar información que fue ordenada por el IFAI. La dependencia aplicará la ley para vencer inercias y resistencias en algunos servidores para sancionar sin excepciones a quienes incumplen las resoluciones del IFAI, declaró Martínez Cázares.

Al participar en la IV Semana Nacional de la Transparencia, Germán Martínez dijo que tendrá que trabajar con el IFAI para sancionar a funcionarios que no cumplan con entrega de información. Rechazó que se tenga que modificar la ley de transparencia o que el Ejecutivo proponga reformas para ponerle "más dientes" a la SFP y al IFAI en materia de sanciones.

Las siete denuncias contra funcionarios de diversas dependencias que negaron información -y que están pendientes de ser sancionados conforme a la ley por la SFP-, no fueron identificados por el titular de la SFP, pero precisó que son dos de Petróleos Mexicanos, dos de la Procuraduría General de la República, uno del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, uno de la Secretaría de Educación Pública y uno de Nacional Financiera (El Universal, 14-VI-07).

La doctora Silvia Gómez Tagle, politóloga de El Colegio de México (Colmex), afirmó que hay una opacidad generalizada en casi todas las esferas de la administración pública, sobre todo cuando se trata del manejo de fondos públicos y puso el ejemplo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Se trata de un mecanismo surgido en las postrimerías del sexenio zedillista para solapar la ineficiencia de los banqueros y de paso para destinar sumas millonarias aprobadas por el Congreso para los potentados dueños de los bancos: la seguridad de su riqueza, por encima de la pobreza de la población en general.

"Se destinaron miles de millones de pesos para apoyar a las empresas privadas y a los bancos, pero nunca se ha informado de la administración de los recursos fiscales que se destinaron a la compra de los pasivos de estas instituciones crediticias: durante la privatización se vendieron los bancos en cantidades irrisorias y luego el gobierno los tuvo que salvar de la bancarrota con cantidades superiores", comentó.
En entrevista con , Gómez Tagle dijo que sin embargo, la opacidad también invade los terrenos de la investigación científica; las esferas académicas y entramos en los terrenos que domina Gómez Tagle y en los que ha tenido que participar al evaluar proyectos que requirieron del apoyo del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt).

Desde su experiencia personal, dijo, la opacidad afecta tanto a las instituciones académicas que realizan investigación como a los mismos proyectos de los investigadores que por fuerza tienen que ser evaluados antes de recibir el apoyo.
Sin embargo, comenta, desde los años 80 en que surgió el Conacyt se implementaron diversos mecanismos de evaluación de los proyectos de investigación, pero al final se desconocen los resultados últimos de las formas en que se apoyaron las propuestas de estudio.

"No nos queda claro a los ciudadanos cómo quedó al final la cuestión de la aplicación de los recursos a los proyectos específicos, por qué unos sí son apoyados y otros no; siempre se desconocen los criterios para aplicar los recursos; se ignoran las razones que hubo detrás de una aprobación o un rechazo a las propuestas de los investigadores".

La esperanza y la credibilidad perdidas

Recuerda Gómez Tagle que en 2005 fueron aprobados proyectos de investigación que por el resto del sexenio anterior no fueron resueltos y se frenó el flujo de los recursos, pero aun así en 2006 hubo una campaña para que se presentaran nuevos proyectos que hasta 2007 no fueron avalados.

¿Qué pasó con los recursos? ¿Adónde fueron a parar? ¿Dónde estuvieron mientras no fueron autorizados ni aplicados? Se preguntó y se volvió a preguntar. No ha habido respuestas del gobierno.

"No hay esperanzas de recuperar esos recursos, ni ha habido tampoco una explicación de las razones que tuvo el gobierno para frenar la investigación; pareciera que el tema no tiene impacto en las finanzas públicas. Pero de todos modos pone en evidencia que no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos".

La investigadora del Colmex se pronunció porque sea el Congreso de la Unión el que tome cartas en el asunto, que avance en las medidas para implantar la transparencia en la administración pública, en la materia de la asignación de los recursos y la fiscalización de los mismos, que haya una fiscalización eficiente y que no se generen organismos burocráticos que sólo van a complicar más la rendición de cuentas.
"Que se informe detalladamente de la aplicación del gasto público y que la información sea puntual y oportuna: a todos nos afecta la opacidad que prevalece en el gobierno federal".

Seguro Popular, fondo para desastres e ingenios

Otra discusión que trajo a la mesa la analista política fue el de cómo se asignan los recursos para el Seguro Popular, donde se denunció un importante desvío de los mismos por parte de los funcionarios que estaban al frente del programa de apoyo social.

Se denunció que se cancelaron servicios ya comprometidos con la gente y que los beneficiarios con credencial fueron víctimas de nuevos engaños durante la administración foxista y que los nuevos funcionarios han fallado, dijo Gómez Tagle.
Al parejo del Seguro Popular, se crearon fondos públicos para atender emergencias como el que la Secretaría de Gobernación administra para atender las emergencias provocadas por el mal tiempo, como huracanes y tormentas en el sureste mexicano, en 2005 y en 2006, y que también hubo desvíos de recursos fiscales que fueron aprobados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos.

"Situaciones de emergencia que se han vivido en zonas azotadas por los huracanes han dado mucho de qué hablar y no se diga cuando se trata de administrar recursos que vienen del exterior con carácter de ayuda internacional: simplemente no hay mecanismos para su aplicación, antes de llegar a su destino se desaparecen y se quedan en los bolsillos de servidores públicos que están asignados para administrarlos".

Miguel Badillo reportó en su columna Oficio de Papel (18-VI-07) que "antes de que se presente el concurso mercantil de los principales molinos fabricantes de azúcar refinada en el país, el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), del empresario Enrique Molina, busca que el gobierno de Felipe Calderón reconozca lo que él mismo califica como "errores" cometidos durante la administración de Vicente Fox en la expropiación de los ingenios azucareros. No se cumplieron -argumenta- los objetivos: el saneamiento del patrimonio de los ingenios mediante la intervención del gobierno federal para eficientar y optimizar su gestión, lo que permitiría que éstos cumplieran con los compromisos adquiridos con bancos y trabajadores".
Los dueños de los ingenios, comenta, "reconocen que el gobierno foxista realizó una aportación de mil millones de pesos para cubrir las contingencias laborales inmediatas, aseguran que se procedió a crear fideicomisos y vehículos jurídicos innecesarios que originaron una importante carga económica en su operación y en la privatización de la comercialización del azúcar que produjeron".

Por todo lo anterior, urgió la investigadora de El Colegio de México a que los ciudadanos y la opinión pública estén atentos a la conducta de los servidores públicos que se han negado sistemáticamente a informar sobre muchas cuestiones que son básicas como la operación de fideicomisos, cómo se aplica el gasto público, cómo se administra la justicia y, por ejemplo, finalmente no se castigó al expresidente Luis Echeverría Álvarez, acusado por los delitos cometidos durante la guerra sucia y apenas se investiga cómo fue que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, violó los derechos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

En fin, concluyó la doctora Gómez Tagle, "la rendición de cuentas es un elemento importante de la reforma del Estado para fortalecer la democracia y es necesario no esperar a que el gobierno proceda para sanear la administración pública, sino que los ciudadanos participemos activamente en la exigencia de información puntual de cómo se gasta el presupuesto y otras cuestiones que nos atañen".