Las andanzas del gallego orejón por tierras Mexicanas 5

Mouriño, bajo escrutinio público

México, D.F., 4 de marzo (apro).- El aún secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se encuentra hoy bajo el escrutinio público después que la revista Contralínea, en un trabajo de Ana Lilia Pérez, revelara la existencia de al menos ocho contratos pactados entre la empresa de la familia Mouriño, Transportes Especializados IvanCar SA, y la subsidiaria Pemex-Refinación.

Por tratarse de un tema de interés general, Apro presenta los dos últimos convenios --más uno modificatorio--, en que aparece nítidamente la firma de Mouriño Terrazo como apoderado legal de la empresa, también identificada por sus siglas, TEISA.

Una semana después que Contralínea diera a conocer la existencia de esos contratos, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador --durante un mitin en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos efectuado el 24 de febrero frente a la Torre de Pemex-- entregó al coordinador del PRD en Cámara de Diputados, Javier González Garza, un legajo de documentos en que, según su opinión, se sustenta un probable tráfico de influencias en el que habría incurrido el hoy secretario de Gobernación, y en cómo su empresa familiar se ha visto beneficiada desde el poder.

Los ocho contratos, que involucran unos cien millones de pesos, definen las condiciones del servicio que entrega TEISA a Pemex-Refinación; también se exhibe la decisión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, subsidiaria encabezada en ese entonces por el hoy senador panista Juan Bueno Torio, y se deja ver claramente que todas las operaciones se manejaron como “adjudicaciones directas” a la empresa de Camilo Mouriño.

Tan sólo en estos dos últimos contratos que presenta Apro, junto con un convenio modificatorio que no es otra cosa que una ampliación a uno de los convenios, se puede apreciar que Mouriño Terrazo firmó como apoderado de la empresa de su familia cuando aún fungía como diputado federal del PAN y presidente de la Comisión de Energía; y en otro más cuando ya se desempeñaba como asesor del entonces secretario de Energía, el actual presidente Felipe Calderón.

En el primer convenio de prestación de servicio, el GTT-00142-01/2003, firmado el 20 de diciembre de 2002, se establece que el monto involucrado será por un mínimo de 3 millones 320 mil pesos y hasta 8 millones 300 mil, y ampara “el servicio de transporte terrestre de productos derivados del petróleo mediante autotanques desde los centros de carga localizados en el país y con destino a los centros receptores y por la ruta o rutas que Pemex-Refinación indique”.

El plazo de este convenio abarcó del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.

Después en el “convenio modificatorio” se establece --también signado por Mouriño Terrazo como apoderado legal, el 1 de septiembre de 2003, es decir, cuatro meses antes que concluyera el contrato inicial-- una ampliación de rutas.

El segundo convenio es el identificado como GTT-00142-01/2004, también asignado en forma directa por autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex-Refinación, por un monto mínimo de 3 millones 320 mil pesos y hasta un máximo de 8 millones 320 mil pesos.

El plazo de este convenio abarcó del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004.

Cuando se firmó este pacto, Camilo Mouriño ya se desempeñaba como asesor de Calderón Hinojosa, entonces secretario de Energía bajo la administración foxista.

El servicio que se prestó no varió: “Transporte terrestre de productos derivados del petróleo por autotanque… desde los centros de carga localizados en el país y con destino a los centros receptores y por la ruta o rutas que Pemex-Refinación indique”.

Pero Juan Camilo Mouriño no sólo firmó estos contratos, sino todos aquellos que se pudieron haber derivado de la prestación de servicios de la empresa de su familia, TEISA, desde 1998, según se desprende de la escritura pública 51, del 7 de agosto de 1998, avalada por Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, notario público 18 en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí se corrobora que el hoy secretario de Gobernación tenía el carácter de apoderado legal de la empresa.

Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a los diputados se les considera servidores públicos, y Juan Camilo Mouriño se desempeñó, de 1997 a 2000, como diputado local por Campeche.

Luego, de 2000 a 2003, fue diputado federal y, desde septiembre de 2003 a mayo de 2004, fungió como asesor del secretario de Energía; en tanto que a partir de esa fecha y hasta septiembre de 2004 despachó como subsecretario de Electricidad. Es decir, durante la firma de los polémicos contratos, siempre gozó de un cargo público.

