PLAZA PUBLICA
Diario Libertad: Miguel Ángel Granados Chapa
* PRI sólo recicla Reformas del Estado
* Acuerdos de Zedillo y Fox, al basurero
Aunque la bancada priísta del Senado dice haber descubierto el hilo negro de la reforma del Estado, el tema ha sido trillado hasta la saciedad. El problema de fondo no radica en el planteamiento del problema sino en la ausencia de un compromiso de reforma que pasaría por el fin del dominio ideológico del PRI.
La reforma del Estado no se reduce a la definición de políticas obligatorias e independientes del perfil ideológico del partido dominante, sino que tiene que ver con la construcción de una nueva hegemonía. El PRI quiere una reforma del Estado que restaure la vieja hegemonía ideológica priísta.
A la fecha ha habido cuando menos ocho iniciativas políticas-partidistas-gubernamentales para la transición democrática y/o reforma del Estado: los Veinte Compromisos por la Democracia firmados por los candidatos presidenciales en enero de 1994, los Compromisos para la paz, la democracia y la justicia de enero de 1994, el Acuerdo Político Nacional de Zedillo en enero de 1995, los Diez puntos fundamentales para la reforma electoral del PAN-PRD de agosto de 1995, los Sesenta acuerdos para la reforma política electoral o Pacto de Chapultepec de junio de 1996, el Pacto para la transición de la izquierda de Heberto Castillo Juárez firmado por Fox como candidato panista en agosto de 1999, las conclusiones de la comisión para la reforma del Estado de Fox como presidente electo de noviembre del 2000 y el Acuerdo político para el desarrollo nacional suscrito por partidos y organizaciones en Palacio Nacional en octubre del 2001.
El Congreso tampoco ha sido ajeno a los compromisos. El 30 de octubre del 2001, los jefes parlamentarios en la Cámara de Diputados firmaron un acuerdo relativo al funcionamiento de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, como una forma de darle continuidad legislativa a los compromisos del acuerdo político para el desarrollo nacional. Por el PAN firmó el coordinador del grupo parlamentario, Felipe Calderón Hinojosa.
Esta comisión especial tuvo los mismos recursos y mecanismos de la recientemente formada a instancias de la bancada priísta en el Senado. Por tanto, los legisladores reciclan acuerdos ya asumidos e incumplidos y con ello quieren sorprender a la sociedad. La iniciativa del PRI, por tanto, es una copia de la comisión de 2001. En aquella ocasión, las bancadas de comprometieron a cristalizar los compromisos del acuerdo político para el desarrollo nacional firmado en Palacio Nacional ante la presencia formal del presidente Vicente Fox.
El operador del acuerdo fue el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, hoy jefe de la bancada del PAN en el Senado. El acuerdo constaba de treinta y siete puntos en total: catorce de la agenda social, cinco de la agenda económica, seis de la agenda internacional, nueve de la agenda política y trece de la agenda de empleo temporal. Era, en suma, un acuerdo de fondo para el desarrollo, la transición democrática y la reforma del Estado. Lo firmaron los jefes de todos los partidos políticos y el presidente de la república, con la voluntad del Congreso de llevarlos a iniciativas legislativas.
El acuerdo duró poco tiempo. Nada de ello pudo transformarse en decisiones reales. La coyuntura les ganó a los legisladores, el gobierno de Fox no pudo darle continuidad a las iniciativas del Acuerdo y Creel como secretario de Gobernación prefirió trabajar para su --después-- frustrada candidatura del PAN a la presidencia de la república. Las elecciones legislativas del 2003 reacomodaron bancadas y todos se olvidaron del tema. El acuerdo político se tiró a la basura.
Lo que ha fallado es la voluntad para el cambio. La retórica de la transición se ha apoderado de las élites pero sólo a nivel declarativo. En el periodo 2000-2004 hubo tres importantes reuniones plurales sobre transición y reforma del Estado: las conclusiones de la Comisión para la Reforma del Estado de Muñoz Ledo, los diálogos nacionales “¿Es posible un pacto nacional?” y la reunión “Gobernabilidad Democrática: ¿qué reforma” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la LIX legislatura de la Cámara de Diputados. De las tres, ninguna cristalizó en la más mínima iniciativa.
El debate sobre la democratización y reforma del Estado comenzó con la reforma política de 1978, que se redujo a la apertura del sistema electoral a partidos fuera del control estatal, sobre todo la izquierda comunista. Se agudizó en 1988 con la ruptura dentro del PRI, el fraude electoral y la fundación del PRD en 1989. Y se instaló en el debate en 1994 con el alzamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio como evidencia de la ineficacia del viejo sistema político priísta. Pero de 1978 a 2007, casi treinta años, el país no ha podido encauzar institucionalmente una reforma democrática y del Estado definitiva y todo se ha ido con comisiones que se desvanecen en el corto plazo.
La comisión de reforma del Estado impulsada la semana pasada por la bancada priísta en el Senado es otra más del montón. El propio PRI ha puesto demasiadas condiciones para entrarle a las reformas de fondo. Sobre todo, el PRI quiere reformar el Estado para restaurar el Estado priísta. Nada más.
