Zacatecas: hágase la ley
Grupo Formula: Óscar Mario Beteta
El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, tiene la oportunidad de reafirmar la legitimidad y la legalidad sobre las que accedió al poder postulado por el PRI, acrecentar un extraordinario consenso y trascender la historia como artífice de un cambio fundamental. Para ello, sólo requiere que haga observar la ley.
Si decide sacar provecho de esa especie de fortuna que le ofrecen las circunstancias, deberá ordenar que la administración de su antecesora, Amalia García, sea auditada en su totalidad y, con toda la información, hacer lo que procede: encausarla penalmente.
Las evidencias de irregularidades en el manejo de los fondos públicos por la ex senadora y dirigente del PRD, encontradas hasta ahora por el contralor Guillermo Huízar, reflejan desorden, excesos y corrupción, aun cuando sólo ha revisado 2 por ciento de su gestión.
Es de suponer que la convicción social, avalada por encuestas en las que más de 80 por ciento de la población considera a Amalia García, a su hermana y a su hija como saqueadoras del erario de Zacatecas, se confirmaría de cumplirse su exigencia de que se las investigue a fondo.
Esa demanda puede ser atendida sin ningún riesgo por el gobernador Alonso, puesto que accedió al cargo con un amplísimo respaldo popular en una votación sin precedente que alcanzó 70 por ciento del padrón.
Sobre esa base arrasó al candidato de las Tres García, Antonio Mejía, en quien buscaban protección por complicidad; su triunfo, por más de 20 puntos, le permite ir con todo contra el nepotismo exacerbado de una esperanza que devino fraude.
El resultado electoral llevaba un mensaje muy claro: "castiga los latrocinios de Amalia y su familia". De otro modo, quizá no hubiese ganado, o peor, habría triunfado el "delfín" que la "impoluta" ex gobernadora perredista quería heredar.
Las ventajas que tiene Alonso para dejar que en Zacatecas se haga la ley, es su condición de gobernador, su deber de conocer cómo manejó el presupuesto su antecesora, ordenar una revisión y, caso dado, alentar el proceso penal correspondiente.
Nada ni nadie lo detiene. Todo mundo se lo pide. El país, la sociedad, la democracia y la historia se lo reconocerían, y Amalia dejaría de creer que la atacan porque en el DF alguien está urgido de que sea jefa de Gobierno.
El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, tiene la oportunidad de reafirmar la legitimidad y la legalidad sobre las que accedió al poder postulado por el PRI, acrecentar un extraordinario consenso y trascender la historia como artífice de un cambio fundamental. Para ello, sólo requiere que haga observar la ley.
Si decide sacar provecho de esa especie de fortuna que le ofrecen las circunstancias, deberá ordenar que la administración de su antecesora, Amalia García, sea auditada en su totalidad y, con toda la información, hacer lo que procede: encausarla penalmente.
Las evidencias de irregularidades en el manejo de los fondos públicos por la ex senadora y dirigente del PRD, encontradas hasta ahora por el contralor Guillermo Huízar, reflejan desorden, excesos y corrupción, aun cuando sólo ha revisado 2 por ciento de su gestión.
Es de suponer que la convicción social, avalada por encuestas en las que más de 80 por ciento de la población considera a Amalia García, a su hermana y a su hija como saqueadoras del erario de Zacatecas, se confirmaría de cumplirse su exigencia de que se las investigue a fondo.
Esa demanda puede ser atendida sin ningún riesgo por el gobernador Alonso, puesto que accedió al cargo con un amplísimo respaldo popular en una votación sin precedente que alcanzó 70 por ciento del padrón.
Sobre esa base arrasó al candidato de las Tres García, Antonio Mejía, en quien buscaban protección por complicidad; su triunfo, por más de 20 puntos, le permite ir con todo contra el nepotismo exacerbado de una esperanza que devino fraude.
El resultado electoral llevaba un mensaje muy claro: "castiga los latrocinios de Amalia y su familia". De otro modo, quizá no hubiese ganado, o peor, habría triunfado el "delfín" que la "impoluta" ex gobernadora perredista quería heredar.
Las ventajas que tiene Alonso para dejar que en Zacatecas se haga la ley, es su condición de gobernador, su deber de conocer cómo manejó el presupuesto su antecesora, ordenar una revisión y, caso dado, alentar el proceso penal correspondiente.
Nada ni nadie lo detiene. Todo mundo se lo pide. El país, la sociedad, la democracia y la historia se lo reconocerían, y Amalia dejaría de creer que la atacan porque en el DF alguien está urgido de que sea jefa de Gobierno.