LA JUSTICIA GUANAJUATENSE EN MANOS DEL DESQUICIADO PROzac DEL ZORRO
Revista Proceso
verónica espinosa
Guanajuato, Gto.(apro).- El exdiputado Carlos Scheffler Ramos acusó hoy al gobernador Juan Manuel Oliva de poner la justicia estatal “a las órdenes” del expresidente Vicente Fox para reprimisr a los ejidatarios que reclaman la restitución de tierras ejidales en poder de la familia del exmandatario.
“Tal parece que le están pagando los compromisos electorales a Vicente Fox; se está queriendo cobrar su operación del 2 de julio, y la justicia se pone a las órdenes del poder”, expuso Scheffler, miembro del Consejo Nacional del PRD.
El exdiputado exigió a Oliva Ramírez que se deslinde del supuesto pago de compromisos al expresidente Vicente Fox Quesada y no involucre a la justicia estatal en la persecución de ejidatarios de la comunidad San Cristóbal que, por décadas, han acusado a la familia Fox de un despojo de tierras.
Scheffler Ramos, consejero nacional y dirigente de la corriente Foro Nuevo Sol, hizo un llamado a Oliva Ramírez a revisar la situación legal de José Guadalupe Cruz Pacheco, líder de los ejidatarios que pugnan por la restitución o una indemnización por parte de las tierras actualmente ocupadas por los Fox, que incluyen el área de construcción de la biblioteca y centro de estudios que llevará el nombre del expresidente.
Cruz Pacheco está detenido y preso en el penal de San Francisco del Rincón, acusado de despojo.
Dio a conocer que a través de la diputada federal Susana Monreal solicitó apoyo de los asesores legales de la Cámara baja para Cruz Pacheco, exregidor del PRD en San Francisco, con el fin de que pueda obtener su libertad, así como la intervención directa de los legisladores perredistas ante el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, para lograr una salida u ofrecer alternativas a los campesinos que acusan a Fox de haberse apropiado indebidamente de tierras tanto en San Cristóbal como en la bahía de El Tamarindillo, en Michoacán.
“La diputada Monreal nos informó que desde la Cámara se están revisando ante la Reforma Agraria ambos casos en conjunto --los de San Cristóbal y El Tamarindillo-- porque consideran que existe una persecución política de parte de allegados a Fox”, explicó.
“Tal parece que le están pagando los compromisos electorales a Vicente Fox; se está queriendo cobrar su operación del 2 de julio, y la justicia se pone a las órdenes del poder”, expuso el consejero nacional perredista.
Aclaró que tanto el caso de la comunidad de San Cristóbal, como el de la bahía El Tamarindillo, deberían ser atendidos en las instancias legales en materia agraria y resolverse en las mesas de negociación que existen, incluso con la posibilidad de que se responda a los ejidatarios con permutas o con el pago de las indemnizaciones correspondientes, “pero sin que se judicialice la política y se pretenda perseguir y encarcelar a los líderes”.
Scheffler recordó que siendo diputado local en la pasada Legislatura, se impidió que a instancias de la Procuraduría de Justicia se consumara un juicio de desafuero en contra de Cruz Pacheco, entonces regidor, quien era acusado de robarse una palm durante uno de los zafarranchos entre ejidatarios por el conflicto agrario que se mantiene vigente desde mediados del siglo pasado.