A 8 MESES DE QUE SE LARGO, EL PROzac SIGUE DANDO LA NOTA

Con la creación de la Femospp, cavó su propia tumba

* Fox y su posible juicio

Javier Ramírez

El ex presidente abrió la puerta para también ser procesado por diversos delitos, entre ellos obstruir la justicia en el caso de la guerra sucia, como ocurre con el ex mandatario Echeverría, a quien se le acusa de genocidio por la matanza de estudiantes en 1968

El ex presidente Vicente Fox Quesada abrió la puerta para también ser enjuiciado por diversos delitos, entre ellos obstruir la justicia en el caso de la guerra sucia, como ocurre actualmente con el ex mandatario Luis Echeverría, a quien se le responsabiliza de genocidio por la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968.

A Fox Quesada se le podrían iniciar algunos juicios después de las próximas elecciones federales intermedias, cuando se prevé que el actual presidente Felipe Calderón rompa definitivamente con su predecesor, revelan fuentes a este semanario.

La intención de Fox de cerrar las indagatorias de los hechos del pasado junto con la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se debe a la alianza pública entre las fuerzas de Echeverría y Fox, concretadas en el papel que juegan los hermanos Vázquez Raña, quienes empezaron con un distanciamiento “muy grande y muy beligerante y terminaron como socios de negocios de la familia Fox, en particular de los hermanos Bribiesca”.

Fuentes de la ex Femospp aseguran que “hasta la desaparición de la fiscalía se encontraban en proceso de integración 556 averiguaciones previas: 106 iniciadas en 2002, 317 en 2003, 79 en 2004 y 54 en el primer semestre de 2005.

“En cuatro averiguaciones se ejercitó acción penal ante la autoridad judicial federal. Del total de éstas, más del 85 por ciento quedaron sin resolver, de las cuales la mayor parte corresponde a los más de 500 casos denunciados en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y corresponden a hechos relacionados con la llamada guerra sucia, ocurrida en los años 60, 70 y 80”.

En relación con el caso de Luis Echeverría, dicen las fuentes consultadas de la de saparecida fiscalía, “por el momento el juicio se encuentra en periodo de instrucción, lo que significa que tanto el Ministerio Público Federal como los abogados defensores pueden presentar todas las pruebas que tengan a su alcance, y la estrategia de la defensa ha sido no ofrecer pruebas de descargo, sino enfocar los esfuerzos en elaborar una demanda de amparo indirecto que será presentada ante un tribunal unitario, y buscará desacreditar el auto de formal prisión que libró el magistrado Paredes Calderón”.

Las fuentes reportan que “el personal que tenía a su cargo las investigaciones ministeriales (cuatro funcionarios) fue reubicado en la Coordinación General de Investigación, para que continuara supuestamente con el desarrollo de las averiguaciones que eran competencia de la extinta Femospp. Sin embargo, les fue exigida su renuncia con fecha 15 de febrero de 2007.

“Las especulaciones han girado en torno a que los asuntos como el caso de Echeverría se perderán con el paso del tiempo, ya que no habrá personal especializado y profesional que continúe con las pesquisas”.

En entrevista con este semanario, Raúl Álvarez Garín, del Comité del 68, declara que el ex presidente Vicente Fox abrió la puerta para también ser enjuiciado, como le ocurre a Echeverría Álvarez por los sucesos del 68 y de los 70.

“Hemos presentado denuncias de hechos en la Procuraduría diciendo que el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca actuó ilegalmente al cerrar la fiscalía (Femospp), y actuó ilegalmente al no responder nuestras demandas de que la AFI (Agencia Federal de Investigación) cumplimentara las órdenes de aprehensión; ellos están en una situación en la que todo debe de investigarse, a qué se deben todas estas dilaciones y complicidades o de otro orden”, añade Álvarez García.

Responsabiliza a la Procuraduría General de la! República de la administración panista anterior del cierre de la fiscalía y dejar de consignar 50 averiguaciones previas, prácticamente secuestradas por la PGR, a los juzgados federales, porque las autoridades argumentaban que querían conocer el sentido de las mismas, “y después de manera cada vez más abierta y más burda obstruyeron que se presentaran las acusaciones en la administración de Fox”.

Añade que los representantes sociales federales de las denuncias, en caso de no enviarlas al juez, incurrirán en responsabilidad penal.

Denuncia que en el caso de la guerra sucia “hay prófugos, porque órdenes de aprehensión no se han ejercido por complicidad de la AFI y de algunos de sus mandos, que están en situación de conflicto de intereses o que tienen relación de parentesco con algunos de los consignados”.

En relación con las víctimas y presuntos responsables conocidos o desconocidos de aquellos años, recuerda que “acaban de exonerar al general Acosta Chaparro, acusado de haber lanzado al mar a más de 120 campesinos en Guerrero, y un caso de éstos de una atrocidad tremenda que se maneja de una forma muy oscura”.

Para poder avanzar en estos asuntos, añade, se requiere de una investigación y deslindes de responsabilidades por las líneas de mando, de arriba hacia abajo, para que se puedan reconocer, pero esto es exactamente lo que están obstruyendo.