“Mouriño es inocente”, clama Martínez Cázares

México, D.F., 4 de marzo (apro).- El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es “inocente” de la imputación sobre tráfico de influencias después que una de sus empresas recibió millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dictaminó hoy Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien ofreció a la oposición investigar a ese funcionario a cambio de hacer lo propio con personajes de otros partidos.

En medio del escándalo por los documentos que acreditan un probable tráfico de influencias de Mouriño Terrazo --quien aún no desmiente que haya signado contratos con Pemex que beneficiaron a su empresa IvanCar SA mientras se desempeñaba como servidor público--, Martínez Cázares se dijo dispuesto a que se cree una comisión legislativa para investigar el caso, propuesta a la que por cierto se opuso hoy el pleno de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

“Hay que decir que Juan Camilo Mouriño es inocente hasta que no se demuestre por esa comisión lo contrario, o hasta que una autoridad competente demuestre lo contrario. En tercer lugar pedimos, advertimos, que pedimos la misma correspondencia cuando el PAN quiera abrir una comisión de investigación para otros servidores públicos”, puntualizó.

Y enseguida aclaró: “No ocultamos nada, no tapamos nada y advertimos que pedimos o que pediremos algunas comisiones de investigación, y pedimos lo mismo que estamos ofreciendo: el voto a favor.”

--¿Qué otras investigaciones van a pedir?

“Nos reservamos para el momento oportuno... Estamos dispuestos a que se investigue a cualquier servidor público, y en ese sentido que se proceda conforme a derecho. Bajo ninguna circunstancia escondemos nada ni tapamos nada”.

Martínez reiteró la defensa que de Mouriño hizo ayer en entrevista con El Universal: “Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”

Según el extitular de la Función Pública, el PAN “se somete y someterá a sus miembros, a sus funcionarios y a sus servidores públicos a la prueba del estado de derecho, de la ley y de la transparencia, y en eso no hemos variado ni variamos la posición.

--Pero ¿ratificaría lo que dice de Mouriño, que “es el ejemplo de decencia y de la nueva clase política que se está generando en el país”?

“Por supuesto que todo lo que dije el día de ayer lo ratifico el día de hoy”.

--En el caso específico del PAN, ¿cómo va a defender el partido a Mouriño?

“El ha sometido su quehacer al concurso de cualquier autoridad, y ahora de esta comisión investigadora. Nosotros ayudamos a cualquier servidor público del PAN, sometiendo a cualquier servidor público a la transparencia, a la rendición de cuentas y al estado de derecho.

Agregó que “no hay otra opinión que no sea la de la ley, y no hay otro mecanismo para determinar o deslindar la propia responsabilidad que no sea la propia comisión que hoy están celebrando, autorizando, aprobando los diputados. Lo que no se puede pedir es que se abra una comisión el día de hoy y hoy mismo sentenciar, eso es absurdo.”

--¿No sería sano que Mouriño, por un lado, dejara la Secretaría de Gobernación y, por el otro, no se hiciera cargo de las negociaciones para la reforma energética, dado el conflicto de interés?

“Lo que es sano es que se someta a la investigación que determine realizar esa comisión en la que no hay mayoría del PAN, y entiendo que a la que el secretario de Gobernación, a Camilo Mouriño, se ha sometido o se someterá.

“Y por el otro lado, lo que no es sano es confundir el quehacer de un servidor público con toda una discusión que tiene pendiente el país sobre la reforma energética. Acción Nacional tampoco confunde entre un tema estrictamente personal de un servidor público, que ya está, que ha aprobado una comisión, que ahí se deben de hacer los deslindes; y por otro iniciar una discusión sobre la reforma energética. Lo que no se debe hacer es confundir los dos temas”.

Crearán ambas cámaras comisión para investigar el caso Mouriño

En el Senado de la República se acordó ayer integrar una comisión que investigue el presunto tráfico de influencias y otros delitos en los que habría incurrido el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en el sexenio pasado, al obtener diversos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sus empresas familiares cuando ya desempeñaba cargos públicos.

La decisión del coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, de sumarse a la propuesta de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, fue fundamental para integrar la comisión, ya que se requiere que 50 por ciento de los senadores lo solicite.

