Las andanzas del gallego orejón por tierras Mexicanas 10

Mouriño, negocios al amparo del poder

De los 10 contratos y convenios, más cuatro modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, seis fueron formalizados por el secretario de Gobernación –y avalados por el jurídico de Pemex, a cargo de César Nava Vázquez–, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses. Uno de los contratos, que firmó como funcionario federal, implicaría responsabilidades penales y administrativas. Además, los ingresos que obtuvo como contratista de la paraestatal no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales, las cuales, desde que llegó a Los Pinos, permanecen cerradas y sin acceso a la opinión pública

Convenios, contratos y extensiones de TEISA en Refinación

GTT-0142-01/1988
GTT-0142-01/2000
GTT-0142-02/2000

Más Contratos

Diagrama de Operaciones, Alianzas y Empresas

Peripecias de Mouriño, Yáñez y Richter

• “La libreta y la pluma de un reportero”
• La sociedad puede confiar en Contralínea

Ulrich Richter Morales, el “personero” del empresario campechano Amado Yáñez y de su compañía Oceanografía, aprovechó el espacio radiofónico que tenía la periodista Carmen Aristegui y su presencia allí tuvo consecuencias previstas y otras que se salieron de control. Ante los micrófonos de la W, Richter cumplía así su papel como táctico del grupo de empresarios y políticos de Campeche: advertía, amenazaba, difamaba y señalaba con suspicacia el trabajo periodístico de investigación que Contralínea realiza en relación con los contratos que Petróleos Mexicanos celebra con ese grupo empresarial y político. Al mismo tiempo colocaba una sombra más sobre el destino periodístico de Carmen Aristegui, quien representa un malestar permanente para ciertos funcionarios de la casa presidencial.

La participación de Richter Morales se da precisamente en los últimos programas que la periodista Aristegui transmitió en la W. Es decir, cumplía con los propósitos establecidos tácticamente desde la cúpula del poder para tratar de desactivar la información que hasta ese momento se había producido entorno a la empresa Oceanografía y sus vínculos con funcionarios de alto nivel, algunos de ellos se desempeñan en Los Pinos, Gobernación y Pemex, lo cual se acercaba peligrosamente a sus relaciones comerciales y de negocios con la paraestatal petrolera.

Como siempre, la periodista Aristegui actuó con el mejor sentido ético y veraz de la información: equilibró sus contenidos dándole intervención a las partes interesadas en la información, que ya anunciaba una tormenta para la contratista y funcionarios del gobierno federal. En el curso de la plática con el reportero, quedó claro el valor del periodista como testigo y narrador de la historia, así como la importancia de su credibilidad cuando requirió pruebas sobre la veracidad de lo informado y se le explicó –situación que sin dudar admitió la periodista– que de acuerdo con la mejor tradición del medio impreso y su reportero se emplea como único instrumento de trabajo la memoria, la libreta y la pluma. Que son en realidad los medios que expresan la confianza de la opinión pública en ejercicio de su derecho a la información sobre el periodismo escrito.

Pero a Richter le pareció “oscuro” el que se invocara una libreta y una pluma en el trabajo del periodista como vehículos informativos. Incluso se mofó públicamente de ello y de la ironía pasó al reto. El desafío del abogado al periodista fue ante millones de escuchas bien ganados por Aristegui en todo el país, gracias a su credibilidad.

En el dicho de Richter había un aliento empresarial con un tufillo de fondo político. El “personero”, convencido de que sus palabras tenían el aval de aquellos a quienes sirve profesionalmente, usó un argumento lamentable para descalificar lo publicado sobre las actividades de Oceanografía, dijo que la información era falsa y difamatoria, a lo cual siguió el reto: ¡prueben su dicho!

Aquí empezó la historia y esa fue la causa directa e inmediata que provocó que la investigación periodística sobre los vínculos del grupo Campeche, que cada día que pasa deja ver a sus integrantes, al grado de que ahora han sido identificados. Sus mandantes pensaron que le habían dado una misión a un bombero para apagar un incendio, cuando en realidad mandaron a un incendiario que acostumbra arrojar combustible al fuego. Así fue, Ulrich Richter Morales y su patrón Amado Yáñez Osuna han sido los provocadores del escándalo que hoy envuelve al bisoño secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien en medio del vendaval no da muestras de madurez y habilidad política para atender el problema que ocasionó el “personero” del derecho.

