Reforma energética calderonista: ilegal y autocrática

Enrique Montalvo Ortega

Podemos decir, sin asomo de duda, que el objetivo central de las reformas jurídicas que Felipe Calderón envió al Congreso es privatizar las utilidades de PEMEX, esto es crear las condiciones jurídicas para que los grandes consorcios petroleros obtengan las utilidades de los múltiples procesos que van desde la extracción hasta la transformación del petróleo, pasando por el transporte.

El medio por el cual Calderón pretende lograr esto es el de los contratos. Si en lugar de que PEMEX se haga cargo de toda una serie de procesos, especialmente de los más redituables, los realizaran empresas privadas con las que se suscriben contratos, el objetivo se habría alcanzado, los consorcios obtendrían jugosísimas ganancias y PEMEX, y por consiguiente el conjunto de la nación, nada más recogeríamos las migajas al ver pasar el dinero hacia las arcas de esas empresas, como Repsol, Shell, Halliburton, Exxon, etc.

Pero para que Calderón y las trasnacionales del petróleo puedan alcanzar su objetivo existe un pequeño obstáculo: la Constitución Política de México, que clara, contundente y enfáticamente prohíbe la realización de contratos en cuestiones de petróleo.

Como para cambiar la Constitución se requieren dos tercios de votos en el Congreso, casi seguramente resultaría imposible tratar de modificarla. Es decir, la vía democrática para abrir los contratos está cerrada. ¿Qué se le ocurrió entonces a Calderón y sus cómplices en la tarea de vender el país? Pues muy sencillo, como se dice coloquialmente tratar de darle la vuelta y modificar algunas leyes secundarias con propuestas contrarias a la Constitución y de esa manera, ampararse legalmente en la realización de los contratos, o sea la vía de la ilegalidad, porque no puede ser llamado de otra manera el intento de hacer que se aprueben leyes contrarias a la Carta Magna.

Es por eso que el célebre abogado constitucionalista y maestro emérito de la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas, declaró: “Por el solo hecho de haber enviado las cinco iniciativas de reforma energética , el presidente de la república, Felipe Calderón, podría ser objeto de demanda de juicio político”.

Para lograr la privatización Calderón envió entonces las siguientes cinco iniciativas al Congreso: Reformas y adiciones a la ley reglamentaria del art. 27 en el ramo del petróleo, Reformas a la ley orgánica de la administración pública federal, Reformas a la ley de la Comisión Reguladora de Energía, Iniciativa de Ley de la Comisión del Petróleo, Iniciativa de nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.

Conviene ahora contrastar lo que se expresa en esas reformas y lo que dice nuestra Constitución, para que sea usted amable lector el que decida sobre la anticonstitucionalidad de las mismas.

Nuestra constitución no da rodeos sobre el tema, señala claramente:

“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos (…) NO SE OTORGARÁN CONCESIONES NI CONTRATOS, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (…)” (art. 27)

Más claro ni el agua. Sabiamente en todo el ramo petrolero los contratos están absolutamente proscritos. Lea usted ahora lo que dicen las reformas de Calderón:
La primera, Reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Art. 27 en el ramo del petróleo dicta que:

“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, PREVIO PERMISO, PODRÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS, DE LOS PRODUCTOS QUE SE OBTENGAN DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS.”

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios PODRÁN CONTRATAR CON TERCEROS los servicios de refinación de petróleo”. (art. 4)

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios PODRÁN CELEBRAR CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS CONTRATOS de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere…” (art. 6)

Como se ve, estas propuestas son frontalmente contradictorias con la letra y el espíritu constitucionales.

La siguiente propuesta calderonista, las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorgan a la Secretaría de Energía no el papel de defender y explotar nuestro petróleo a favor de la mayoría de los mexicanos sino el de promover la entrada de las empresas petroleras, otorgándoles concesiones.

Según ella, a la Secretaría de Energía corresponde: “Promover LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES en las actividades del sector, en los términos de las disposiciones aplicables.” (art. 33, frac. V) “OTORGAR Y REVOCAR CONCESIONES, permisos y autorizaciones en materia energética, incluyendo las de los principales proyectos y las de los trabajos del sector, conforme a las disposiciones aplicables.” (art. 33, frac.VII)

La Ley de Comisión de Petróleo señala que: “Corresponde a esa Comisión (…) OTORGAR Y REVOCAR LOS PERMISOS para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos.” (art. 3, frac. V)

O sea, ya no sería PEMEX la empresa mexicana encargada por ley de estas tareas, sino que habría una Comisión por encima de ella, que dictaminaría a quién le entrega permisos y a quién no.

Y, ¿sabe usted como se forma esa Comisión? Pues asómbrese, se ordena que “Los comisionados serán designados por el Ejecutivo Federal.” (art. 5)

Es decir, que una Comisión con tamañas atribuciones sobre el destino del petróleo va a quedar en manos de una sola persona, el presidente, quien designará a sus empleados para que hagan y deshagan.

Como cualquiera con un poco de objetividad puede observar, las reformas aquí analizadas son absolutamente contrarias a la Constitución, están dirigidas a privatizar las ganancias petroleras a favor de unos cuantos. Para ello se acude a la flagrante violación de la Constitución, y al recurso de concentrar en las manos de una sola persona, el presidente, las decisiones que, en un régimen democrático nos deberían competer a todos los mexicanos.

¿Podría pensarse en algo más ilegal y más lejano de la democracia? Además, concentrar las decisiones en una sola persona es la mejor manera de abrir las puertas a la corrupción.