PLAZA PUBLICA
Diario Libertad: Miguel Ángel Granados Chapa
Generales fuera de lugar
En una misma semana, dos generales del Ejército Mexicano hicieron actos de presencia pública de modos ajenos a su rango y función, en desplazamientos que muestran riesgosas salidas de miembros de las fuerzas armadas de los ámbitos que las leyes les fijan. Se trata del general de brigada médico cirujano Rodolfo Carrillo Luna, director general de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del general retirado Jorge Justiniano González Betancourt, diputado panista, presidente de la Comisión de Defensa de su Cámara.
El primero acudió uniformado a un acto de naturaleza religiosa aunque tuviera la apariencia de una reunión civil y aun científica. Era el Tercer Congreso Internacional Pro Vida, organizado por el comité de igual nombre encabezado por Jorge Serrano Limón. La figura principal en el congreso fue el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, del Vaticano, es decir un cercano colaborador del papa Benedicto XVI.
En la inauguración, el sábado 24 apareció un pelotón militar escoltando a la bandera para rendirle honores. La presencia castrense fue minimizada por Serrano Limón, quien explicó que solicitaron ese servicio y simplemente les fue autorizado, como se haría con toda agrupación que lo pidiera. Con todo y ser llamativa, no era la escolta la que importaba, aunque su presencia es insólita. La relevante es la de superiores suyos, entre ellos el general director de Sanidad Militar.
Como ciudadano el general Carrillo Luna tiene plenos derechos a acudir a cuanta reunión le plazca y, si fuera el caso, a practicar la religión que lo persuada. Más todavía, en su carácter de médico cirujano sería entendible que se interesara en una reunión donde el tema principal era el aborto, un fenómeno que tiene características de interés para un profesional de la medicina. Pero de haber actuado al margen de su condición castrense, Carrillo Luna hubiera debido asistir vestido de civil, para explayarse como tal en el Congreso. Pero al acudir uniformado, junto con compañeros y subalternos igualmente vestidos reglamentariamente, su presencia se convirtió en un mensaje de cercanía y aun solidaridad con los pareceres del Congreso. La consecuencia, que no es reducción al absurdo, es que habría ocurrido un acto de identificación entre el Ejército y la Iglesia Católica (organizadora del evento) que nos remitiría al siglo XIX, a la etapa previa a la consolidación del Estado nacional laico y soberano.
El miércoles siguiente el general González Betancourt se mostró, como si tal cosa, poseedor de información privilegiada surgida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sólo al día siguiente le daría status público. Se trata de un informe provisional, preparado ya en la “etapa final” de la tramitación de la queja que de oficio inició la CNDH respecto de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, que se presumió resultado de una agresión perpetrada por militares hasta que la oficina del ombudsman nacional, sin haber concluido su participación en el caso y sin tener responsabilidades de Ministerio Público prácticamente exoneró a los eventuales responsables del ataque, al dictaminar que la víctima falleció de muerte natural. No llegó —todavía— al extremo de declarar, como lo hizo el presidente Felipe Calderón que la causa fue una gastritis crónica no atendida, pero se situó en los linderos de una afirmación tan absurda como aquella.
El diputado González Betancourt citó, y blandió el reporte de la CNDH que sería difundido sin razón formal aparente el 28 de marzo. En una expresión tomada de ese informe, que a la hora de ser mencionado por el legislador no era conocido, dijo que la señora Ascensio Rosario —una mujer de habla nahua, de 73 años que en su agonía pudo decir a su hija que soldados la habían atacado— falleció por una “anemia aguda secundaria”.
Entrevistado el miércoles, González Betancourt descalificó, como lo hace la CNDH en su comunicado, a la Procuraduría estatal de Veracruz que, “falló erróneamente en su investigación”. Si no tomamos esa expresión como pleonástica sino como enfática se trataría de una grave desestimación del trabajo del Ministerio Público de esa entidad. Y no se limitó a ese caso. Dijo que son “mentiras...noticias falsas” las que atribuyen a miembros del Ejército agresiones sexuales a otras víctimas en los últimos años. Son mentiras, insistió y precisó: “ninguna mujer se ha presentado a decir que fue violada por un soldado”.
Un alegato de ese alcance escapa a las responsabilidades del Presidente de la Comisión de Defensa. Y con mayor razón es así cuando se basa en un documento al que no necesariamente debía tener acceso (por lo que será interesante saber si la CNDH se lo entregó o él se hizo de su propio ejemplar por otros medios).
González Betancourt es un “ameritado militar” como rezaban las crónicas de antaño. Nacido el 4 de octubre de 1936 hizo sus estudios en el servicio de intendencia y se graduó de licenciado y maestro en administración militar. Ejerció relevantes cargos de mando, como comandante de zona, de un cuerpo de Guardias Presidenciales y del Agrupamiento Betancourt durante el “conflicto chiapaneco” de 1994 a 1995. Fue subdirector del Colegio Militar y vicerector de la Universidad del Ejército y Fuerza aérea. Presidió el 21º. Consejo de Guerra Ordinario, escribió libros sobre historia militar y estuvo responsabilizado en la Sedena de atender las quejas y recomendaciones de la CNDH.