Las palabras de reproche sobre la información relacionada con Oceanografía se acercaron peligrosamente a la censura. Pero las cosas no han quedado ahí. Richter Morales piensa que el Senado de la República y la Cámara de Diputados son una especie de subdirección legislativa que depende del secretario de Gobernación. Allí en ambas cámaras el “personero” insiste en lanzarle lumbre al fuego y reclama airadamente a los legisladores su intervención por investigar lo que ya parece infrenable. Sus llamadas y acosos no solamente han sido molestos y ofensivos a diputados y senadores, sino que confirman que él forma parte de una estrategia para apaciguar las aguas en relación con uno de los campos más importantes en la vida de la empresa petrolera del país: la contratación de bienes y servicios a cargo de particulares nacionales o extranjeros.

Asfixiante cerco a Pemex

El cerco histórico sobre Pemex es asfixiante: su régimen fiscal, la declinación productiva, las dificultades para explotar nuevos yacimientos en aguas profundas, la corrupción sindical, la administrativa –uno de los últimos directores, Raúl Muñoz Leos, ha sido sancionado para pagar 940 millones de pesos por su incompetencia profesional–, los créditos mal adquiridos y pagados, poslitigios que pierde la paraestatal en el extranjero y en el país, la desmedida ambición de sus proveedores de toda clase de servicios y bienes. Es cierto que el petróleo y la empresa son uno de los mejores patrimonios de la nación. Por esta razón, el debate actual y su destino histórico resultan de interés inevitable para los mexicanos.

Es sólo en esta línea de trabajo de investigación en donde cobra importancia la información periodística y se pueden apreciar de mejor manera las prácticas, las tácticas y las estrategias de los grupos que tienen intereses de toda clase en relación con Pemex. Su importancia política es de primer orden. Tan es así que el caso Oceanografía y sus repercusiones fue una de las últimas informaciones que sirvieron como razón y pretexto para fustigar hasta el despido de Carmen Aristegui en su programa de radio.

Pero en el concierto de políticos, empresarios y profesionales de la ley, alguien se equivocó en la táctica que acabó cercando al bisoño secretario Juan Camilo Mouriño, como si se hubiera lanzado un búmeran que hoy parece nada lo detiene.

La tormenta desencadenada por Richter y Amado Yánez al reprobar la práctica periodística y al mismo tiempo despreciar la función social y política de la prensa, ha permitido entender con claridad que en una sociedad democrática moderna el escándalo es un medio de control social para contener la corrupción pública y privada.

La información de un medio mexicano sobre un hecho específico, es decir las relaciones comerciales de Oceanografía con Pemex, fue tildada de sospechosa y falsa.

Ante esto el medio de comunicación (Contralínea) hizo lo que cualquier periodista haría, ahondó la investigación y a su paso fue encontrando elementos objetivos e irreprochables sobre hechos (ya confesos en el caso de Mouriño) que dan lugar a considerar que el juego de intereses se da más allá de las disposiciones legales que regulan con severidad la actividad de la administración pública y la moralidad que exige un sistema que se basa en el equilibrio, la honestidad y la transparencia.

Como ha sucedido en los últimos seis años de existencia de la revista Contralínea, la realidad confirmó que la información de esta publicación es veraz. Si los involucrados, como el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, resuelven o no sus conflictos legal y moral, dependerá de su capacidad ética y política. Pero en todo caso la sociedad ha ganado, porque se confirma que uno de los mejores instrumentos de la libertad de expresión siguen siendo la libreta y la pluma del reportero, en los cuales aún puede confiar la sociedad.

Para los políticos en su quehacer diario, es claro que los abogados no les son confiables. Siempre dudan de que en su ejercicio profesional, que tiene relación con las instituciones de justicia y pleitos muy concretos, tengan la capacidad de comprender las causas, consecuencias y complicaciones de los hechos políticos. Una muestra de ello es lo que viven el secretario de Gobernación y el grupo político al que pertenece, además de los círculos empresariales de los que proviene, en donde se ha confirmado que no siempre el abogado tiene las habilidades para navegar en las aguas siempre procelosas de la política.

