Pretende el gobierno acallarnos
Revista Forum
A un mes de cumplir 17 años de vida, FORUM es objeto nuevamente de la acción gubernamental para desaparecerla de la vida pública, por medio de la asfixia económica.
Decimos nuevamente, alejados de cualquier afán de subestimar las acciones que por órdenes de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, se emprenden para negarle al mensuario publicidad oficial, misma que se sufraga con recursos públicos que provienen de los causantes y de la expoliación que de Petróleos Mexicanos hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pretendemos, más bien, subrayar que no es ésta la primera ocasión que nos someten a presiones económicas y comerciales.
Como se recordará, durante 1993-2002 nuestra revista fue sometida a la despiadada hostilidad de los entonces secretarios de la Defensa Nacional Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre por publicar Las necesidades de un ombudsman militar en México (número 22, X-93), de la autoría de José Francisco Gallardo Rodríguez.
Enseguida, por negarse a delatar al general de haber cometido el gravísimo delito -en la enana visión de ambos divisionarios- de ejercer el derecho constitucional a la libertad de expresión y que le garantizó contra viento y marea desde entonces hasta hoy.
Tres años de investigación ministerial en contra de nuestros editores por parte de la Procuraduría General de la República, vigilancia notoria, interferencia telefónica, llamadas en falso, amenazas por medio de mensajes electrónicos, presión a los anunciantes -Lotería Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social y Desarrollo Integral para la Familia, entre otros- fue el vía crucis que padeció la revista hasta que la opinión pública y publicada arrancó de la cárcel al preso de conciencia, previo asalto de nuestras oficinas para despojarnos de los archivos electrónicos.
Estamos formados y forjados en las estrechez política que imponen desde las instituciones los poderosos y encumbrados adversarios de la libertad de expresión y el derecho a la información, también por los vigorosos poderes fácticos que desbordan a las primeras; en las limitaciones económicas que con frecuencia rayan en la penuria, pero que no impiden hacer un periodismo de análisis y reflexión como reza nuestro nombre, con manufactura profesional, diversidad informativa y editorial, que por fortuna se traducen en una mayor presencia en México y allende nuestras fronteras, gracias a nuestra página electrónica, las hemerotecas digitales que nos dan cobijo comercial, los 55 portales y el centenar de blogs que reproducen los reportajes y artículos de .
Naturalmente que la negativa de la publicidad oficial es un severo golpe a la precaria economía de la revista. Podría ser demoledora si nuestras promociones y convocatoria a los posibles anunciantes de los poderes Legislativo y Judicial, gobiernos de los estados y municipios no subordinados al Ejecutivo federal, órganos autónomos, organizaciones sociales y organismos civiles de defensa de los derechos humanos no suscitan la respuesta positiva y oportuna.
Como inmediata y de agradecerse es la reacción de lectores y cibernautas que pusieron en circulación por la aldea global los despropósitos excluyentes y atrabiliarios de Gerardo Maximiliano Cortázar Lara y que le permite su jefe y amigo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Valga la comparación que podría resultar odiosa. Ni durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, es decir: en plena campaña de hostigamiento castrense, Los Pinos reaccionó de manera tan excluyente contra , como también lo hace obtusamente con Proceso, Monitor y La Jornada.
Con la publicidad del gobierno federal se castiga a la diversidad informativa y la crítica editorial. Pero sobre todo, se premian las lealtades y las conductas lacayunas que mantienen en la desinformación a franjas amplísimas de ciudadanos.
También es digna de registro y agradecimiento la oportuna reacción de articulistas y columnistas que, desde la perspectiva de cada uno, permiten disponer de lecturas diversas que se complementan y enriquecen la valoración de un signo ominoso que forma parte de lo que constituye una sólida tendencia gubernamental: en 2007 se cometieron 113 agravios a periodistas, la mayor parte por amenazas y agresiones físicas que permanecen en la más completa impunidad. Aparte está el asesinato de 40 trabajadores de los medios de comunicación en menos de ocho años de gobiernos provenientes de Acción Nacional, el partido de la victoria cultural.
Junto a nuestros lectores y anunciantes, colaboradores y amigos, libramos esta desigual batalla hasta el límite de nuestras fuerzas -que podrían ser insuficientes para publicar el siguiente número de FORUM- con el objetivo de que la publicidad oficial sea regulada, como bien propone el legislador panista Gerardo Priego Tapia, y el grupo gobernante no la utilice como arma contundente para castigar disidencias y premiar lealtades, como en los mejores tiempos del presidencialismo absolutista.