Hasta ayer había ya 64 firmas, por lo que el martes próximo se integrará esa comisión especial que investigará todo lo referente a la forma en que, entre 2002 y 2007, Pemex asignó sin licitación de por medio contratos a empresas en las que Mouriño Terrazo aparece como apoderado legal.

La decisión de los priístas tomó por sorpresa a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes salieron de inmediato en defensa de Mouriño. El coordinador del blanquiazul, Santiago Creel Miranda, declaró que el Senado no puede convertirse en una mesa del Ministerio Público, y aunque sostuvo que están “en total apertura” para que se investiguen las acusaciones, advirtió que no aceptarán “juicios sumarios”, cuando debe prevalecer la presunción de inocencia.

Por la mañana, durante una entrevista televisiva, Beltrones dijo que el secretario de Gobernación debe renunciar si se prueban las acusaciones que se han formulado en su contra, ya que hasta el momento sólo se ha dedicado a negar que existen las pruebas. Dijo que Felipe Calderón debe explicar públicamente las presuntas irregularidades en las que incurrió su secretario de Gobernación.

Más tarde a través del vocero de su bancada, Carlos Jiménez Macías, corroboró el aval priísta para conformar la comisión especial, “sin asumir de antemano culpabilidades”.

Al presentar ante el pleno la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP), el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, aclaró que “no se trata de vendetas o de escándalos mediáticos”, sino de esclarecer un asunto delicado que tiene que ver con la tendencia que se ha dado sexenio tras sexenio, “de confundir la función pública con los negocios privados”.

El Congreso de la Unión, recalcó, no puede ignorar ni ver como incidente la forma en que la empresa Transportes Especializados Ivancar SA, por medio de su apoderado, Juan Camilo Mouriño, signó contratos con Pemex para la prestación de servicios a pesar de estar imposibilitado para ello, ya que era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y luego subsecretario de la dependencia.

Los senadores del PAN seguían con el ceño fruncido la intervención del perredista, pero casi saltaron de su escaño cuando dio a conocer que el PRI respaldaba la propuesta, que contaba ya con el voto de 64 legisladores. De inmediato, todos voltearon hacia el lugar de Beltrones, quien conversaba con María de los Angeles Moreno y Jesús Murillo Karam.

Por la mañana, Santiago Creel puso a debate el tema al interior de su bancada –para esas horas sabía ya que el PRI iba con el FAP– y de inmediato el grupo de senadores más afines a Mouriño, entre ellos Guillermo Anaya y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, advirtieron que se debía defender a ultranza al secretario de Gobernación. Hubo consenso en arroparlo, aunque varios senadores blanquiazules expresaron que no se debía obstaculizar las investigaciones.

El coordinador de los senadores del Verde Ecologista, Francisco Agundis, se apresuró a salir en defensa del funcionario federal, al que calificó de “hombre recto, con probidad”, aunque dijo que si la comisión se integra sin duda participarán.

La comisión se conformará el martes próximo, en que está citada la Junta de Coordinación Política del Senado. Ahí se decidirá quién la preside y el número de integrantes.

Mouriñazo al espurio

* Los coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, con el apoyo del PRI, PT y Convergencia, propusieron la creación de una Comisión que investigue al secretario de Gobernación ilegítimo, Juan Camilo Mouriño, en el tráfico de influencias y otros delitos en los contratos de las empresas del español con PEMEX / La Comisión bicameral quedará conformada formalmente el martes próximo

* Se prepararán las denuncias contra el titular de Gobernación ante la PGR y la Auditoría Superior de la Federación también por daño patrimonial, peculado, uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos / Que se separe de su cargo durante el tiempo que se realicen las investigaciones, exigirán

Los coordinadores del PRD en ambas Cámaras legislativas propusieron la creación de una comisión que investigue el supuesto conflicto de interés por parte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en contratos con Petróleos Mexicanos. La comisión bicameral quedará conformada formalmente el martes próximo.

La propuesta del partido del Sol Azteca dividió a legisladores, pues mientras los del PRI apoyaron la petición, el PAN la respaldó pero exigió reciprocidad.

En este sentido, Rogelio Carvajal, hombre afín a Felipe Calderón, condicionó la aprobación de la propuesta a la creación de otra comisión encargada de indagar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

El coordinador perredista en San Lázaro, Javier González Garza, presentó la petición durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo que se turnó a la Junta de Coordinación Política.