Para todos ahora es claro que Mouriño, Yáñez y Richter obtuvieron lo contrario de lo que querían.


Reacción iracunda de Pemex

Y aprovechando que hablamos de Petróleos Mexicanos, es ahí en esta empresa petrolera del Estado y de la cual dicen “es de todos los mexicanos”, en donde se ha dado la primera reacción iracunda como una “respuesta institucional” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para externar su malestar con la revista Contralínea por haberse atrevido a hacer públicos los contratos firmados por el empresario y ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en su calidad de accionista y apoderado legal de la empresa Ivancar, para obtener convenios que le permitan a él y su familia allegarse recursos públicos por proporcionar servicios de transporte a Pemex.

Resulta que el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, se comunicó la semana pasada al área comercial de Contralínea, para aclarar y advertir que ante lo revelado en esa revista sobre las relaciones comerciales de Mouriño con Pemex, “es una decisión institucional no volver a anunciarse ni a dar una sola pauta publicitaria de esta empresa del Estado para la revista Contralínea”.

Ramírez cree que el dinero público que se maneja en una empresa del Estado como Pemex no es de los mexicanos, sino que es propiedad del presidente de la República, del director general de Pemex y hasta de él mismo, por lo cual este bisoño jefe de prensa ha decidido institucionalmente “castigar” a la revista Contralínea y retirarla de su lista de anunciantes como una primer medida del gobierno panista de Calderón para quien se atreva a denunciar hechos de corrupción en los que se envuelve la administración pública federal.

La Impunidad

Luego de que los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión se reunieron con Juan Camilo Mouriño Terrazo para solicitarle el refrendo de 150 concesiones ya vencidas, asunto que corresponde por ley a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no a Gobernación, las puertas de Televisa y seis importantes cadenas radiofónicas se le abrieron al delfín de Felipe para que explicara su doble militancia: trabajar en el sector público y ser apoderado legal de una empresa privada. Entonces, con preguntas a modo y cuestionamientos insustanciales, el joven pudo defenderse mejor y hasta aceptó: “Sí firmé los contratos de Ivancar, aunque no es algo ilegal ni inmoral”. Lo primero está por verse, mediante la ley de servidores públicos; lo segundo tal vez es correcto si consideramos la sentencia de Gonzalo N. Santos: “La moral es un árbol que da moras”.

Aunque éticamente, como aseguraba Jesús Reyes Heroles padre, hay algo incorrecto y terrible. En este país, a menos que se acepte la conseja de Hank González (“un político pobre es un pobre político”) el servicio público no debe ser para favorecer intereses personales o familiares. Asunto, por cierto, muy común entre los grillos de todas las organizaciones. Luego de afirmar que signó los famosos contratos, Mouriño dijo que el ataque se dio porque sus adversarios “no quieren que México avance”, lo cual muestra que hay una línea continua entre panismo y priismo; los dos son la nación y por tanto nadie puede criticarlos, menos denunciarlos. Para lograr ese salto, Juan Camilo logró el apoyo de Emilio Gamboa (“pa’ atrás, papá”, recuerda Kamel Nacif), Manlio Fabio Beltrones y, obviamente, el oligopolio radiotelevisivo.

Los panistas se disciplinaron ante Calderón. Todo se intentará olvidar, pero las heridas a los ciudadanos serán más profundas. La corrupción del felipismo es larga y saldrá pronto. Aunque se tape un hoyo.


En la mira

El inventario que da a conocer Contralínea de quienes hicieron negocios turbios en la Secretaría de Energía y Pemex será penoso y escalofriante. En el número 96 de esa publicación viene detalladamente el caso Mouriño. Pero en subsiguientes entregas están los casos de César Nava, secretario particular de Felipe, y del círculo más íntimo de Los Pinos. No es raro, entonces, que el director del impreso, Miguel Badillo, tenga varias demandas en su contra. Urge el apoyo del gremio.