A un mes de cumplir 17 años de vida, FORUM es objeto nuevamente de la acción gubernamental para desaparecerla de la vida pública, por medio de la asfixia económica.
Decimos nuevamente, alejados de cualquier afán de subestimar las acciones que por órdenes de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, se emprenden para negarle al mensuario publicidad oficial, misma que se sufraga con recursos públicos que provienen de los causantes y de la expoliación que de Petróleos Mexicanos hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pretendemos, más bien, subrayar que no es ésta la primera ocasión que nos someten a presiones económicas y comerciales.
Como se recordará, durante 1993-2002 nuestra revista fue sometida a la despiadada hostilidad de los entonces secretarios de la Defensa Nacional Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre por publicar Las necesidades de un ombudsman militar en México (número 22, X-93), de la autoría de José Francisco Gallardo Rodríguez.
Enseguida, por negarse a delatar al general de haber cometido el gravísimo delito -en la enana visión de ambos divisionarios- de ejercer el derecho constitucional a la libertad de expresión y que le garantizó contra viento y marea desde entonces hasta hoy.
Tres años de investigación ministerial en contra de nuestros editores por parte de la Procuraduría General de la República, vigilancia notoria, interferencia telefónica, llamadas en falso, amenazas por medio de mensajes electrónicos, presión a los anunciantes -Lotería Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social y Desarrollo Integral para la Familia, entre otros- fue el vía crucis que padeció la revista hasta que la opinión pública y publicada arrancó de la cárcel al preso de conciencia, previo asalto de nuestras oficinas para despojarnos de los archivos electrónicos.
Estamos formados y forjados en las estrechez política que imponen desde las instituciones los poderosos y encumbrados adversarios de la libertad de expresión y el derecho a la información, también por los vigorosos poderes fácticos que desbordan a las primeras; en las limitaciones económicas que con frecuencia rayan en la penuria, pero que no impiden hacer un periodismo de análisis y reflexión como reza nuestro nombre, con manufactura profesional, diversidad informativa y editorial, que por fortuna se traducen en una mayor presencia en México y allende nuestras fronteras, gracias a nuestra página electrónica, las hemerotecas digitales que nos dan cobijo comercial, los 55 portales y el centenar de blogs que reproducen los reportajes y artículos de .
Naturalmente que la negativa de la publicidad oficial es un severo golpe a la precaria economía de la revista. Podría ser demoledora si nuestras promociones y convocatoria a los posibles anunciantes de los poderes Legislativo y Judicial, gobiernos de los estados y municipios no subordinados al Ejecutivo federal, órganos autónomos, organizaciones sociales y organismos civiles de defensa de los derechos humanos no suscitan la respuesta positiva y oportuna.
Como inmediata y de agradecerse es la reacción de lectores y cibernautas que pusieron en circulación por la aldea global los despropósitos excluyentes y atrabiliarios de Gerardo Maximiliano Cortázar Lara y que le permite su jefe y amigo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Valga la comparación que podría resultar odiosa. Ni durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, es decir: en plena campaña de hostigamiento castrense, Los Pinos reaccionó de manera tan excluyente contra , como también lo hace obtusamente con Proceso, Monitor y La Jornada.
Con la publicidad del gobierno federal se castiga a la diversidad informativa y la crítica editorial. Pero sobre todo, se premian las lealtades y las conductas lacayunas que mantienen en la desinformación a franjas amplísimas de ciudadanos.
También es digna de registro y agradecimiento la oportuna reacción de articulistas y columnistas que, desde la perspectiva de cada uno, permiten disponer de lecturas diversas que se complementan y enriquecen la valoración de un signo ominoso que forma parte de lo que constituye una sólida tendencia gubernamental: en 2007 se cometieron 113 agravios a periodistas, la mayor parte por amenazas y agresiones físicas que permanecen en la más completa impunidad. Aparte está el asesinato de 40 trabajadores de los medios de comunicación en menos de ocho años de gobiernos provenientes de Acción Nacional, el partido de la victoria cultural.
Junto a nuestros lectores y anunciantes, colaboradores y amigos, libramos esta desigual batalla hasta el límite de nuestras fuerzas -que podrían ser insuficientes para publicar el siguiente número de FORUM- con el objetivo de que la publicidad oficial sea regulada, como bien propone el legislador panista Gerardo Priego Tapia, y el grupo gobernante no la utilice como arma contundente para castigar disidencias y premiar lealtades, como en los mejores tiempos del presidencialismo absolutista.
posted by H2AGUA at
12:31 a.m.
