MEXICO DESTRUIDO POR DOS PRESIDENTES YUNQUISTAS, UN PSICOPATA Y OTRO BORRACHO

Calderón subordina México a EU
martes, 13 de marzo de 2007
Estado de los Estados


Fox da "sugerencias" a Calderón

Destruyen soberanía nacional

Enésima violación a la ley: impiden el paso a POR ESTO!

Nada esperan mexicanos de Bush-FCH

“No son los deberes los que quitan a un hombre la independencia; son los compromisos”.

Louis de Bonald.

Por Lilia Arellano

A sólo unas horas de su entrevista con el mandatario norteamericano con el más bajo coeficiente intelectual de los últimos 60 años, George W. Bush, Felipe Calderón Hinojosa se reunió con su antecesor, Vicente Fox Quesada, el ex empleado de la transnacional Coca-Cola, para recibir las últimas lecciones sobre sumisión absoluta al tejano, subordinación al gobierno de los Estados Unidos, flagrantes violaciones a la Carta Magna de nuestro país y a la soberanía nacional, y destrucción irreversible del Estado de Derecho.

A la transgresión que las autoridades federales y estatales hicieron al universalmente reconocido derecho a la información, vigente en la Constitución General de la República, en su Artículo 6, al impedir que reporteros y periodistas del diario POR ESTO! recibieran su acreditación para cubrir el evento que tiene lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, bajo el argumento de que "no comparten el proyecto de gobierno surgido del Partido Acción Nacional", a fin de que puedan dar fe a sus lectores de los acuerdos que se alcancen y los compromisos que asuma Calderón en representación de todo el pueblo mexicano, se suma, simultáneamente la violación a la soberanía nacional, al espacio aéreo de nuestro país, a las aguas territoriales y hasta el espacio radioeléctrico nacional que realizan los cuerpos policiaco-militares encargados de la seguridad de Bush.

Así como es altamente reprobable la intención del gobierno federal de restringir el derecho de los mexicanos a estar informados de los asuntos del Estado, como lo ha venido haciendo desde que inició el sexenio, también lo es la violación a la soberanía nacional que representa el desarme de la policía estatal de Yucatán, en cumplimiento a la instrucción del Servicio Secreto de los Estados Unidos, como parte del operativo de seguridad del mandatario estadounidense; la trastocación de la vida de los habitantes de la capital yucateca con los impresionantes operativos implementados, las vallas antimotines de más de tres metros de altura y la obstrucción de la libertad de tránsito; la colocación de retenes militares en carreteras de la entidad; la restricción de acceso a hoteles y el aeropuerto internacional de Mérida; la presencia de un número desconocido de agentes del Servicio Secreto norteamericano; el toque de queda de en la modesta población de Temozón Sur, en donde la población maya vive un auténtico estado de sitio, por lo que presentaron su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; y la apropiación del espacio aéreo nacional por parte de Aviones Caza-16 y helicópteros Black Hawk; de aguas territoriales mexicanas por parte de un portaaviones del ejército estadounidense; y del espacio radioeléctrico nacional con la aplicación de tecnología que desactiva, entre otras, las señales de telefonía celular.

Ante el Congreso de la Unión, Felipe Calderón deberá dar cuenta en el más corto plazo posible de los acuerdos alcanzados y los compromisos asumidos con su homólogo norteamericano, pero también de su subordinación y "sumisión" al gobierno de ese país, por su complicidad en los atropellos y violaciones al orden legal y al derecho mexicano que desde ahora le ha ganado una "condena social", por no haber mantenido una actitud digna en términos de soberanía, independencia y autodeterminación.

También tendrá que responder por las flagrantes violaciones a la Carta Magna en el corto período que lleva su administración, particularmente en relación al derecho a la información. En efecto, sin olvidar el negativo uso de medios de comunicación y la "guerra sucia" que utilizó su equipo de campaña para asegurarle una pírrica victoria en los comicios presidenciales pasados, desde el momento que tomó posesión de la Presidencia de la República, Felipe Calderón, se ha caracterizado por ser un mandatario "de mano dura" en esta materia, a través de sus operadores Juan Camilo Mouriño y Maximiliano Cortázar, quienes controlan toda la información que le llega al michoacano y determinan las líneas de acción a seguir en la materia por parte de todo el gobierno federal.