* PRI sólo recicla Reformas del Estado
* Acuerdos de Zedillo y Fox, al basurero
Aunque la bancada priísta del Senado dice haber descubierto el hilo negro de la reforma del Estado, el tema ha sido trillado hasta la saciedad. El problema de fondo no radica en el planteamiento del problema sino en la ausencia de un compromiso de reforma que pasaría por el fin del dominio ideológico del PRI.
La reforma del Estado no se reduce a la definición de políticas obligatorias e independientes del perfil ideológico del partido dominante, sino que tiene que ver con la construcción de una nueva hegemonía. El PRI quiere una reforma del Estado que restaure la vieja hegemonía ideológica priísta.
A la fecha ha habido cuando menos ocho iniciativas políticas-partidistas-gubernamentales para la transición democrática y/o reforma del Estado: los Veinte Compromisos por la Democracia firmados por los candidatos presidenciales en enero de 1994, los Compromisos para la paz, la democracia y la justicia de enero de 1994, el Acuerdo Político Nacional de Zedillo en enero de 1995, los Diez puntos fundamentales para la reforma electoral del PAN-PRD de agosto de 1995, los Sesenta acuerdos para la reforma política electoral o Pacto de Chapultepec de junio de 1996, el Pacto para la transición de la izquierda de Heberto Castillo Juárez firmado por Fox como candidato panista en agosto de 1999, las conclusiones de la comisión para la reforma del Estado de Fox como presidente electo de noviembre del 2000 y el Acuerdo político para el desarrollo nacional suscrito por partidos y organizaciones en Palacio Nacional en octubre del 2001.
El Congreso tampoco ha sido ajeno a los compromisos. El 30 de octubre del 2001, los jefes parlamentarios en la Cámara de Diputados firmaron un acuerdo relativo al funcionamiento de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, como una forma de darle continuidad legislativa a los compromisos del acuerdo político para el desarrollo nacional. Por el PAN firmó el coordinador del grupo parlamentario, Felipe Calderón Hinojosa.
Esta comisión especial tuvo los mismos recursos y mecanismos de la recientemente formada a instancias de la bancada priísta en el Senado. Por tanto, los legisladores reciclan acuerdos ya asumidos e incumplidos y con ello quieren sorprender a la sociedad. La iniciativa del PRI, por tanto, es una copia de la comisión de 2001. En aquella ocasión, las bancadas de comprometieron a cristalizar los compromisos del acuerdo político para el desarrollo nacional firmado en Palacio Nacional ante la presencia formal del presidente Vicente Fox.
El operador del acuerdo fue el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, hoy jefe de la bancada del PAN en el Senado. El acuerdo constaba de treinta y siete puntos en total: catorce de la agenda social, cinco de la agenda económica, seis de la agenda internacional, nueve de la agenda política y trece de la agenda de empleo temporal. Era, en suma, un acuerdo de fondo para el desarrollo, la transición democrática y la reforma del Estado. Lo firmaron los jefes de todos los partidos políticos y el presidente de la república, con la voluntad del Congreso de llevarlos a iniciativas legislativas.
El acuerdo duró poco tiempo. Nada de ello pudo transformarse en decisiones reales. La coyuntura les ganó a los legisladores, el gobierno de Fox no pudo darle continuidad a las iniciativas del Acuerdo y Creel como secretario de Gobernación prefirió trabajar para su --después-- frustrada candidatura del PAN a la presidencia de la república. Las elecciones legislativas del 2003 reacomodaron bancadas y todos se olvidaron del tema. El acuerdo político se tiró a la basura.
Lo que ha fallado es la voluntad para el cambio. La retórica de la transición se ha apoderado de las élites pero sólo a nivel declarativo. En el periodo 2000-2004 hubo tres importantes reuniones plurales sobre transición y reforma del Estado: las conclusiones de la Comisión para la Reforma del Estado de Muñoz Ledo, los diálogos nacionales “¿Es posible un pacto nacional?” y la reunión “Gobernabilidad Democrática: ¿qué reforma” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la LIX legislatura de la Cámara de Diputados. De las tres, ninguna cristalizó en la más mínima iniciativa.
El debate sobre la democratización y reforma del Estado comenzó con la reforma política de 1978, que se redujo a la apertura del sistema electoral a partidos fuera del control estatal, sobre todo la izquierda comunista. Se agudizó en 1988 con la ruptura dentro del PRI, el fraude electoral y la fundación del PRD en 1989. Y se instaló en el debate en 1994 con el alzamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio como evidencia de la ineficacia del viejo sistema político priísta. Pero de 1978 a 2007, casi treinta años, el país no ha podido encauzar institucionalmente una reforma democrática y del Estado definitiva y todo se ha ido con comisiones que se desvanecen en el corto plazo.
La comisión de reforma del Estado impulsada la semana pasada por la bancada priísta en el Senado es otra más del montón. El propio PRI ha puesto demasiadas condiciones para entrarle a las reformas de fondo. Sobre todo, el PRI quiere reformar el Estado para restaurar el Estado priísta. Nada más.
posted by H2AGUA at
12:34 p.m.