En tribuna planteó que en un estado democrático la actitud de los servidores públicos debe estar sujeta al escrutinio ciudadano a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

Argumentó que por ese motivo presentaron la petición avalada por más de 135 firmas de legisladores del PRD, PT y Convergencia, que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP).

En el mismo sentido se pronunció el PRD en el Senado, quien dijo que también se pedirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los contratos de PEMEX con la empresa de transportes Ivancar.

Al presentar la propuesta el líder de los senadores de ese instituto político, Carlos Navarrete, sostuvo que no se trata de buscar un escándalo ni de una venganza personal, sino de que se haga una profunda investigación de esos hechos.

Consultado al respecto el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, adelantó que su grupo legislativo votaría en favor de crear una comisión que investigue el caso porque “estamos seguros que no hay nada que esconder”.

Agregó que lo único que lamenta su partido es que “ese tipo de comisiones sirvan para que algunos legisladores declaren y difamen a personas sin elemento de prueba alguna”.

Mientras tanto, la bancada del blanquiazul en el Senado se pronunció porque se hagan las investigaciones necesarias para aclarar la mencionada situación.
Su coordinador, Santiago Creel Miranda, sostuvo en entrevista que su bancada está en favor de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Sin embargo, dijo que no secundarán juicios sumarios contra Mouriño, pues en el Senado debe regir el principio de la presunción de inocencia.

“La posición del grupo parlamentario que hoy platicamos por la mañana es muy clara de respaldo a nuestro secretario de Gobernación, de total apertura para que se lleven a cabo las investigaciones que deban llevarse a cabo por las autoridades correspondientes.

“En lo que sí no estamos de acuerdo, mencionó, es convertir al Senado en una mesa de Ministerio Público”, sentenció.

Luego, en rueda de prensa, el vocero de los senadores del PRI, Carlos Macías, confirmó que apoyan la creación de dicha comisión a fin de que exista transparencia en el tema.

Empero aclaró que el PRI no emite ningún juicio de valor en torno al titular de Gobernación y que esperará los resultados que emita la comisión que establezca la Cámara alta.

Por la mañana, cuando se anunció que el FAP solicitaría la creación de ese cuerpo legislativo, el líder nacional del PRD, Leonel Cota, dijo que cuentan con pruebas contundentes para confirmar que los contratos firmados por Mouriño en calidad de apoderado legal de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar en 2002, 2003 y 2004 con PEMEX se hicieron al amparo de su papel como funcionario público.
El líder nacional agregó que este caso representa una prueba de fuego para el gobierno federal ilegítimo, reportó Radio Red.

Dijo que mediante esta comisión, los diputados y senadores perredistas prepararán las denuncias contra el secretario de Gobernación ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto tráfico de influencias, daño patrimonial, peculado, uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos.

Pedirán asimismo que el secretario de Gobernación se separe de su cargo durante el tiempo que se realicen las investigaciones.

Sin embargo, el líder nacional del Sol Azteca adelantó que el gobierno federal espurio no aplicará la ley contra el secretario de Gobernación, como ha sucedido con Elba Esther Gordillo, los líderes petroleros “apapachados por (el ex presidente Vicente) Fox” y otros.

Aseveró que, tras estos señalamientos, Juan Camilo Mouriño sea un interlocutor válido del gobierno frente al Congreso de la Unión durante el proceso de discusión de la reforma energética, porque sería “juez y parte”.

Así, el PAN en la Cámara de Diputados aceptó -ante la presión ejercida por PRD, Convergencia y Partido del Trabajo y el diputado del PRI, Carlos Rojas Gutiérrez- crear la Comisión Especial que investigue, por tráfico de influencias, al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.

El tema de la firma de contratos privados con PEMEX por parte del Mouriño, mientras fungió como presidente de la Comisión de Energía de la 58 Legislatura de la Cámara de Diputados, provocó tal división en las filas del grupo parlamentario del PAN que fue necesaria la mediación de Héctor Larios Córdova para evitar una fractura, que evidenciara ante sus militantes el malestar que han generado las evidencias de ilegalidad en el quehacer parlamentario del actual secretario de Gobernación.

