Calderón y el modo de perder un bienio
Miguel Angel Granados Chapa
Apenas el viernes 28, exactamente un mes después de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó la nueva legislación petrolera. La parsimonia presidencial, casi renuencia, mostró en los hechos la insatisfacción del gobierno ante una reforma que imaginó diferente y aprobada en un lapso muy breve, mediante un procedimiento veloz, aunque de dientes para afuera la festejara. El que transcurrieran cuatro semanas para concluir el proceso legislativo correspondiente contrastó con la celeridad mostrada por el propio presidente Calderón en el otro principal lance legislativo de su bienio, la ley del ISSSTE. Después de que la aprobó el Senado el miércoles 28 de marzo del año pasado, el Ejecutivo se dio prisa para hacerla aparecer en el Diario Oficial y hasta, rompiendo la costumbre, se lanzó para ese propósito una edición sabatina, el 31 de marzo.
Esas diferentes actitudes parecerían señal de que en su primer bienio, el proyecto reformista de Calderón se saldó con un empate: un tanto a favor y otro en contra. Pero, si se atiende a las secuelas de la reforma pensionaria de los trabajadores del Estado, quizá no haya que anotarla en el haber presidencial, sino en su debe: nunca una nueva ley como ésta, suscitó una oposición judicialmente manifestada y por lo tanto medible. La reforma fue rechazada por sus destinatarios de dos maneras: la presentación de cientos de miles de demandas de amparo (aun sin resolver en última instancia), y la derrota en los hechos del proyecto privatizador de los fondos de retiro. Cuando la semana pasada concluyó el plazo para que la burocracia eligiera cómo se maneje el ahorro para sus pensiones, más del ochenta y cinco por ciento del personal público prefirió el sistema de reparto, de que se encarga el Pensionissste, y sólo el resto, poco menos de trescientas mil personas, escogió el sistema de cuentas individuales administrado por afores. Es presumible que el grueso de esa cifra esté compuesto por el personal panista de confianza con que el gobierno ha engrosado sus nóminas.
Llegado al gobierno hace dos años, desde siempre Calderón ha necesitado el sostén priista para llevar adelante sus iniciativas. Objetado como ilegítimo por una porción relevante de la sociedad, hubiera sido de todas maneras un presidente en posición precaria, pues instalarse en la silla presidencial por un triunfo formalmente logrado con apenas medio punto de diferencia, y sin mayoría propia en las cámaras, no permite anchos márgenes de acción. Pero la incapacidad ejecutiva de Calderón ha acentuado las dificultades de su gobierno para emprender una tarea correspondiente a las exigencias de la realidad y las necesidades de sus gobernados. El que apenas en el primer año haya tenido que reemplazar a secretarios clave (los de Desarrollo Social, Economía y Gobernación) y, en paradoja, que no lo haya hecho en otros segmentos (el de Seguridad Pública específicamente), enseñó sus dificultades para integrar un equipo más allá de sus allegados de siempre, de cuya cercanía ha tenido que prescindir.
La fragilidad política de Calderón lo condujo a centrar su acción de gobierno en una guerra contra la delincuencia organizada a la que se lanzó con fines mediáticos pero que generó efectos sociales adversos en la realidad. Calderón estaba urgido de legitimidad y calculó ganarla mostrándose activo y resuelto en el combate a la inseguridad, por lo menos ante las cámaras de televisión. Sin una estrategia que fijara metas y tiempos, sacó al Ejército de sus cuarteles para involucrarlo en operaciones conjuntas con las fuerzas policiacas federales, sin calibrar la calidad de sus efectivos. Ordenó fundir en los hechos a la policía investigadora y la preventiva, y puso el proceso de fusión en las manos de un funcionario objetado más de una vez desde dentro mismo del gobierno. Mutilar al Ministerio Público de su brazo investigador ha acrecentado los niveles de impunidad y entregado el mando policiaco pleno al secretario de Seguridad Pública, cuya discutible conducta ha sido avalada de palabra y de obra por un Presidente que se echó en manos de los generales y empeoró su situación cuando se convirtió en protector de alguien que en el menos grave de los casos es ineficaz.
