¿! Ya basta sr. Presidente¡?
Lydia Cacho
Felipe Calderón tiene miedo. Pero no es el mismo miedo que tenemos 104 millones de mexicanos y mexicanas que sabemos que de 100 delincuentes que nos ataquen sólo dos irán a prisión. No es el miedo de los empresarios que saben que su cabeza tiene precio para los secuestradores. Ni el de periodistas que reciben granadas en sus redacciones, o cabezas y cuerpos mutilados a la puerta de sus diarios. No es el mismo miedo de familiares de las y los reporteros secuestrados, torturados, desaparecidos.
El Presidente tiene el miedo de quien cree que tiene el control de la situación y la realidad le abofetea en el rostro para recordarle que se equivoca. El asesinato de Edgar Millán desató su ira y el “¡Ya basta!” (aunque unos días más tarde nos aseguraron que vamos ganando al guerra. ¿Acaso Mouriño confunde la realidad con el score de su X-Box?).
Junto con su “Ya basta”, el Presidente expresó sus reclamos a la prensa y a los ciudadanos: “Es una exigencia sin excepción. A los ciudadanos para no ser cómplices de la ilegalidad, para denunciar los delitos, para avisar a las autoridades de los delitos, de las operaciones criminales. Para no solapar la existencia, ni en el barrio, ni en la ciudad (…) ni en la cámara empresarial de las organizaciones criminales”.
Esta retórica de corresponsabilidad valdría en un país en que el gobierno reconoce a la sociedad como interlocutora. Pero el gobierno de Calderón tendría que ser capaz de darle garantías y seguridad a las y los que siguiendo su “exigencia” arriesguen su integridad y la de sus familias. Pero algo no cuadra en este grito de guerra presidencial. Las y los periodistas que hacen justo lo que Calderón pide, son sometidos a juicios interminables como el que enfrenta Miguel Ángel Granados Chapa, o están muertos como Jesús Blancornelas y 30 más; o viven bajo amenazas como cientos de colegas. No es válida cuando el gobierno despolitiza y desprecia los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son una súplica moral, sino una exigencia legal para evitar (entre otras cosas) los abusos del poder en todos los ámbitos sociales. No se puede exigir a la sociedad que se sume a la guerra, mientras el Ejército y la policía tienen carta blanca para violar derechos y arroparse entre el patriotismo y la corrupción.
Yo le pregunto al Presidente. ¿Es una guerra contra las drogas o contra los poderes del narco? ¿En quién sugiere el Presidente que creamos? ¿Que denunciemos ante la policía infiltrada que vendió a Millán? ¿Acaso no tienen SIEDO y la Secretaría de Hacienda instrumentos para investigar la economía criminal en las cámaras empresariales? ¿Propone el señor Presidente que la gente común vaya a la policía local a denunciar las narcotiendas que los polis protegen? ¿Llama a la sociedad solapadora cuando en el Congreso están los priístas que generaron y alimentan un sistema sin estado de derecho que fortaleció al crimen organizado? ¿Quién solapa a los gobernadores y alcaldes asociados con el crimen organizado? ¿Quién se toma la foto a su lado?
Felipe Calderón tiene miedo. Pero no es el mismo miedo que tenemos 104 millones de mexicanos y mexicanas que sabemos que de 100 delincuentes que nos ataquen sólo dos irán a prisión. No es el miedo de los empresarios que saben que su cabeza tiene precio para los secuestradores. Ni el de periodistas que reciben granadas en sus redacciones, o cabezas y cuerpos mutilados a la puerta de sus diarios. No es el mismo miedo de familiares de las y los reporteros secuestrados, torturados, desaparecidos.
El Presidente tiene el miedo de quien cree que tiene el control de la situación y la realidad le abofetea en el rostro para recordarle que se equivoca. El asesinato de Edgar Millán desató su ira y el “¡Ya basta!” (aunque unos días más tarde nos aseguraron que vamos ganando al guerra. ¿Acaso Mouriño confunde la realidad con el score de su X-Box?).
Junto con su “Ya basta”, el Presidente expresó sus reclamos a la prensa y a los ciudadanos: “Es una exigencia sin excepción. A los ciudadanos para no ser cómplices de la ilegalidad, para denunciar los delitos, para avisar a las autoridades de los delitos, de las operaciones criminales. Para no solapar la existencia, ni en el barrio, ni en la ciudad (…) ni en la cámara empresarial de las organizaciones criminales”.
Esta retórica de corresponsabilidad valdría en un país en que el gobierno reconoce a la sociedad como interlocutora. Pero el gobierno de Calderón tendría que ser capaz de darle garantías y seguridad a las y los que siguiendo su “exigencia” arriesguen su integridad y la de sus familias. Pero algo no cuadra en este grito de guerra presidencial. Las y los periodistas que hacen justo lo que Calderón pide, son sometidos a juicios interminables como el que enfrenta Miguel Ángel Granados Chapa, o están muertos como Jesús Blancornelas y 30 más; o viven bajo amenazas como cientos de colegas. No es válida cuando el gobierno despolitiza y desprecia los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son una súplica moral, sino una exigencia legal para evitar (entre otras cosas) los abusos del poder en todos los ámbitos sociales. No se puede exigir a la sociedad que se sume a la guerra, mientras el Ejército y la policía tienen carta blanca para violar derechos y arroparse entre el patriotismo y la corrupción.
Yo le pregunto al Presidente. ¿Es una guerra contra las drogas o contra los poderes del narco? ¿En quién sugiere el Presidente que creamos? ¿Que denunciemos ante la policía infiltrada que vendió a Millán? ¿Acaso no tienen SIEDO y la Secretaría de Hacienda instrumentos para investigar la economía criminal en las cámaras empresariales? ¿Propone el señor Presidente que la gente común vaya a la policía local a denunciar las narcotiendas que los polis protegen? ¿Llama a la sociedad solapadora cuando en el Congreso están los priístas que generaron y alimentan un sistema sin estado de derecho que fortaleció al crimen organizado? ¿Quién solapa a los gobernadores y alcaldes asociados con el crimen organizado? ¿Quién se toma la foto a su lado?