Las pruebas evidentes de la participación de Mouriño en negocios familiares, mientras ocupó un puesto clave en el Poder Legislativo -relacionado con PEMEX y el transporte de hidrocarburos- fueron motivo suficiente para que los coordinadores del FAP, Javier González Garza, Alejandro Chanona y Ricardo Cantú, conjuntaran 136 firmas -se requieren 125 cómo mínimo- para integrar legalmente una comisión especial investigadora.

Por otro lado, en la reunión plenaria del PAN la situación se tornó gris para Héctor Larios porque si bien llegó al encuentro con la consigna de acepar la integración de la comisión especial, el enviado de Felipe Calderón, Rogelio Carvajal, se desgañitaba repitiendo el mensaje enviado desde Los Pinos: “hay que protegerlo”.

Esto provocó un intenso debate que se alargó casi dos horas. La bancada panista se dividió a la mitad entre quienes estuvieron de acuerdo con Larios y Carvajal.

En primera instancia la bancada voto para determinar el sentido de su posición en la Junta de Coordinación Política, cuando esta decida la integración del órgano investigador; la mayoría se pronunció a favor, pero ni ese resultado satisfizo al enviado de Los Pinos –Carbajal- quien trató de arrastrar en la misma corriente del desprestigio a Marcelo Ebrard, e increíblemente planteó que se formara otra comisión investigadora que revisara al perredista. Tal propuesta fue desechada entre los panistas.

Larios argumentó que no había conflicto de interés ni tráfico de influencias porque el primer contrato con PEMEX lo firmó Mouriño, cuando era diputado federal del PAN y presidente de la Comisión de Energía.

Con dureza le replico Gerardo Priego: “Y dónde está la ética. Ese argumento nos regresa a setenta años de corrupción priísta”.
El salón guardó silencio.

Carvajal fue más allá, trato de atemperar la tormenta y se dirigió a la sala de prensa donde declaró que el PAN “mete las manos al fuego por el secretario de Gobernación”. Y al preguntarle, ¿si se las queman?, con un lenguaje leguleyo respondió: “¡aquí no hay fuego!”.

Con enojo los reporteros le replicaron, “pero si hay una gran cantidad de recursos públicos”.
El diputado salio huyendo de la sala de prensa.

La renuencia del Larios y Emilio Gamboa se diluyo cuando Javier Gonzáles Garza los convoco a sus oficinas del basamento para mostrarles la lista de 136 diputados que aceptaron la integración de la comisión.

El panista salió desencajado y minutos después los coordinadores del FAP hicieron el anuncio desde la tribuna.

ste miércoles será integrada en la Junta de Coordinación Política.
La perredista Claudia Cruz y el legislador de Convergencia, Alberto Esteva desplegaron una manta donde se leían en azul mariano “¿manos limpias?”.

Mientras, Juan Guerra, Cuauhtémoc Sandoval y Valentina Batres gritaban a coro: “¡Va a caer, va a caer, Mouriño va a caer!”.

Y en un acto desesperado Héctor Larios apresuró el paso desde su curul en dirección de la bancada perredista, para reclamar la presencia de los diputados González Garza, Chanona y Cantú: “¡No pueden hablar Chanona ni Cantú, ese no fue el trato!”.

Así, en el Senado de la República se acordó hoy integrar una comisión que investigue el presunto tráfico de influencias y otros delitos en los que habría incurrido el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el sexenio pasado, al obtener diversos contratos de PEMEX para sus empresas familiares, cuando ostentaba ya cargos públicos.

La decisión del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, de sumarse a la propuesta del PRD, PT y Convergencia, fue fundamental para integrar la comisión, ya que se requiere que el 50 por ciento de los senadores lo solicite.

Hasta hoy había ya 64 firmas, por lo que el martes se integrará esa comisión especial que investigará todo lo referente a la forma como, entre 2002 y 2007, PEMEX asignó, sin licitación de por medio, contratos a empresas en las que Mouriño aparece como apoderado legal.

La decisión de los priístas tomó por sorpresa a los legisladores del PAN, quienes salieron de inmediato en defensa de Mouriño.

Así, con el apoyo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Convergencia y del Trabajo, el grupo parlamentario del PRD en el Senado propuso la creación de una comisión bicamaral que investigue los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado de una empresa contratista en PEMEX, denominada Transportes Especializados.

Carlos Navarrete, del PRD, precisó que su propuesta no obedecía a ninguna vendetta y que tampoco tenía la intención de hacer escándalo con este asunto.