Adiós y espera

Luego de 20 años al frente de El Economista, Luis Enrique Mercado rompió con sus socios y dejó la nave que encabezó ese lapso. Ahora se le escucha frecuentemente en el noticiario de Eduardo Ruiz Healy. Mientras que Carmen Aristegui sigue llenando auditorios en los que se presenta, recientemente en la Facultad de Economía de la UNAM, aunque, según dicen, las negociaciones para que apareciera en MVS fracasaron y la familia Aguirre de Radio Centro está dividida para hacerle una oferta a la periodista. Mientras, de una revista especializada salieron varios.


Nuevas bajas

En Conaculta, lo mismo renunció Plácido Pérez Cué a Comunicación Social, que el inteligente y capaz Luis Mario Moncada se retiró de la coordinación del Teatro Helénico, pues el apoyo que se le daba a las actividades en ese importante recinto era ínfimo. A Sergio Vela no lo defiende ni su suegra Martha Chapa. Y Germán Martínez, jefe panista, en un artículo (El universal, 26 de febrero), señala “desbarajustes” en la administración de Sergio. Qué importa, Felipe sostiene a Vela.


No a la disidencia

El caso de los estudiantes (politécnicos y universitarios) que fueron bombardeados por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano ha planteado una vez más el debate de si las instituciones de enseñanza “forman guerrilleros”. La mayoría de los escribidores, incluso quienes anduvieron en organizaciones revolucionarias, condenan a los jóvenes actuales que, equivocados o no, optaron por un contacto con las FARC. Es indudable que se necesita una amplia discusión al respecto. Pero datos ilustran la desesperación juvenil y ante ello, los articulistas jamás reparan: de más de 250 mil mexicanos que fueron a estudiar al extranjero durante varios años, ninguno quiso regresar al país por falta de alternativas; mientras que la Iberoamericana de Puebla hizo una feria del empleo, y para 4 mil plazas se inscribieron 2 mil licenciados, la mayoría no había conseguido ocupación en tres años. Cuestiones que no preocupan a quienes hablan de “democracia” y “libertad”.

Mouriño no sirve ya en Gobernación

JC, Iván, Juan Camilo, como se llame, nacido español y naturalizado mexicano, de apellidos Mouriño Terrazo –heredero, con sus hermanos, de una fortuna millonaria, producto de inversiones y supuesto tráfico de influencias en productos energético-petroleros–, está repitiendo la historieta de José Córdoba, el nacido francés y naturalizado mexicano durante el salinismo, cuando saltó de las tenebrosas estancias de Los Pinos al estrellato de la Secretaría de Gobernación, para rebasar el currículum de Córdoba, pero alcanzar más rápidamente el ocaso. Se apaga la estrella de Mouriño. Elevado a su nivel de incompetencia, desgastado por críticas y defensas, no tuvo ni la preparación ni el carácter ni los antecedentes de un Jesús Reyes Heroles, para remontar la crisis política que lo está devorando y frente a la cual no pudo ni él ni Calderón implantar una decisión para resolverla. Y salvarlo.

Ascenso espectacular en medio de un escándalo político y entrampado en una telaraña de complicidades y beneficios familiares-empresariales, Mouriño ya topó con pared.

No sirve ya como secretario de Gobernación. Y mucho menos como ensayo de jefe de gobierno, para lo que la reforma del Estado vislumbra como la posible creación institucional de un presidencialismo semiparlamentario, donde el presidente de la República en turno, gradualmente, vaya cercenándose una de las dos cabezas que todavía reúne: jefe de Estado y jefe de gobierno. No le salió la jugada a Felipe ni a Juan Camilo. Los que están queriendo defenderlo de las críticas no lograron apuntalarlo. Y es que el español-mexicano (y gachupín por sus incursiones en los negocios familiares e inversiones en España y nuestro país) demostró que no tiene ni madera de político (vocación para la política, diríamos con un concepto weberiano) ni formación profesional. Es economista de una supuesta universidad de la “gusanera” de Miami, Florida.

