PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa


¿Terrorismo o ineptitudes?

La noche del viernes 22 de junio un rayo cayó sobre el tanque TV 112 en la refinería de Pemex en Cadereyta, y el incendio causado por ese “problema meteorológico fuera de control” según explicó la empresa en un comunicado oficial, se propagó al tanque vecino, TV 111, ambos llenos de gasolina lista para su distribución. Una semana después, a la una de la mañana del 5 de julio, casi simultáneamente se produjeron en dos ductos cuatro siniestros, en sendos municipios del estado de Guanajuato, en dos de los cuales fue preciso desplazar a miles de pobladores. Se presumió que al ordeñar un ducto de gasolina se provocó una pérdida de presión que causó un incendio. Pero no se precisó qué había ocurrido con que el que conducía gas, cuyo suministro fue debido interrumpido. Anteayer nueve de julio, también a la una de la mañana, se detectó otra “pérdida de presión inusual” en un gasoducto, a la altura del municipio de Corregidora, Qro., ocasionada por una explosión e incendio que afectó tres ductos.

Apenas horas después de este último suceso el Ejército Popular Revolucionario, un grupo guerrillero que de tanto en tanto, desde hace once años, realiza acciones militares, se atribuyó haber causado esos siniestros que, sin duda tienen características comunes: se atribuyó a una sola causa efectos múltiples, ocurrieron en la noche o la madrugada y no produjeron daños personales. El EPR llamó “acciones quirúrgicas de hostigamiento” a la colocación de “8 cargas explosivas en los ductos de Pemex”, pero no explica cómo actuó en el caso de Cadereyta, si bien con sarcasmo niega que un rayo hubiera causado el incendio de dos tanques en aquella refinería.

Informó el EPR que “ha sido puesta en marcha una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y este gobierno ilegítimo”, y que tales “acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca”.

El dos de junio el EPR había demandado ya la presentación de esas dos personas, detenidas de manera fortuita por la Policía estatal. El seis de junio la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos presentó a la Organización Mundial contra la Tortura una denuncia sobre esa desaparición, e identificó a los presuntamente detenidos como “militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, brazo político del Ejército Popular Revolucionario”. Muy tardíamente, un mes después, el procurador oaxaqueño Evencio Nicolás Martínez Ramírez negó que miembros de la Policía ministerial hubieran detenido a esas personas, que no se encuentran por lo tanto en los separos de esa corporación. Negó también que se hayan solicitado órdenes de aprehensión o de presentación contra ellos.

Nadine Reyes Maldonado, hija de uno de los desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya, ha explicado que su padre, comerciante, atiende una tienda de abarrotes en la Ciudad de México y periódicamente viaja a Oaxaca, de donde es oriundo, a visitar a su madre. Salió de su domicilio el 23 de mayo pero no llegó a su destino. Su familia no supo nada de él hasta que el 4 de junio su hija se enteró de que había desaparecido y de que el PDPR “lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mí, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que ese grupo lo reivindicaba...lo cual nos llenó de miedo”.

Fundado el primero de mayo de 1996, pero aparecido en público el 28 de junio siguiente, el EPR surgió de la fusión de dos grupos guerrilleros actuantes en los años setenta en Oaxaca y Guerrero: el Partido Revolucionario Obrero Campesino-Unión del Pueblo (Procup) y el Partido de los Pobres, organizado un cuarto de siglo atrás por Lucio Cabañas. Ha practicado diversas acciones armadas en varios estados, además de los dos de su origen: Puebla, México, Chiapas, Tabasco y Michoacán, pero nunca se había manifestado donde ahora dice que actuó: Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Su comunicado contiene elementos que dan verosimilitud a su reivindicación y otros que se la restan. Ciertamente hay una denuncia pública, no formalizada ante el Ministerio Público, de la desaparición de dos personas, cuya libertad o presentación se busca a través de estos medios violentos. También es objetivo el hecho de que ocurrieron afectaciones a bienes de Petróleos Mexicanos, de índole semejante y rasgos comunes (nocturnidad, efectos múltiples) en el breve lapso de dos semanas o poco más. Pero su información sobre los hechos en Guanajuto y Querétaro no difiere de la publicada en cada caso, y es notorio que omita puntualizar su actuación en Cadereyta.

De cualquier modo, el EPR ha colocado a la PGR en un predicamento. Si en efecto cometió los atentados y la indagación ministerial no se había percatado de ellos, la Procuraduría habría mostrado una temible ineptitud pues por su negligencia no estaría en situación de proteger los intereses generales y los de Pemex. Si estaba al tanto de la causa verdadera y prefirió ocultarla, tendrá que explicar por qué lo hizo, pues la prevención de nuevos episodios como los ocurridos sólo es posible si se conoce que un peligro se cierne sobre la sociedad. En cualquiera de las dos situaciones, y aun si se niega veracidad al EPR, más valdrá encender las luces de alerta y reforzar los mecanismos de seguridad.