EL PRIAN ALIADOS DE LA LEY TELEVISA

“Ni una sola coma”, la orden de Televisa

jenaro villamil

México, D.F., 8 de mayo (apro).- No le cambien “ni una sola coma”, fue la orden explícita, clara y contundente que el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, le puso como condición a Josefina Vázquez Mota, entonces coordinadora de la campaña de Felipe Calderón, el 22 de marzo de 2006, una semana antes de que se aprobara la polémica ley que lleva el nombre de la principal empresa que la impulsó.

Gracias a esa orden, el bloque de senadores del PAN –que mayoritariamente apoyaban a su correligionario Javier Corral, firme opositor a la ley-- se fracturó. El “jefe” Diego Fernández de Cevallos, junto con Emilio Gamboa Patrón, Enrique Jackson, Héctor Larios y Héctor Osuna, presionaron en sus respectivas bancadas para lograr la mágica cifra de 81 votos a favor de una iniciativa a la que no le cambiaron “ni una sola coma”.

La misma orden le llegó a los legisladores del PRI. La negociación inicial de la ley, en octubre de 2005, fue precisamente con Carlos Flores Rico, entonces encargado de comunicación de la campaña de Roberto Madrazo, candidato presidencial del PRI. Gracias a esa negociación, la Ley Televisa pasó sigilosamente en la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2005, en plena etapa de las negociaciones de los famosos “paquetes publicitarios” de los candidatos presidenciales para las elecciones del año próximo. El resultado de esa negociación fue la iniciativa que presentó el diputado Miguel Lucero Palma, quien sólo prestó su nombre para que pasara sin problemas una iniciativa que, en términos estrictos, constituye una contrarreforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Las presiones hacia el PRD no fueron tan visibles, pero fue un hecho que el entonces coordinador de la fracción de ese partido en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez avaló y defendió al principio la Ley Televisa argumentando que acababa con la “discrecionalidad” en el otorgamiento de concesiones. Dos semanas después, el PRD, ante la presión de la opinión pública, se retractó, y sólo una semana antes de que la iniciativa se aprobara en el Senado, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sugirió que se pospusiera la votación hasta después de los comicios del 2 de julio. Los 15 senadores del PRD, coordinados entonces por Jesús Ortega, votaron en contra de la ley. Fue la única fracción que no dividió su voto. Y así les fue.

Un año después, esta pequeña síntesis de la orden principal y de las presiones recibidas por los legisladores para aprobar una ley que concentra aún más el poder de las televisoras y va en contra de la necesidad de democratizar los medios electrónicos y las telecomunicaciones, es necesario recordarla por dos razones principales:

1.- En primer lugar, el proyecto de resolución del ministro Sergio Aguirre Anguiano revela que los principales senadores que se opusieron a la ley tenían razón al argumentar que esa contrarreforma haría prevalecer el imperio del dinero y la mercantilización por encima de las necesidades de derecho a la información, de pluralidad y calidad de los contenidos televisivos y de la necesidad de que el espectro radioeléctrico –un bien público de la nación-- no sea considerado patrimonio de quienes han embrutecido a la población, con contenidos de pésima calidad y han hecho un jugoso negocio con la pantalla.

El proyecto de resolución cita en sus partes medulares a quienes, durante la histórica sesión del 30 de marzo de 2006, se opusieron a la ley, y rompieron con la orden de que no se le cambiara “una sola coma”. Entre ellos, están el propio Javier Corral; el exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett; la exgobernadora yucateca y exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, y el excandidato a gobernador de Tabasco, César Raúl Ojeda.

No se necesita ser un experto ni perderse en la terminología técnica para entender que México vive una enorme concentración de poder mediático y que los contenidos de la televisión comercial no sólo están afectando los niveles de educación en el país, sino que han hecho un jugoso negocio con las contiendas electorales, sin que exista autoridad reguladora que los controle, que abra el sector a la competencia y que permita a las opciones alternativas –la radio independiente, la radio comunitaria y la televisión pública-- tener las mismas oportunidades para dar servicios alternativos.

Ese es el meollo del problema. Esta es la discusión que vuelve a abrirse con la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia.

2.- La segunda razón fundamental es el debate paralelo que se ha abierto, a raíz del reconocimiento explícito de Santiago Creel, de que la Ley Televisa fue el resultado de una imposición y no de una negociación. La imposición, ha subrayado, fue clara: se hizo a partir de la adicción que tienen los partidos y los candidatos a la pantalla televisiva para poder competir electoralmente.

Evidentemente, al exsecretario de Gobernación foxista y exprecandidato presidencial se le pueden criticar muchas cosas. Entre ellas, el hecho de que, durante sus cinco años al frente de Bucareli, no hizo nada para frenar el inmenso poder mediático, económico y político que adquirieron Televisa y TV Azteca. Sin embargo, su declaración tiene el mérito de que rectifica y pone contra la pared a quienes, durante todo este debate intenso, negaron una y otra vez que la Ley Televisa fuera resultado de una orden del consorcio dirigido por Emilio Azcárraga Jean.

Por eso resulta patético ver ahora a Emilio Gamboa Patrón –el famoso legislador de la conversación con Kamel Nacif-- decir que él nunca recibió presión alguna. ¡Por supuesto! El fue, entre otros, el responsable de la llamada “Operación Torniquete” que se aplicó durante los días previos a la aprobación de la ley en el Senado para convencer a los senadores críticos del PRI y del PAN.

Esa “Operación Torniquete” fue revelada por el periódico El Universal que ahora, sorpresivamente, ha abandonado su línea crítica hacia una ley que durante todo este periodo crítico. ¿Será que su sociedad con TV Azteca en el canal Proyecto 40 es más importante que la congruencia de su línea editorial?

Otros que participaron en la operación de presión están ahora al frente de las coordinaciones y de las cámaras: Héctor Larios pasó de ser el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, a la Cámara de Diputados. Jorge Zermeño Infante, uno de los más aguerridos contra los críticos panistas a la Ley Televisa, preside ahora la Cámara de Diputados y aparece en las portadas de la revista Caras –propiedad de Televisa-- para promover su figura y su matrimonio con miras a la gubernatura en Coahuila. El actual presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, no puede excusarse. Fue expresidente de la Cámara de Diputados y votó a favor de la Ley Televisa.

La historia tiene sus puntos de quiebre. Hoy vuelve a revivir ese debate, gracias a un proyecto de resolución que considera anticonstitucionales elementos centrales de aquella ley. Lo importante no es lavarse la cara o tratar de engañar a todos los mexicanos diciendo que no recibieron ninguna presión. Lo sustancial es democratizar los medios electrónicos y mejorar sus contenidos. Lo necesario es que la convergencia tecnológica en telecomunicaciones no puede convertirse en otro gran fraude a la nación para favorecer a monopolios.