Las embestidas y exhibiciones desde la oposición beligerante de casi todas las modalidades de la izquierda, con la punta de lanza del lópezobradorismo, realmente lo aniquilaron como la carta fuerte del calderonismo (y del PAN). Sus propios correligionarios fueron incapaces de ponerlo o salvo. Germán Martínez, su rival en amores políticos sucesorios, lo dejó morir acribillado por los dardos de la crítica.

Le hicieron mella hasta las mentiras, lo rumores. Y lo acabaron los documentos publicados en los medios de comunicación escritos, sobre sus enredos empresariales-familiares. Su deslinde de éstos no le sirvió. Era hombre al agua, y en los rápidos de la política práctica fue arrastrado contra los peñascos del escándalo asociado con la corrupción del tráfico de influencias. Y Mouriño quedó atrapado en “la perversión o pérdida de integridad en el ejercicio de las tareas públicas” (John B.

Thompson, El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación).

No hubo estrategia política en su nombramiento, por la desesperación de Mouriño de entrar en escena. Su ambición y vanidad lo precipitaron al vacío. Niño bonito a competir con Peña Nieto, adornó páginas de las revistas del “corazón” que mucho bien le hicieron a las armas de la crítica, y mucho mal a él, quien no midió las consecuencias de sus actos. Probó el español-mexicano que carecía de “finalidades objetivas” y está ayuno de “responsabilidades”. Y la vanidad de querer “aparecer... en primer plano”, lo hundieron. Es irreversible su fracaso y su error. No sirve ya como secretario de Gobernación. Se quede como figura de adorno o se vaya (lo que es mejor para el calderonismo) Mouriño ya no existe políticamente. Será un secretario virtual: otro Ramírez Acuña; otro Chuayffet; otro Carrasco; otro Moctezuma.

Vaya como vaya en sus términos la reforma-contrarreforma energética, Mouriño ya no puede ser ni mensajero. A la reciente reunión de la Conago, le prohibieron ir. Y es que ya no hay secretario de Gobernación. Ha desertado de facto. Y su efímera función de jefe de gobierno, casi un primer ministro, fue un ensueño. Su precipitada ambición lo llevó a la tumba política. No tuvo cabeza para la política. Y es que se preparó para burócrata: poder tras el trono de su amigo. Fue el favorito. El calderonismo sigue fracasando con sus mujeres y hombres en el despacho presidencial.

Calderón mismo no ha dado la medida. Y Mouriño no tenía la inteligencia, la experiencia y la cultura de un político... “para intentar lo imposible”. Es más: ni siquiera intentó lo posible.

La caída de Mouriño ha sido un desastre para el calderonismo y para Calderón mismo que puso en él todas sus esperanzas y arriesgó el poco capital político que tenía para repuntar estratégicamente. Perdió el inquilino de Los Pinos a un empleado al parecer eficaz tras bambalinas. No tiene más fichas: Germán Martínez no da el ancho.

César Nava no tiene tampoco tamaños. Todo era Mouriño. Y como todos los favoritos, una vez en el escenario, son inútiles. Mala decisión de Calderón en medio de las dificultades para su “reforma” energética. Y si de los males el menor, entonces la remoción de Mouriño es indispensable. Necesaria. Aunque tardía y de graves consecuencias inmediatas. Y es que el calderonismo, por otros medios (¡oh, Clausewitz!) se encamina a repetir la farsa del foxismo. Mientras, la nación sufre la ausencia de políticos y el malestar social es un volcán.

Mouriño puede ser inhabilitado hasta por 12 años

De encontrar culpable al secretario de Gobernación de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la SFP podría inhabilitarlo hasta por 12 años, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cinco juristas explican las consecuencias legales de los actos de Juan Camilo Mouriño

El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo podría ser procesado penal y administrativamente por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses y uso indebido de atribuciones. El motivo: la firma de contratos a favor de la empresa Ivancar mientras se desempeñaba como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y, en otro momento, como diputado federal.

En caso de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo encontrara responsable de la comisión de esos ilícitos, podría ser inhabilitado del servicio público hasta por 12 años, indican juristas.

Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho, no tiene duda: “Sí hay conflicto de intereses. No puedo ser un alto funcionario del Estado y hacer negocios que tengan que ver con mis familiares; y aunque no fueran parientes cercanos, no lo puedo hacer”. Agrega que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El doctor en derecho público y ciencia política, Francisco Venegas Trejo, considera que el caso del actual secretario de Gobernación no es “insólito”. Quien fuera también director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que “siempre se ha practicado, a nivel político, el sacar beneficios y ventajas de la situación de poder o puesto que ocupan”. A esto, indica, la norma jurídica mexicana lo llama tráfico de influencias.

Aída Lazcano, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derecho administrativo, dice que todo servidor público que incurra en tráfico de influencias “comete un delito grave, ya que está violando la ley más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Agrega que, sin importar el partido o la ideología del funcionario, si consumó un ilícito, debe ser juzgado.

La carta magna, en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, en su artículo 108 señala: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal […] así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Inhabilitación

Al referirse al caso de Juan Camilo Mouriño, Daniel Márquez Gómez –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– explica que éste incurre en conflicto de intereses: es el caso de un servidor público que, en el contexto de la investidura oficial, resuelve a su vez asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tiene algún vínculo familiar, de amistad, negocio o cualquier otra índole que puede, en alguna medida, viciar la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño, cargo o comisión.

Incluso, dice, “pudo darse el caso de que una persona considerara que, como la empresa Ivancar es del jefe de asesores del secretario del sector (entonces Felipe Calderón), se le debe de dar un favor especial para quedar bien con el superior”.

Márquez, doctor en derecho y especialista en derecho administrativo, considera que al signar los contratos Mouriño pudo caer en varios supuestos delictivos; entre éstos, el uso indebido de atribuciones y facultades, tipificado en el Código Penal Federal.

De acuerdo con el artículo 217 de dicho código, “comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación”.

La sanción establecida para este ilícito es “de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

El jurista dice que para llegar a cumplirse la mencionada sanción se tendría que probar que los contratos que está suscribiendo Ivancar con Pemex son indebidos, es decir, que se generaron fuera del marco de la ley.

En el artículo 220 del mismo código –agrega– se tipifica el ejercicio abusivo de funciones, y en el 224 el enriquecimiento ilícito; ambos prevén la inhabilitación hasta por 12 años, dependiendo del monto asignado en los contratos. Los de Ivancar superan los 100 millones de pesos.

Márquez explica que el sujeto activo de la conducta en este tipo de delitos penales recae, en la mayoría de los casos, en quien otorga el contrato, que corresponde al área de adquisiciones de la dependencia.

El investigador de la UNAM explica que en el derecho mexicano existe el “principio de tipicidad”: en materia penal, cuando se intenta imputar una conducta ilícita a una persona y se busca que sea objeto de una sanción penal, se tiene que acreditar que su conducta efectivamente viola la ley.

“Cuando una persona se conduce en su empleo, cargo o comisión desde la perspectiva de un posible conflicto de intereses está afectando dos principios claves: el de imparcialidad y el de legalidad; pero eso se tiene que probar, no basta lanzar acusaciones al aire, es necesario que se acredite con los medios de convicción apropiados que la persona efectivamente violó la ley”, dice.

Agrega que, en materia penal, rige el principio de presunción de inocencia, lo que implica que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y esto se traduce en la necesidad de que se acredite la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad.

En tanto no se investigue, todo ilícito prescribe después de cinco años de su comisión, indica el jurista. El último convenio signado por el secretario de Gobernación está fechado el 29 de diciembre de 2003.

Declaración de Procedencia

Daniel Márquez dice que, de demostrarse que Mouriño incurrió en un ilícito, se recurriría a la declaración de procedencia, esto es que el ministerio público que hiciera la investigación y comprobara que hay una conducta que viola la ley, se manifestara por procesar penalmente al actual secretario de Gobernación. Entonces tendría que acudir ante la Cámara de Diputados para que ésta analizara la acusación y, si la estima fundada, emita la resolución que da lugar a proceder en contra del servidor público.

A partir de esta declaración, explica, separarían del cargo a Mouriño y quedaría bajo la jurisdicción del ministerio público federal y podría ser consignado ante el juez penal.

