DESAFIO

Rafael Loret de Mola

*Una Vieja Historia
*Juicio para el “Ex”
*Defendamos a Marta

¿Alguno de los amables lectores recuerda en donde estaba Vicente Fox el 13 de abril de 1995, hace poco más de diez años? Como me imagino que ni el propio personaje lleva una bitácora precisa de sus recorridos por el país, temo que nuestra flaca memoria colectiva no permita dilucidar el acertijo. Y no es que el columnista desafíe a la amnesia para salirse con la suya; la verdad es más simple: en un reciente viaje a la frontera encontré el hilo conductor entre una vieja historia y el presente.

En abril de 1995, un vigoroso líder, Francisco Villarreal Torres, alcalde de Ciudad Juárez, decidió llevar adelante una singular batalla contra el centralismo selectivo, muy injusto en cuanto a la distribución de los recursos públicos, e instaló una caseta de peaje en el puente fronterizo “Santa Fe”, el principal acceso desde el centro de la urbe y El Paso, Texas. Obvio es decir que la medida implicaba, desde el punto de vista de las autoridades federales, una flagrante violación a la Ley de Vías Generales de Comunicación amen de otros ilícitos, incluyendo la usurpación de funciones. Bastante más, por cierto, que el desacato a un mandato judicial considerado una infracción “no grave”.

Villarreal, empresario de cimiente –incluso fundador del Centro Empresarial-, participó dentro del Grupo Bermúdez que es considerado como el gran impulsor de la industria maquiladora del norte de México. En este, además, alternó con tres personajes que serían, andado el tiempo, alcaldes de Juárez desde distintas posiciones partidistas: el priísta Jaime Bermúdez Cuarón, principal accionista, y los panistas Gustavo Elizondo Aguilar y Francisco Barrio Terrazas, en clara demostración de que el poder patronal induce la vida política del municipio y de la entidad, Chihuahua, en su conjunto.

Cuando surgió la cruzada de Villarreal contra el centralismo se hizo manifiesto el apoyo casi unánime de todos los sectores, desde empresarios hasta amas de casa clasemedieras, con la única excepción de la dirigencia local del Partido de la Revolución Democrática que condenó el proceder del alcalde rebelde alegando su proclividad a romper las reglas sin medir las consecuencias. Suplico a los lectores reparar en este párrafo: los perredistas, sí, en defensa de su propia parcela de poder, optaron por condenar al panista Villarreal por haber bloqueado el puente fronterizo. Y el entonces gobernador Barrio, antiguo compañero de faena de Don Francisco y militante como él de Acción Nacional, apartándose de los antecedentes, enfatizó:

--“Aunque sus acciones (las de Villarreal) son bien vistas en general, rompen el marco de legalidad...

y yo debo vigilar que éste no se rompa”.

Lo decía quien, años atrás, en 1986, había procedido con similar talante, bloqueando los puentes fronterizos y promoviendo la resistencia civil –incluso los Obispos de Chihuahua unieron voces para amagar con la suspensión de cultos-, para insistir en el fraude comicial que le había privado, en su primera intentona, de llega al gobierno de su estado. Esto es, del otro lado del escritorio, el gobernante se apartaba de sus orígenes optando, en buena medida, por identificarse con la corriente exitosa entonces: la de la institucionalidad cuya legitimidad se obtiene más allá de las urnas. De allí la cercanía del propio Barrio con el “ex” Salinas, llamado usurpador por la izquierda, y con el entonces -1995- “primer mandatario”, Ernesto Zedillo, listo a cortarse el cordón umbilical que le unía a su progenitor político.

Mirador

Villarreal fue llamado “delincuente” por los voceros del gobierno federal. Quien fungía como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, con perfil de timorato, optó por negarse a recibir al alcalde en rebeldía precisamente porque la condición de éste, visto sólo como un facineroso violador de leyes, impedía que un alto ministro bajara de su nube. Y fue quien, a través de los abogados de su dependencia, presentó la denuncia de hechos para que la Procuraduría General de la República actuara.

