LOS GRANDES CONSORCIOS EXTRANJEROS A UN PASO DE APODERARSE DEL MAIZ

El maíz nuestro de todos los días

Por: Gerardo Fernández Casanova

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Mucha tinta se ha vertido en torno al tema del maíz y la tortilla, a la luz del severo conflicto del alza de sus precios; el régimen convocó a una convención de voluntades y a la firma de un pacto, cuyo contenido esencial es el establecimiento de precios para el maíz y para la tortilla, el primero a razón de $3.50 y la segunda de $8.50, ambos por kilogramo, con lo cual se sustrae de toda otra responsabilidad para, con gran cinismo, apuntar los reflectores de la culpabilidad y el encono social, hacia la industria de la masa y la tortilla, cuyos expendios son objeto de inspecciones y “castigos ejemplares” por la violación del pacto o por la alteración de básculas o por cualquiera otra causa que al inspector se le pueda ocurrir; tras de ellos, la prensa amarilla que cae en la trampa desorientadora o que es parte del mismo juego, para descargar la ira popular sobre la tortillería. Mientras esto pasa, las grandes tiendas de autoservicio y el monopolio del maíz harinizado, disfrazados con piel de oveja, ven cerca la realización de sus viejos afanes de adueñarse totalmente del mercado del alimento popular más importante y voluminoso. En el tramo del maíz, el pacto incluye el anticipo y la ampliación de los cupos de importación libre de aranceles, con el intento de ajustar el precio al nivel convenido, sin importar el origen y la calidad del grano, con lo que, además de afectar a la recuperación de la producción agrícola, se abre una enorme puerta a la introducción de maíz transgénico y a la infestación de los cultivos nacionales.
Total. La crisis se intenta resolver provocando nuevas crisis, siempre en beneficio de los que han sido sus provocadores. Se castiga al pequeño tortillero, pero se premia al gran especulador; se castiga al productor maicero, pero se premia al acaparador. El más castigado, el pueblo consumidor, no sólo tiene que apechugar con el precio a más de $8.50 el kilo, que ya implica un incremento de más de 40%, sino que no recibe una certeza de solución a futuro. Ciertamente que la solución propuesta NO ES SOLUCION.
Intentar una solución eficaz debe partir de un diagnóstico apegado a la realidad. Para comenzar, debe reconocerse que existe un serio desequilibrio estructural en la cadena maíz-tortilla: el consumidor no está en condiciones de pagar el precio requerido para fomentar la producción de maíz; el nivel de ingreso de la gente es insuficiente para la adquisición de los satisfactores básicos, lo cual tiene que ver con el alto desempleo y el bajo nivel salarial. Por su parte, la importación de maíz barato forzada por el TLC, ha destruido la base productiva local y cancelado la seguridad alimentaria. Tal diagnóstico arroja una primera e inmediata conclusión: en tales condiciones, el abasto del alimento más importante de la población nunca debió quedar sujeto a las reglas del libre mercado. Este es el tema toral e implica la crítica radical al modelo de desarrollo adoptado que ha favorecido tal desigualdad o que ha fracasado en el afán de corregirla. Atención: urge la adopción de un modelo alternativo. Se requiere de una importante intervención reguladora por parte del estado, la cual no puede limitarse a una ineficaz conciliación de voluntades, sino que requiere de la aplicación de instrumentos de orden económico, administrativo y legal.

El subsidio es el instrumento económico idóneo para corregir el desequilibrio. Ya el Senador Graco Ramírez (PRD) formuló una iniciativa al respecto. Para el caso que nos ocupa y basado en cifras gruesas, el subsidio habría que rediseñarse de manera que el precio generalizado de la tortilla se fijara a razón de un 8% del salario mínimo diario ($4.00 por kilo). Para lograr tal precio, el molinero de nixtamal tendría que recibir el maíz a razón de $1.75 por kilo, además de otras reducciones en el costo del gas combustible. El precio para el productor de maíz se establecería en $3.00 por kilo, con lo que tendría una rentabilidad satisfactoria, incluso para fomentar su cultivo, o sea un subsidio de $1.25 por kilo. Este esquema sería aplicable sobre un volumen del orden de 5 millones de toneladas anuales, lo que significaría un monto de $6,125 millones, más $1,000 millones por gastos de operación. La cifra no resulta descabellada si se considera que el presupuesto de apoyo al campo es del orden de $40,000 millones anuales; recordando que el verdadero instrumento de fomento a la producción y a la inversión productiva en el campo es el precio.

Desde luego que aplicar esta medida implica salirse de las reglas de juego impuestas por el TLC, la OMC, el FMI y el BM y ello implica una voluntad política que el gobierno de facto no está dispuesto ni puede asumir; lo primero, por su ideología, y lo segundo, por su ilegitimidad. La movilización popular tendrá que forzarla, a riesgo real de morir de hambre.

Ante esta realidad, me pregunto: ¿Puede olvidarse el fraude electoral?