Afirma que “los casos del 2 de octubre y del 10 de junio (de 1971) están abiertos en el sentido de que se procedió a una forma que le llaman como un primer paquete, y quedan pendientes una serie de averiguaciones por desarrollarse posteriormente”.

FOX Y SUS ALIANZAS CON ECHEVERRÍA

Detalla Álvarez Garin que “uno de los elementos políticos muy importantes es la alianza pública entre las fuerzas de Echeverría y las de Fox, concretadas en el papel que juegan los hermanos Vázquez Raña, quienes empezaron con un distanciamiento muy grande y muy beligerante y terminaron como socios de negocios de la familia Fox, en particular de los hermanos Bribiesca”.

En este momento del no juicio a Echeverría funciona como un elemento de garantía de impunidad, pero cuando se abra toda la verdad se aclarará con mucha facilidad quiénes son los principales responsables de los hechos, asevera Álvarez Garín, quien añade que los abogados del ex Presidente han promovido un amparo para obtener una exoneración sin recurrir a juicios, “en donde nosotros presentaríamos y ratificaríamos las denuncias y las pruebas”.

Califica de maniobras vulgares las artimañas a las que ha recurrido la defensa de Echeverría para evitar el castigo, “como tratar de impedir la ficha signaléctica y que el certificado médico! lo haga su doctor de cabecera, y el juez les permite semejante chanchullo”.

Asegura que los “juicios siguen y que no hay manera de que se modifique esa situación para que Echeverría salga de la formal prisión en la que se encuentra, y resolver una serie de cuestiones judiciales y jurídicas, ya que eso tiene vigilancia nacional e internacional muy severa, y si no se resuelven en México, se solucionarán con la justicia internacional”.

El entrevistado admite que “en las últimas semanas del Gobierno de Fox se presentó una serie de medidas administrativas, con implicaciones en los juicios que efectivamente estaban encaminadas a darle un carpetazo a todos los casos de revisión del pasado autoritario, que tenía que ser examinado y juzgado judicialmente”.

Asegura que se han exhibido todas las maniobras administrativas, y no dejar suelto ninguno de los cabos de esa madeja para obligarlos a que tengan q! ue resolver lo que judicialmente está planteado en los ! primeros meses del sexenio actual.

DESMANTELAN LA FEMOSPP

El desmantelamiento burocrático de la Fiscalía Especial y otros elementos de denegación de justicia dados han sido señalados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para documentar el caso en la Corte, o para que el Estado mexicano responda consecuentemente a sus compromisos internacionales sin obstruir el desarrollo de los juicios penales, lo cual ha estado ocurriendo en los últimos cinco meses.

Sin embargo, añade Álvarez Garín, “ahora se abre el campo también con la presencia en México de una delegación de la Comisión Interamericana para mediados de agosto, de manera que el Estado mexicano seguramente tomará medidas para responder a los cuestionamientos hechos en primera vista, y la segunda certificará que se están tomando medidas eficaces en el desarrollo de los juicios” .

Asegura que “de parte nuestra ya van dos quejas y una denuncia de hechos, pero también otros grupos de víctimas de los hechos del pasado; una tiene que ver con el juicio de Echeverría”.

Recuerda que al cambio del partido gobernante a finales de 2001 y principios de 2002 se empezaron a tomar una serie de medidas por el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“La CNDH, en noviembre de 2001, reconoció que se cometieron crímenes de Estado por un cúmulo de denuncias de casos de desaparecidos. Dos o tres meses después, la Suprema Corte resolvió un amparo a favor nuestro reclamando que se iniciaron averiguaciones respecto a los crímenes del 2 de octubre, y con la creación de la fiscalía para atender esos problemas, hubo una serie de actividades muy importantes en ese sentido inicial de las averiguaciones y de fincar responsabilidades”.

Agrega que “se present! aron acusaciones por los crímenes del 10 de junio, por los ases inatos del 2 de octubre y por las desapariciones de algunos compañeros con casos muy relevantes conocidos como Jesús Piedra Ibarra, Ignacio Salas Obregón y otros; estos trabajos no están totalmente concluidos”.

DESPIDOS MASIVOS EN LA PGR

La mayoría de los 138 (42 mandos medios y superiores; 36 administrativos de apoyo, y 60 agentes del Ministerio Público Federal) empleados de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado fueron despedidos por las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con un reporte de la desaparecida Femospp, 30 agentes del Ministerio Público Federal fueron echados a la calle desde el 31 de diciembre del año pasado.

Las fuentes de la Femospp señalan que “de un total de 50 investigadores, 30 tuvieron que dejar su empleo, debido a que la PGR se negó a pagarles sus contratos y optaron por demandar a la institución ante las autoridades laborales; en tanto que un grupo de 20 investigadores se encuentra indeciso si demanda o no”.

Antes de ser despedidos, las autoridades de la PGR requirieron al personal para “ejercer presión psicológica, argumentando que ya se extinguió la materia de trabajo y que el personal no será reubicado, y nos ofrecieron que nos tomemos nuestras vacaciones, previa firma de la renuncia, y que tienen en sus planes iniciar procedimientos administrativos”.