Pájaros de cuenta

Jorge Lara Rivera

Fue característico de los regímenes fascistoides y con vocación totalitaria (y en el Estados Unidos de George Bush) el espionaje contra sus propios ciudadanos.

Durante mucho tiempo, en su asunción del lucrativo papel de víctima que tantos dividendos le rindiera, Acción Nacional atribuyó a los gobiernos priístas prácticas equivalentes, desde luego contrarias a la democracia, en las que la disidencia y aun la oposición más acre tienen un lugar y una representación en la asamblea.

Quizá ese sea el motivo por el que resulta tan repugnante, a la opinión pública, la reiteración del conocido expediente de doblez moral del panismo en todo este asunto del espionaje en la actualidad a los legisladores, por más que la misma presidencia haya escogido enlodarse sus presuntas “manos limpias” con tal de proteger a los responsables. Por otro lado, de veras que nunca hubo motivo para hacerse ilusiones respecto al histórico talante autoritario de la derecha, su segunda naturaleza.

Pero el desaseo –quién lo duda– se va tornando distintivo de la presente gestión federal (recuérdese la precariedad legal de origen del titular de Gobernación; el conveniente olvido del caso de las ‘mandarinas’ de los Bribiesca-Sahagún en el grave accidente de la plataforma de PEMEX; la expedita salida de los representantes internacionales de Derechos Humanos por sus críticas al gobierno y su combate al narcotráfico a través del Ejército –que por fin admite la CNDH-; la servil disposición de la Procuraduría General de la República para extraditar al capo Arellano Félix al vecino país del Norte por encima del amparo federal; la tolerancia a todo trance del invasivo proceder del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; la amnesia del régimen por el esfumado de millones de dólares de los excedente petroleros gracias al prestidigitador Agustín Carstens).

Así las cosas, no debiera sorprender que la inminente ansia por imponer a como dé lugar este año la privatización parcial de PEMEX, promovida por el Ejecutivo federal, empiece ya a producir nuevos y nocivos efectos.

Entre lo más reciente, destaca la persistente cerrazón del régimen ante cualquier cuestionamiento a sus políticas públicas, como en el caso de su negativa para atender el exhorto del H. Congreso de la Unión, representación soberana de México, en el sentido de remover al turbio director del CISEN (a quien, es sabido, Calderón debe la campaña de encuestas sesgadas con que apuntaló en la percepción social su desangelada candidatura) por el abuso de poder cometido y la desconfianza generados con su labor de espionaje, empleando los recursos y el aparato del Estado para vigilar, ilegalmente, a legisladores clave o desafectos a la administración panista –ya crujió ésta buscando defender lo indefendible ante las acusaciones. El asunto cobra un relieve especial, toda vez que se aproxima la revisión de la iniciativa calderonista y el año electoral de renovación de diputados, lo que lleva a maliciar los peligrosos motivos de que haya ‘pajaritos en el alambre’.

También se nota cómo se rejuvenece el viejo expediente de las adhesiones mediante sospechosos desplegados en prensa de firmas y membretes de ocasión, apoyando el inefable interés para que se acelere el proceso de privatizaciones; y desde luego, la evidente desinformación en cascada que promueven los grupos oligárquicos a través de anuncios en la televisión comercial abierta y comentarios de las cabezas de ‘impolutos y altruistas’ organismos cupulares como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional de hombres de Negocios –hasta el Episcopado Mexicano se ha pronunciado reprobando la consulta a que convocan en el D.F.

Y frente a toda esa avalancha, cuyo cometido manifiesto o subrepticio es el lavado cerebral al vasto público, aparecen dos tímidos promocionales a favor de la defensa de la soberanía nacional en el caso del petróleo con cargo al Partido del Trabajo; así también como “la voz que clama en el desierto” del Partido Verde Ecologista –un verde pálido, eso sí– patrocinando tres anuncios que piden, como en carta a Santa Clos, “por una reforma integral que considere el desarrollo de fuentes de energía limpia”; y aquí cabe aceptar sin ambages que, ante la triste evidencia del cambio climático, tienen a la razón de su parte para un ya irreversible mediano plazo.

Si bien a la luz del Debate Nacional en el Senado de la República hay coincidencia en la necesidad de reformar a PEMEX, la inmensa mayoría de los comparecientes ha expresado desacuerdo con los términos de la iniciativa presidencial, desnudándola de mercadotecnia para exhibir que significa la privatización parcial de esa paraestatal petrolera –nuestro patrimonio colectivo–, la legalización de su entrega a los intereses extranjeros.

Se ha dicho que bastan sólo once votos del PRI para que el panismo consuma el despojo a la Nación que lo anterior significa. Esperemos que los legisladores del tricolor aguanten a pie firme esta carga polifacética de tentaciones y presiones, con que ya los embiste –vorazmente– la oligarquía depredadora.