Haber concentrado su esfuerzo político en la lucha contra la inseguridad fue la clave para que Calderón perdiera el primer tercio de su gobierno. Aunque se ufana de logros y triunfos (hasta alardea de que su gobierno posee marcas mundiales en montos de droga decomisada, dinero asegurado y armamento en sendas operaciones), es imposible que el Presidente oculte la magnitud de su derrota en ese campo. En los dos años de su administración han sido ejecutadas más de ocho mil personas, las más de ellas en cruentas reyertas entre mafias. No faltan torpes morales que se alegran de esta suerte de limpieza étnica que liquida a delincuentes al por mayor. Pasan por alto que ese auge de la criminalidad indica un incremento de las capacidades de fuego, de organización y financiera de las bandas que cada vez con mayor arrogancia desafían al Estado y ponen en peligro a toda la sociedad.
La peor cara de esta derrota consiste en que se evidenció la penetración delincuencial en las estructuras encargadas de perseguir a la criminalidad. No hay modo más desalentador de fijar el cumplimiento de dos años de gobierno que pensar en la larga lista de funcionarios policiacos y de procuración de justicia detenidos y llevados a proceso o mantenidos en arraigo. El que se haya tenido que prescindir de dos suprocuradores y que uno de ellos, aplaudido y premiado por su desempeño con una cómoda misión diplomático se convierta de pronto en sujeto de averiguación penal a cargo de sus antiguos subordinados; y que la jefatura de la PFP tenga el mal fario de que quien la ocupe sea asesinado o llevado ante la justicia, ilustra de manera dramática la indefensión en que se encuentra la sociedad, por la incompetencia o más grave aun por las complicidades gubernamentales..
Si, como pretendió el PAN frente a Carlos Salinas, la ilegitimidad de origen que se le señaló fuera curable por un buen desempeño, el bienio perdido de Calderón no le permite gozar de ese beneficio legitimador.
Apenas el viernes 28, exactamente un mes después de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó la nueva legislación petrolera. La parsimonia presidencial, casi renuencia, mostró en los hechos la insatisfacción del gobierno ante una reforma que imaginó diferente y aprobada en un lapso muy breve, mediante un procedimiento veloz, aunque de dientes para afuera la festejara. El que transcurrieran cuatro semanas para concluir el proceso legislativo correspondiente contrastó con la celeridad mostrada por el propio presidente Calderón en el otro principal lance legislativo de su bienio, la ley del ISSSTE. Después de que la aprobó el Senado el miércoles 28 de marzo del año pasado, el Ejecutivo se dio prisa para hacerla aparecer en el Diario Oficial y hasta, rompiendo la costumbre, se lanzó para ese propósito una edición sabatina, el 31 de marzo.
Esas diferentes actitudes parecerían señal de que en su primer bienio, el proyecto reformista de Calderón se saldó con un empate: un tanto a favor y otro en contra. Pero, si se atiende a las secuelas de la reforma pensionaria de los trabajadores del Estado, quizá no haya que anotarla en el haber presidencial, sino en su debe: nunca una nueva ley como ésta, suscitó una oposición judicialmente manifestada y por lo tanto medible. La reforma fue rechazada por sus destinatarios de dos maneras: la presentación de cientos de miles de demandas de amparo (aun sin resolver en última instancia), y la derrota en los hechos del proyecto privatizador de los fondos de retiro. Cuando la semana pasada concluyó el plazo para que la burocracia eligiera cómo se maneje el ahorro para sus pensiones, más del ochenta y cinco por ciento del personal público prefirió el sistema de reparto, de que se encarga el Pensionissste, y sólo el resto, poco menos de trescientas mil personas, escogió el sistema de cuentas individuales administrado por afores. Es presumible que el grueso de esa cifra esté compuesto por el personal panista de confianza con que el gobierno ha engrosado sus nóminas.