Pero, aun si el Congreso autoriza, el ministerio público podría ejercer sus facultades legales hasta que terminara su periodo como secretario, “si es que no le dan otro cargo que cuente con protección constitucional”.
Calderón decide

El jurista, cuya línea de investigación es el combate a la corrupción, explica que, en lo que respecta a la parte administrativa, la Secretaría Función Pública ya podría ejercer sus funciones, dado que se hizo una denuncia a través de los medios de información. La dependencia podría realizar una investigación de oficio para demostrar la culpabilidad o la inocencia del funcionario.

Toda vez que Mouriño es un servidor público nombrado por el presidente de la República, la SFP tendría que hacer del conocimiento el resultado de las indagatorias, para que el propio titular del poder Ejecutivo tome las medidas necesarias: si es inocente, declararlo; de lo contrario, se procedería a la inhabilitación. De esta forma, explica el jurista, tendría que contar con el aval de Felipe Calderón, quien tiene la facultad de nombramiento y remoción en términos del artículo 89 constitucional.


Adjudicación directa

Márquez considera que la adjudicación directa de los contratos y convenios a Ivancar “abre la presunción de comisión de un delito”; sin embargo, dice que aunque la regla en la administración pública al momento de contratar es la licitación, ésta se ha convertido en la excepción y la adjudicación directa e invitación restringida, la regla.

“Se debe analizar la justificación del Comité de Adquisiciones de la paraestatal que debe establecer un margen de certeza amplio acerca de si era prudente o no que se adjudicara este contrato de manera directa a cierta empresa.”

A decir del jurista, el problema en este caso sería la existencia de otras empresas en el mercado que realizaran las mismas actividades que Ivancar y que ofrecieran igual servicio a mejor precio.

Todas las responsabilidades son personales. Hay un principio que se denomina de imputación: es el que viola la ley al que se le debe de imponer las consecuencias desfavorables que están contenidas en la ley para cuando se realicen violaciones a la misma.

“Si estaban enterados de que la conducta era ilegal y no hicieron nada ante las autoridades pertinentes, se convierten en cómplices, por encubrimiento.”


Abstención

Francisco Venegas Trejo precisa que, como servidor público, Mouriño debió mantenerse al margen de las operaciones de negocios –aun siendo socio y con el derecho de serlo, para evitar suspicacias.

En todo caso, dice el jurista, “Mouriño se debió eximir de firmar los contratos como apoderado legal de Ivancar y dejar que otro miembro de la asamblea general lo hiciera, para no figurar y ponerse en evidencia. De no demostrarse que los contratos fueron obtenidos por licitación pública, sino por adjudicación por Pemex, el secretario puede ser sujeto de responsabilidades administrativas, en cuanto que era servidor público”.

Denunciado por el superior jerárquico

Para Aída Lazcano, catedrática de la UNAM, son claras las violaciones flagrantes al orden legal, tanto penal como administrativo, toda vez que cualquier funcionario que realice acciones contrarias a su encargo y se beneficie de su posición, perpetra un delito. “Al momento que estás en el poder y lo utilizas en beneficio propio y de tu familia, allegados o amigos, queda claro el tráfico de influencias y, además, el conflicto de intereses”.

La catedrática asegura que la comisión de un delito conocido por el superior jerárquico debe ser denunciado a las autoridades competentes, de lo contrario agrava la situación, porque se convierten en cómplices, y una vez más se violenta el marco jurídico.

“Si nadie acata las normas, de qué sirve que los diputados legislen al respecto”, dice Lazcano.


México: sin justicia

Víctor Villagrana de Ávila, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice que en México se tiene un sistema legal sin justicia, ni equidad, ni igualdad. “Si se roban una gallina, los llevan a la cárcel; pero no sucede lo mismo si se roban millones de pesos del gobierno”.

Villagrana considera que los mexicanos no tienen confianza en el sistema legal, porque todo se ha convertido en un mercado, en el que la justicia se puede comprar y vender al mejor postor.

“Los privados se metieron a lo público; y los servidores públicos, a lo privado. Los empresarios que llegaron al poder hacen negocios con los bienes del Estado sin ningún escrúpulo”, considera.