Es menester precisar que en este caso no se dio un “juicio de procedencia” porque el privilegio del desafuero, de acuerdo a la constitución chihuahuense, no ampara a los alcaldes sino sólo al gobernador en turno, a los magistrados y jueces. La distorsión, por supuesto, plantea la vulnerabilidad de los ayuntamientos respecto a los poderes estatales y en franca contradicción con el principio de “municipio libre” sólo defendido con la habitual retórica de los demagogos.

El 10 de abril, Villarreal Torres, avisado de que una brigada especial acudía a Ciudad Juárez lista a “obsequiar” la orden de aprehensión contra el primer edil, optó por entregarse voluntariamente, acudiendo ante la jueza María Teresa Zambrano Calero. En el reclusorio expresó que, por dignidad, rechazaba la posibilidad de ampararse negándose a pagar la fianza para obtener su libertad bajo caución. Con ello, claro, exhibía a quienes, desde el centro, negaban al munícipe cualquier otra salida aun considerando las razones obvias de su proceder: el hecho de que por cada cien pesos colectados por la federación en el municipio de Juárez, la administración local sólo recibía cuatro.

En esta situación, el gobernador Barrio aceptó que Villarreal seguía siendo el alcalde, puesto que no había sido destituido, y deslizó que podría ejercer sus funciones desde la cárcel.

Polémica

¿Dónde estaba Vicente Fox? Inquieto y en plena campaña, la segunda, por la gubernatura de Guanajuato. Pese a la intensidad de su agenda, el aspirante panista optó por suspender los actos proselitistas para trasladarse a Ciudad Juárez y visitar, el 13 de abril, a su correligionario Villarreal a quien había considerado, con vehemencia, un esforzado luchador por la emancipación del municipio frente al asfixiante centralismo.

Al retirarse del penal, Fox, rodeado de reporteros, hizo una declaración que cobra excepcional oportunidad al calor de los acontecimientos recientes. Deténganse en ella los amables lectores:

--Las acciones en Ciudad Juárez por lograr un municipio libre fueron eminentemente políticas, de gobierno; por ello la respuesta NO debe ser una orden de aprehensión sino un diálogo político, una negociación rápida.

Tal dijo el postulante al gobierno guanajuatense, pausada y ruidosamente. Esto es, hace doce años, con el frenesí de la defensa partidista, lo que manifestó en sentido diametralmente opuesto a su postura oficial, cuando en ejercicio de la Presidencia mantuvo una tesis en esencia opuesta al concepto de “legalidad” con el cual explicó y justificó la supuesta vigencia del estado de derecho sobre otros conceptos torales, el de la justicia incluida.

¿Cuando actuó como un farsante?¿Hace una década o ahora? De vez en cuando hace bien desafiar a la amnesia colectiva.

Por las Alcobas

Amables lectores: les propongo defender a la señora Marta, la inolvidable.

Fue en este espacio, valga el apunte, en donde expresamos que, al llegar diciembre de 2006, nadie sufriría más los estragos del abandono del poder que la exaltada pareja presidencial. La nostalgia es ahora paliada con inversiones millonarias para edificar el “templo foxista de autoculto” en las heredades guanajuatenses de la pareja.

Marta, nuestra Marta, está siendo equiparada a otras mujeres encaramadas a las funciones públicas, como la muy conocida Cristina Fernández de Kirchner, primera dama de Argentina y senadora, ahora candidata presidencial con todos los parabienes del establishment, rebosantes de ambiciones continuistas en sus respectivos escenarios.

¡Defendámosla, mexicanos! Será la mejor manera de demostrar, todos unidos, que podemos remontar el mito de la misoginia a diferencia de otros pueblos y otros foros, El Vaticano incluido, en donde se menosprecian los alcances y derechos de las damas beneficiadas por el estatus reflejo. Dejemos que llegue al 2006 y entonces sólo la historia podrá determinar el juicio definitivo. Pero, ahora, su altruismo es indispensable. ¡Qué no nos priven del privilegio de atestiguar sus esponsales religiosos y políticos! Es nuestro derecho.