Llegado al gobierno hace dos años, desde siempre Calderón ha necesitado el sostén priista para llevar adelante sus iniciativas. Objetado como ilegítimo por una porción relevante de la sociedad, hubiera sido de todas maneras un presidente en posición precaria, pues instalarse en la silla presidencial por un triunfo formalmente logrado con apenas medio punto de diferencia, y sin mayoría propia en las cámaras, no permite anchos márgenes de acción. Pero la incapacidad ejecutiva de Calderón ha acentuado las dificultades de su gobierno para emprender una tarea correspondiente a las exigencias de la realidad y las necesidades de sus gobernados. El que apenas en el primer año haya tenido que reemplazar a secretarios clave (los de Desarrollo Social, Economía y Gobernación) y, en paradoja, que no lo haya hecho en otros segmentos (el de Seguridad Pública específicamente), enseñó sus dificultades para integrar un equipo más allá de sus allegados de siempre, de cuya cercanía ha tenido que prescindir.
La fragilidad política de Calderón lo condujo a centrar su acción de gobierno en una guerra contra la delincuencia organizada a la que se lanzó con fines mediáticos pero que generó efectos sociales adversos en la realidad. Calderón estaba urgido de legitimidad y calculó ganarla mostrándose activo y resuelto en el combate a la inseguridad, por lo menos ante las cámaras de televisión. Sin una estrategia que fijara metas y tiempos, sacó al Ejército de sus cuarteles para involucrarlo en operaciones conjuntas con las fuerzas policiacas federales, sin calibrar la calidad de sus efectivos. Ordenó fundir en los hechos a la policía investigadora y la preventiva, y puso el proceso de fusión en las manos de un funcionario objetado más de una vez desde dentro mismo del gobierno. Mutilar al Ministerio Público de su brazo investigador ha acrecentado los niveles de impunidad y entregado el mando policiaco pleno al secretario de Seguridad Pública, cuya discutible conducta ha sido avalada de palabra y de obra por un Presidente que se echó en manos de los generales y empeoró su situación cuando se convirtió en protector de alguien que en el menos grave de los casos es ineficaz.
Haber concentrado su esfuerzo político en la lucha contra la inseguridad fue la clave para que Calderón perdiera el primer tercio de su gobierno. Aunque se ufana de logros y triunfos (hasta alardea de que su gobierno posee marcas mundiales en montos de droga decomisada, dinero asegurado y armamento en sendas operaciones), es imposible que el Presidente oculte la magnitud de su derrota en ese campo. En los dos años de su administración han sido ejecutadas más de ocho mil personas, las más de ellas en cruentas reyertas entre mafias. No faltan torpes morales que se alegran de esta suerte de limpieza étnica que liquida a delincuentes al por mayor. Pasan por alto que ese auge de la criminalidad indica un incremento de las capacidades de fuego, de organización y financiera de las bandas que cada vez con mayor arrogancia desafían al Estado y ponen en peligro a toda la sociedad.
La peor cara de esta derrota consiste en que se evidenció la penetración delincuencial en las estructuras encargadas de perseguir a la criminalidad. No hay modo más desalentador de fijar el cumplimiento de dos años de gobierno que pensar en la larga lista de funcionarios policiacos y de procuración de justicia detenidos y llevados a proceso o mantenidos en arraigo. El que se haya tenido que prescindir de dos suprocuradores y que uno de ellos, aplaudido y premiado por su desempeño con una cómoda misión diplomático se convierta de pronto en sujeto de averiguación penal a cargo de sus antiguos subordinados; y que la jefatura de la PFP tenga el mal fario de que quien la ocupe sea asesinado o llevado ante la justicia, ilustra de manera dramática la indefensión en que se encuentra la sociedad, por la incompetencia o más grave aun por las complicidades gubernamentales..
Si, como pretendió el PAN frente a Carlos Salinas, la ilegitimidad de origen que se le señaló fuera curable por un buen desempeño, el bienio perdido de Calderón no le permite gozar de ese beneficio legitimador.
posted by H2AGUA at
9:34 p.m.