Desde los primeros días del "felipismo" se manifestó el grado de intolerancia a la prensa crítica del nuevo gobierno federal, que en ocasiones han tocado la línea del fascismo, y de ello han dado cuenta ampliamente quienes ellos califican como "periodistas incómodos", cuando su visión informativa y credibilidad están perfectamente acreditadas con el número de ejemplares en circulación, como es el caso de Don Mario Renato Menéndez, director de los diarios POR ESTO! .También se recuerda el caso de José Gutiérrez Vivó, quien reveló el "castigo" que le impuso el nuevo inquilino de la residencia oficial de Los Pinos, y de la férrea vigilancia a la difusión que da a la información gubernamental. Todavía no pasaba una semana de la nueva administración, cuando el "calderonismo" dio color sobre como sería su relación con los medios de información y ante la opinión pública nacional. Fue precisamente el 4 de diciembre del año pasado cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo para "resucitar" la Oficina de la Presidencia -y con ello el férreo control que sobre los secretarios de Estado ejerció José Córdoba Montoya, el "vicepresidente" de Carlos Salinas de Gortari- y reestructurar la inoperante área de comunicación que manipuló en los últimos días del "foxismo". El fin era simple: restringir el derecho a la información y la libertad de expresión a través de la uniformidad de la comunicación oficial. Cortar de tajo las filtraciones y los mensajes contradictorios entre los funcionarios federales fueron los objetivos fijados a corto y mediano plazo en un contexto adverso para el mandatario en turno.

En esa ruta, un esquema vertical y de control de la información, se inscribieron las tajantes instrucciones a los coordinadores de comunicación social de las 18 secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y los organismos y empresas paraestatales, en el sentido de que debían mantener una misma línea en los comunicados oficiales, boletines y hasta declaraciones a representantes de medios de comunicación social. Se estableció un "War Room" o "cuarto de guerra", con Max Cortázar como comandante, quien ordena a todos los voceros del gobierno federal los temas que deben difundirse, así como los comunicados a emitirse y las declaraciones a medios de comunicación por parte de los titulares de la dependencia. El control informativo del gobierno federal ha sido apuntalado por sus dos poderosas aliadas mediáticas: Televisa y TV Azteca, que han contribuido en gran medida a hacer efectivo el cerco informativo oficial a la opinión pública mexicana, y que cuidan como verdaderos cancerberos la imagen presidencial, a cambio de mantener y ampliar sus privilegios económicos, políticos y sociales.



La otra agenda



Funcionarios de México y Estados Unidos aseguran que el combate al narcotráfico, la seguridad fronteriza, la migración, la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) y la apertura del sector energético a la inversión privada, son los temas que más le interesan al Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, por lo que es casi seguro que sean los rubros a discutirse en la hacienda Xcanatún, finca henequera decimonónica, a pesar de que a Felipe Calderón, le interesen más temas relacionados con el comercio, el desarrollo sustentable, la inversión extranjera, el medio ambiente, la educación, y la renegociación del apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN).

Aunque no se espera que lo haga, legisladores, dirigentes y representantes de todos los partidos de oposición, así como dirigentes campesinos y de otras organizaciones sociales, levantan sus plegarias a todos los dioses para que Felipe Calderón asuma una posición firme ante el tejano Bush, sobre todo en lo que se refiere a la oposición en todo el país y en toda América Latina a la construcción del nuevo muro entre la frontera entre ambos países y por el maltrato que se les da en aquella nación a los trabajadores migrantes, que provienen de diversas regiones del subcontinente, así como la corresponsabilidad que tiene el gobierno estadounidense en el combate al narcotráfico, materia en la que sin duda, no ha hecho su mejor esfuerzo.