En una misma semana, dos generales del Ejército Mexicano hicieron actos de presencia pública de modos ajenos a su rango y función, en desplazamientos que muestran riesgosas salidas de miembros de las fuerzas armadas de los ámbitos que las leyes les fijan. Se trata del general de brigada médico cirujano Rodolfo Carrillo Luna, director general de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del general retirado Jorge Justiniano González Betancourt, diputado panista, presidente de la Comisión de Defensa de su Cámara.
El primero acudió uniformado a un acto de naturaleza religiosa aunque tuviera la apariencia de una reunión civil y aun científica. Era el Tercer Congreso Internacional Pro Vida, organizado por el comité de igual nombre encabezado por Jorge Serrano Limón. La figura principal en el congreso fue el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, del Vaticano, es decir un cercano colaborador del papa Benedicto XVI.
En la inauguración, el sábado 24 apareció un pelotón militar escoltando a la bandera para rendirle honores. La presencia castrense fue minimizada por Serrano Limón, quien explicó que solicitaron ese servicio y simplemente les fue autorizado, como se haría con toda agrupación que lo pidiera. Con todo y ser llamativa, no era la escolta la que importaba, aunque su presencia es insólita. La relevante es la de superiores suyos, entre ellos el general director de Sanidad Militar.
Como ciudadano el general Carrillo Luna tiene plenos derechos a acudir a cuanta reunión le plazca y, si fuera el caso, a practicar la religión que lo persuada. Más todavía, en su carácter de médico cirujano sería entendible que se interesara en una reunión donde el tema principal era el aborto, un fenómeno que tiene características de interés para un profesional de la medicina. Pero de haber actuado al margen de su condición castrense, Carrillo Luna hubiera debido asistir vestido de civil, para explayarse como tal en el Congreso. Pero al acudir uniformado, junto con compañeros y subalternos igualmente vestidos reglamentariamente, su presencia se convirtió en un mensaje de cercanía y aun solidaridad con los pareceres del Congreso. La consecuencia, que no es reducción al absurdo, es que habría ocurrido un acto de identificación entre el Ejército y la Iglesia Católica (organizadora del evento) que nos remitiría al siglo XIX, a la etapa previa a la consolidación del Estado nacional laico y soberano.
El miércoles siguiente el general González Betancourt se mostró, como si tal cosa, poseedor de información privilegiada surgida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sólo al día siguiente le daría status público. Se trata de un informe provisional, preparado ya en la “etapa final” de la tramitación de la queja que de oficio inició la CNDH respecto de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, que se presumió resultado de una agresión perpetrada por militares hasta que la oficina del ombudsman nacional, sin haber concluido su participación en el caso y sin tener responsabilidades de Ministerio Público prácticamente exoneró a los eventuales responsables del ataque, al dictaminar que la víctima falleció de muerte natural. No llegó —todavía— al extremo de declarar, como lo hizo el presidente Felipe Calderón que la causa fue una gastritis crónica no atendida, pero se situó en los linderos de una afirmación tan absurda como aquella.
El diputado González Betancourt citó, y blandió el reporte de la CNDH que sería difundido sin razón formal aparente el 28 de marzo. En una expresión tomada de ese informe, que a la hora de ser mencionado por el legislador no era conocido, dijo que la señora Ascensio Rosario —una mujer de habla nahua, de 73 años que en su agonía pudo decir a su hija que soldados la habían atacado— falleció por una “anemia aguda secundaria”.
Entrevistado el miércoles, González Betancourt descalificó, como lo hace la CNDH en su comunicado, a la Procuraduría estatal de Veracruz que, “falló erróneamente en su investigación”. Si no tomamos esa expresión como pleonástica sino como enfática se trataría de una grave desestimación del trabajo del Ministerio Público de esa entidad. Y no se limitó a ese caso. Dijo que son “mentiras...noticias falsas” las que atribuyen a miembros del Ejército agresiones sexuales a otras víctimas en los últimos años. Son mentiras, insistió y precisó: “ninguna mujer se ha presentado a decir que fue violada por un soldado”.
Un alegato de ese alcance escapa a las responsabilidades del Presidente de la Comisión de Defensa. Y con mayor razón es así cuando se basa en un documento al que no necesariamente debía tener acceso (por lo que será interesante saber si la CNDH se lo entregó o él se hizo de su propio ejemplar por otros medios).
González Betancourt es un “ameritado militar” como rezaban las crónicas de antaño. Nacido el 4 de octubre de 1936 hizo sus estudios en el servicio de intendencia y se graduó de licenciado y maestro en administración militar. Ejerció relevantes cargos de mando, como comandante de zona, de un cuerpo de Guardias Presidenciales y del Agrupamiento Betancourt durante el “conflicto chiapaneco” de 1994 a 1995. Fue subdirector del Colegio Militar y vicerector de la Universidad del Ejército y Fuerza aérea. Presidió el 21º. Consejo de Guerra Ordinario, escribió libros sobre historia militar y estuvo responsabilizado en la Sedena de atender las quejas y recomendaciones de la CNDH.
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9:27 p.m.
