¿Defender lo indefendible?... García Luna guarda silencio
Raúl Sinobas Solís
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es un caso poco común en el servicio público de nuestro país.
Desde hace varios años se le ha vinculado con la delincuencia organizada. Incluso, algunos afirman que varios militares mostraron al entonces presidente electo Felipe Calderón, fotografías de García Luna con delincuentes en fiestas privadas.
Sin embargo, el presidente Calderón y el entonces coordinador de la transición presidencial Juan Camilo Mouriño, lo ratificaron como el mejor hombre para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública.
Hoy, sin Mouriño a su lado y cada día más solo, Calderón protege nuevamente a García Luna, justo cuando pareciera que la Operación Limpieza alcanzaría al creador de la AFI, “la primera policía blindada” del país y que tres años después decidió desaparecerla por corrupta.
Y mientras sus críticos son investigados con todo rigor y fuerza del Estado para convertirlos en indiciados lo antes posible, el cuestionado García Luna mantiene la boca cerrada y no sale al ruedo a decir su verdad para detener rumores.
Calderón es un hombre bien intencionado y por ello merece el respeto de quienes esperan ser cobijados por la investidura presidencial que al actuar de esa manera, corre el riesgo de desgastarse y desprestigiarse.
La falta de oficio político o el exceso de confianza de Calderón en algunos incondicionales, podrían derivar en una tragedia para el Estado mexicano. García Luna ha sido denunciado en los foros nacionales e internacionales. Y en México, donde el Poder Ejecutivo federal se concentra en una sola persona, las probabilidades de que el Presidente de la República se suicide políticamente son muchas, sobre todo si defiende lo indefendible.
García Luna está obligado política, jurídica, ética y moralmente, a decir si como funcionario público dio o no apoyo a grupos delictivos. No basta que en el cómodo avión presidencial o en una sala de juntas, le jure en el oído al Presidente que es su hombre de confianza. La sociedad lo llama a cuentas y debe aclarar las dudas que recaen sobre él.
Si los críticos de García Luna mintieron al incriminarlo y, por el contrario, son ellos los responsables por la comisión de delitos graves como vínculos con la delincuencia organizada, deben sentir todo el peso de la ley.
Pero no se les debe inventar delitos y sancionarlos penalmente sólo por haber cuestionado públicamente a uno de los pocos hombres confiables que le quedan al Presidente, pues eso sería moral y éticamente imperdonable.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es un caso poco común en el servicio público de nuestro país.
Desde hace varios años se le ha vinculado con la delincuencia organizada. Incluso, algunos afirman que varios militares mostraron al entonces presidente electo Felipe Calderón, fotografías de García Luna con delincuentes en fiestas privadas.
Sin embargo, el presidente Calderón y el entonces coordinador de la transición presidencial Juan Camilo Mouriño, lo ratificaron como el mejor hombre para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública.
Hoy, sin Mouriño a su lado y cada día más solo, Calderón protege nuevamente a García Luna, justo cuando pareciera que la Operación Limpieza alcanzaría al creador de la AFI, “la primera policía blindada” del país y que tres años después decidió desaparecerla por corrupta.
Y mientras sus críticos son investigados con todo rigor y fuerza del Estado para convertirlos en indiciados lo antes posible, el cuestionado García Luna mantiene la boca cerrada y no sale al ruedo a decir su verdad para detener rumores.
Calderón es un hombre bien intencionado y por ello merece el respeto de quienes esperan ser cobijados por la investidura presidencial que al actuar de esa manera, corre el riesgo de desgastarse y desprestigiarse.
La falta de oficio político o el exceso de confianza de Calderón en algunos incondicionales, podrían derivar en una tragedia para el Estado mexicano. García Luna ha sido denunciado en los foros nacionales e internacionales. Y en México, donde el Poder Ejecutivo federal se concentra en una sola persona, las probabilidades de que el Presidente de la República se suicide políticamente son muchas, sobre todo si defiende lo indefendible.
García Luna está obligado política, jurídica, ética y moralmente, a decir si como funcionario público dio o no apoyo a grupos delictivos. No basta que en el cómodo avión presidencial o en una sala de juntas, le jure en el oído al Presidente que es su hombre de confianza. La sociedad lo llama a cuentas y debe aclarar las dudas que recaen sobre él.
Si los críticos de García Luna mintieron al incriminarlo y, por el contrario, son ellos los responsables por la comisión de delitos graves como vínculos con la delincuencia organizada, deben sentir todo el peso de la ley.
Pero no se les debe inventar delitos y sancionarlos penalmente sólo por haber cuestionado públicamente a uno de los pocos hombres confiables que le quedan al Presidente, pues eso sería moral y éticamente imperdonable.