Ni Bush ni Calderón pueden soslayar que la economía estadounidense necesita de la mano de obra de los migrantes. El coloso del norte requiere cuando menos medio millón más de trabajadores extranjeros de los que actualmente está autorizando, por lo que le urge llegar a un acuerdo para cubrir esa imperiosa demanda, y es precisamente ese tema el que está discutiéndose en el Congreso norteamericano, coyuntura que debe aprovechar el mandatario mexicano.

Si Calderón opta por sólo sumarse a la política de seguridad estadounidense y firma acuerdos sólo en ese sentido, como lo espera confiadamente la administración Bush, comprometerá una vez más la soberanía nacional y manifestará su grado de "sumisión" y "subordinación" a los intereses norteamericanos por sobre los de su propio pueblo. Calderón también tendría que adoptar una firme posición en cuanto al rechazo a la apertura de la inversión extranjera en energéticos y la revisión inmediata del capítulo agropecuario del TLCAN, que afecta al 25 por ciento de los mexicanos, con la discusión y aprobación de acuerdos -como la eliminación del subsidio brutal que se aplica a todos los productos en la Unión Americana- "de cara a la nación", que alejen al país del riesgo inminente de que los Estados Unidos invadan el territorio nacional con alimentos básicos como el maíz y la carne, entre otros, lo que daría la puntilla a la soberanía alimentaria mexicana.

Sin embargo, la ciudadanía mexicana, acostumbrada al desengaño y el desencanto que producen este tipo de reuniones bilaterales, en realidad no espera nada bueno del encuentro entre Calderón-Bush. Bueno, ni siquiera los legisladores del PAN, el partido de Calderón, esperan algo. Santiago Creel, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, dijo claramente que no tiene ninguna expectativa sobre la visita del mandatario estadounidense a tierra yucateca. Carlos Navarrete, coordinador del PRD en la Cámara Alta, declaró que para el Senado no es un asunto de importancia la reunión a la que no le ve ningún beneficio y sólo espera que regrese la normalidad a territorio yucateco y se deje atrás "el derroche de inseguridad y la insultante movilización de efectivos y militares".



De los pasillos



La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hizo un llamado al gobierno mexicano para que regulen el sector telecomunicaciones, en especial el de la telefonía, y se reduzca el costo de los servicios. Y es que nuestro país se ubica entre las siete naciones más caras en el ranking de tarifas de telefonía de esa organización. Además, el administrador principal del área de Políticas de Comunicación y Reforma Regulatoria de la OCDE, Dimitri Ypsilanti, resaltó que debido al dominio que ejerce Telmex en el área de telecomunicaciones debe impedírsele competir en el mercado de televisión por cable, toda vez que no existe una regulación y competencia adecuadas". El nuevo secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, se manifestó en contra de la intención de retirar el fuero a los legisladores en caso de delitos oficiales. El también presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, consideró que eso los colocaría en riesgo de persecución política" Por 9 votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de manera definitiva el juicio de amparo que promovió el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en contra de las reformas aprobadas en 2004 por el Congreso, que modificaron el régimen de jubilaciones de los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)" Especialistas en Derecho se oponen a la propuesta de un Código Penal Único para el país, que presentará Felipe Calderón al Congreso, porque consideran que rompería con el principio de federalismo que rige en México. Los defensores de la iniciativa, por el contrario, opinan que homologar los criterios de sanciones de los delitos dará eficacia en su combate y acotará la impunidad". Los senadores perredistas solicitarán al gobierno federal toda la información relacionada con el "contrato de confidencialidad" firmado por la administración de Felipe Calderón y el publicista norteamericano, Dick Morris, luego de que el propio "estratega" reveló en Miami que tiene vínculos formales con la administración panista que le impiden revelar información relacionada con las elecciones presidenciales de 2006".

Sin duda, México sigue siendo el paraíso de la impunidad para los delincuentes de cuello blanco. Ahora la Secretaría de la Función Pública determinó archivar la denuncia contra el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, flamante directivo ahora de la española Telefónica Movistar, "por falta de elementos" que comprueben que incurrió en conflicto de intereses al aceptar trabajar para el banco británico HSCBC.