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lunes, 16 de junio de 2008

Las traiciones de Creel

Ernesto Villanueva

El cese del coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Santiago Creel, se ha prestado a múltiples interpretaciones. Hay, incluso, quienes ven en esa decisión del PAN una claudicación frente a las televisoras. Más allá de que se trata de una decisión interna del partido del gobierno, merece la pena recordar a qué intereses responde Santiago Creel, quien ha buscado reciclarse como uno de los “buenos” y “demócratas” a últimas fechas. Vayamos a los hechos.

Primero. El viernes 7 de febrero de 2001, recientemente nombrado Secretario de Gobernación, Santiago Creel se comprometió a que el gobierno federal instalaría el Consejo Nacional de Radio y Televisión, previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión. El Consejo no fue instalado sino dos años después y, además, violando su propia normatividad. De acuerdo al Manual de Operación del Consejo debe sesionar al menos 6 veces al año. Del 2003 al 2008 (Creel estuvo hasta mediados del 2005) ha realizado tan sólo 10 reuniones para analizar temas de forma. Además, la testimonial figura del invitado especial de la sociedad civil ha recaído en representantes de la ultraderecha mexicana, según dan cuenta las actas de las sesiones respectivas. Al mismo tiempo, el 5 de marzo de 2001, Creel convocó a crear la “Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos de Comunicación”, como una cortina de humo donde habrían de trabajar representantes de la sociedad civil, concesionarios, legisladores y servidores públicos. Durante más de un año y 57 reuniones después de entretenimiento político, se pudo saber que esa fue sólo una medida de distracción lastimando la buena fe de quienes en esa tarea participaron.

Segundo. El 10 de octubre de 2002 Santiago Creel violando la ley, de acuerdo a la cual la Comisión Federal de Mejora Regulatoria requiere de 30 días para dictaminar cualquier reforma normativa y establecer su impacto regulatorio, aprobó y defendió el Reglamento de contenidos de la Ley Federal de Radio y Televisión en donde, por un lado, redujo los tiempos oficiales sustancialmente (más del 90%), medida que sigue teniendo consecuencias en el acceso equitativo a los medios. Y, por otro, creó un “derecho de réplica”, con dos problemas: a) Es ilegal porque un reglamento no puede crear derechos no previstos en la ley que justifica su existencia y b) Está redactado de tal forma que su ejercicio es sólo una ilusión. Por si lo anterior fuera poco, el “Reglamento Creel” citaba en el derecho de réplica un artículo inexistente del código penal. En aquella oportunidad decía el entonces senador Javier Corral frente a los argumentos de Creel a favor de la opacidad para justificar el reglamento de referencia: “Ese es un criterio antijurídico del secretario de Gobernación, para cubrir una decisión de albazo reglamentario, porque está perfectamente consciente de que si se nos hubiera comunicado o anticipado un pormenor de las disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, éstas no se hubieran realizado”. (Nota de Juan Arvizu, El Universal 24-10-2002).

Tercero. El 25 de mayo del 2005, seis días antes de que Santiago Creel renunciara a la Secretaría de Gobernación, entregó el permiso P-05/2005 a la empresa Apuestas Internacionales, S.A. de C.V., cuya estructura accionaria conforman Televisa Juegos, S.A. de C.V., y Grupo Televisa, S.A., el cual tendría una vigencia por 25 años, con prórrogas hasta de 15 años más. Ese permiso permitía la apertura de 65 locales para crear el mismo número de centros de apuestas remotas, conocidos como "books" y 65 salas de sorteos de números o "bingos". Asimismo, la empresa Promociones e Inversiones de Guerrero obtuvo autorización para manejar 53 negocios de ambos tipos.

Sirva recordar que durante todo el régimen de 70 años de priato se autorizaron 116 centros de apuestas remotas y 47 salas de sorteos. Eso, por supuesto, generó reacciones en la opinión pública y los permisos que se convirtieron en la manzana de la discordia, donde Creel sostuvo: a) Que lo hacía para “democratizar” ese mercado con el “mejor ánimo”; b) Que no lo había autorizado él, sino un consejo, que se descubrió después que estaba integrado por los propios servidores públicos de Gobernación más un representante externo sin voto; c) Que tenía base legal, se supo también que él mismo había aprobado en octubre del 2004 el reglamento a modo para hacer esta operación.

¿Quién puede afirmar que Creel con todo esto es un hombre confiable y “demócrata”?

Dice el adagio que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Esta ayuda de memoria permite concluir que Santiago Creel responde, pues, sólo a sus propios intereses y su lealtad es consigo mismo. Perdió la contienda interna del PAN por su propia incapacidad y su desempeño como coordinador parlamentario fue ineficaz para su partido, acaso precisamente por eso la preocupación de los partidos de oposición por dejar de tener un interlocutor de pocas luces. Nada más lejos estoy de coincidir con el PAN, pero creo firmemente que la salida de Creel residió en su falta de operación política, amén, por supuesto, de la suma de traiciones al interés público que su ambición por el poder privilegió. Nada más, pero nada menos.