EL HARTAZGO MEXICANO EN MATERIA ELECTORAL
Ruben Lara León
Las elecciones llevadas a cabo en Baja California, Aguascalientes y Oaxaca el pasado domingo, alertan nuevamente respecto de la suma imparable de irregularidades y el hartazgo ciudadano derivado de ellas, presagio a su vez de la fragilidad de la paz social que en cualquier momento puede verse afectada.
Ya habrá tiempo para analizar los resultados oficiales, cuya lectura ofrece una veta muy rica en razón del talante e historia pública de alguno de los contendientes y de los relevos, algunos inesperados, en las siglas políticas ganadoras. Sin embargo, hoy debe atenderse el clamor creciente ante tanta irregularidad.
En efecto, son varios los indicadores: en primer lugar, en Baja California, lo incontrolable del gasto de campaña, cuyo monto real nadie conoce, y la pérdida total de límites en los ataques y señalamientos públicos que efectuaron todos los candidatos sin excepción, buscando exacerbar los ánimos ciudadanos, sin inmutarse por el posible desbordamiento de la violencia tan cuidadosamente cultivada.
Por otra parte, la opacidad de los organismos electorales, cuya actuación es francamente preocupante en los tres casos; así, el Instituto Electoral Bajacaliforniano, además de ser continuamente señalado como parcial, con mucha anticipación se manifestó incompetente y sin los medios para fiscalizar el torrente de dinero utilizado, abriendo así la puerta de la impunidad para multiplicar el monto de recursos empleados, sabiendo que no serán revisados, y de cuyo origen mejor ni hablamos.
En Aguascalientes el Tribunal local revocó un acuerdo del Consejo electoral que nadie había impugnado y ya era definitivo, entre una extensa lista de rarezas que en nada contribuyeron a la certeza del proceso.
En Oaxaca, la autoridad electoral fue mudo testigo de la falta de instalación de más de veinte casillas, así como de las intromisiones del gobierno a cargo de Ulises Ruiz, para quien los resultados del proceso pueden ser una tabla de flotación, con un nuevo Congreso a modo que le viene en el momento exacto para cubrir tantos excesos cometidos.
Sin embargo, el saldo negativo mayor de los comicios citados es el enorme abstencionismo ciudadano en el que se desarrollaron; Oaxaca se lleva las palmas con un probable récord nacional de no participación del 70%. No es mejor el escenario en Baja California en donde el desprecio ciudadano a las urnas se acerca al 60% o en Aguascalientes que representa el 50%.
¿Qué legitimidad tendrán los gobernantes y legisladores surgidos de estos procesos
¿Cómo remontarán la desconfianza de tantos ciudadanos que con su ausencia manifestaron a todos su rechazo
Ello obliga a recalcular el gasto electoral, porque la escasa presencia en las casillas eleva el costo unitario de los sufragios hasta niveles astronómicos.
Deben destacarse también las indeseables intromisiones de grupos de interés como el de Elba Esther Gordillo y el inefable Kawaghi o los dinosaurios sobrevivientes del otrora partidazo. Las señales son demasiadas y cada vez más severas; el diseño de la norma electoral ya es insuficiente, urge su revisión y actualización de fondo, pues los procesos locales perfilan el contexto de la próxima contienda federal.
Lo malo es que quienes encabezan la reforma son los mismos que pervirtieron la operación del marco legal hoy rebasado. Difícilmente resultará algo bueno.