EL SEXENIO DE FOX SE CARACTERIZO POR TANTA CORRUPCION
* González de Aragón negó irregularidades y dio la pauta para desestimar la demanda
ENRIQUE MENDEZ
Desde el 29 de noviembre de 2006, un día antes de terminar la presidencia de Vicente Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) "autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal" en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, en contra de quienes la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a la empresa Construcciones Prácticas presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias, fraude y delitos cometidos por servidores públicos.
La denuncia fue presentada el 6 de abril de 2006 por la segunda comisión investigadora, y se basaba fundamentalmente en la compra de cartera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), garantizada con un cheque de su cuenta personal que por un millón 300 mil pesos depositó Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, aun cuando la adjudicación se hizo a Construcciones Prácticas. Se trataba de activos que, en 1994, tenían un valor en libros de mil 250 millones de pesos, y los hijos de Marta Sahagún sólo pagaron 8.2 millones.
En la querella se incluyó al director del IPAB, Mario Beauregard, y al socio de los Bribiesca, Miguel Khoury Siman. La comisión hizo público ayer un oficio en el que la PGR confirma que un día antes de que Fox dejara el poder se "autorizó" no someter a proceso a los Bribiesca.
La primera comisión especial que dio seguimiento a las transacciones de los hijos de Marta Sahagún se integró en junio de 2005, a instancias del PRI, y fue encabezada por la actual presidenta del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Micher Camarena; la segunda se aprobó en febrero de 2006 y la presidió Jesús González Schmal; la tercera se aprobó el 25 de abril pasado y la conduce el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia.
Ayer, Cárdenas afirmó que la PGR sólo aceptó que el Ministerio Público tomó tal decisión en vísperas de la toma de protesta de Felipe Calderón cuando se le solicitó por escrito conocer la situación que guardaba la averiguación previa 59/UEIDCSTCAJ/2006, por lo que consideró que la actual administración "solapa" a los hijos de Marta Sahagún.
Por su parte, González Schmal aseguró que para ocultar el desechamiento de la demanda la PGR pudo simular la notificación y, en ese caso, debería reponerse el trámite para estar en condiciones de presentar un amparo. Aun si esto no es posible, dijo, la actual comisión puede retomar la denuncia con los mismos elementos de prueba. "Así que no canten victoria Vicente Fox y sus cómplices", dijo.
Al referirse a la fecha en que la PGR negó ejercer acción penal contra los hijastros de Fox, resaltó que puede deducirse la intervención del ex presidente, de Marta Sahagún y el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca "para blindarlos contra una investigación en el nuevo sexenio".
En conferencia de prensa, el ex presidente de la comisión especial informó que también se presentará una denuncia penal contra el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, porque ante la PGR negó irregularidades en la compra de cartera del IPAB por parte de los hermanos Bribiesca, cuando sí las había reconocido ante la Cámara.
Esa denuncia será independiente de la que González Schmal ya presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados "por encubrir un probable delito en una averiguación previa".
Explicó que González de Aragón dio la pauta para que la PGR desestimara la denuncia que se presentó contra los hermanos Bribiesca Sahagún en la compra de cartera del IPAB.
Refirió cuando la comisión especial descubrió que Jorge Alberto Bribiesca había entregado un cheque por un millón 300 mil pesos como "depósito en garantía" para la compra de los predios El Calvario y El Chilar, ubicados en una extensión de 100 mil metros cuadrados en Celaya, Guanajuato, aun cuando supuestamente no era socio de Construcciones Prácticas.
El cheque fue expedido antes de que el IPAB adjudicara el predio a Construcciones Prácticas, y por ello se manejó la hipótesis del tráfico de influencias, pues se consideró que al conocer el nombre de quien emitía el documento el IPAB autorizó la entrega de los bienes a los hijastros de Fox.
González Schmal aseguró que después del peritaje hecho a la copia del cheque -la que se encontraba en poder de la ASF había sido alterada para ocultar el nombre del emisor-, González de Aragón reconoció que se trataba de una operación sin consistencia jurídica y que, al actuar como un tercero en la subasta, el depósito del hijo de Marta Sahagún era una irregularidad evidente.
Después de ello, se le requirió a la ASF emitir un dictamen por medio de la PGR, que a su vez emitió un requerimiento a González de Aragón para que expresara su opinión sobre la operación. No obstante, el funcionario negó la irregularidad y aseguró que no tenía observaciones sobre la subasta.
Por su parte, Elías Cárdenas afirmó que analizarán presentar una denuncia penal contra funcionarios de la PGR por obstrucción de la justicia, pues apenas en abril pasado el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, les aseguró que la averiguación previa seguía en curso.