Durante su intervención, Navarrete dijo que una vez integrada la comisión especial, se pedir a la Auditoría Superior de la Federación que investigue en PEMEX la forma en que se dieron los contratos a la citada empresa, sobre todo porque se adjudicaron, no se licitaron. Navarrete no quiso adelantar conclusiones, pero por el bien del país, demandó que este caso se esclarezca, porque el servicio público, “como lo diría Jesús Reyes Heroles”, no se puede mezclar con los negocios.

La tarde del Mouriñazo

De la expectación, la casona de Xicoténcatl giró a la tensión larga, desgastante, intensa, por el anunciado jaque de ajedrez político al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y consumada esa jugada, la bancada de Acción Nacional (PAN) se desplomó, rodeada del jubilo de la Oposición.

Carlos Navarrete Ruiz, coordinador de la bancada del PRD, desde la tribuna había mostrado papeles que involucran a Mourio en contratos en los que se empalman, a decir por el perredista, los negocios privados con la función pública.
Navarrete mostró a la altura de su cabeza fotocopias, y dijo: “sabemos lo que tenemos en las manos”.

Sus palabras llevaban el toque que hay mucho por saberse aun de los negocios de la familia Mouriño Terrazo. Casi veinte minutos ocupó Navarrete en la tribuna para sustentar que sea instituida una comisión investigadora del quehacer público y privado de Juan Camilo Mouriño desde que fue diputado hasta su llegada a Bucareli.

Cuando había captado la atención absoluta de sus colegas senadores, cuando los panistas empezaban a caer en la cuenta de que habrá una comisión que investigue nada menos que al secretario de Gobernación, Navarrete concluyó: “Esa comisión investigadora es por el bien del país y la sana separación de los negocios públicos y privados; es por el bien de PEMEX”.

Los perredistas, que desde temprano habían estado agazapados en sus escaños rubricaron con aplausos la ya inevitable comisión investigadora de Mouriño, mientras que los priístas festejaban doble: el desquite del caso PEMEXgate (que padecieron después del 2000) y el 89 aniversario de la fundación de su partido.

Había que ver a Francisco Labastida Ochoa, quien fue el candidato presidencial priísta para quien se habrían realizado transferencias de PEMEX, vía sindicato petrolero, y que sin embargo lo llevaron al fracaso. Este martes estaba feliz.

A las 14:00 horas, cuando Navarrete ya hablaba en tribuna, entró al salón de sesiones acompañando a Manlio Fabeltrones. No paró de hablar, mientras el perredista Navarrete sustentaba porqué había que construir un patíbulo para el segundo hombre más poderoso del gobierno espurio. Era, quizá, el senador más dichoso de la tarde.

Parecía que había rejuvenecido varios años, mientras que la bancada panista completa se quedó sentada en sus escaños. Los hombres del partido azul, los del partido gobernante quedaron ensimismados.

Desde que Navarrete anunció que tenían el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para integrar la comisión los panistas perdieron el ánimo.
Mientras, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, aseguró que las copias de los convenios de Petróleos mexicanos (PEMEX) con la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño son pruebas suficientes y contundentes para que las autoridades lo investiguen y se finquen responsabilidades.

“En este caso, el señor Mouriño está clavado”, señaló.

Que explique FeCal

* Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, pide al espurio explicar públicamente las irregularidades en las que incurrió Juan Camilo Mouriño para obtener contratos con PEMEX / Prueba de fuego para Calderón... con esto habremos de ver hasta dónde llega la complicidad del michoacano, advierte Leonel Cota Montaño, presidente nacional del PRD

MEXICO, D.F., 4 de marzo (UNIVERSAL/LA JORNADA).- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, pidió a Felipe Calderón explicar públicamente las presuntas irregularidades en las que incurrió el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para obtener contratos con Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Estos documentos que aparecieron no son creíbles para (Calderón), son de desecharse. Que se desechen, que los deseche. Tendría que dar una explicación al respecto”, dijo en entrevista televisiva.

Manlio Fabio Beltrones dijo además que las justificaciones públicas del titular de Gobernación, sobre presunto tráfico de influencias, no han sido satisfactorias.

“Hasta el momento no he visto una explicación más que el negar que existan esas pruebas sobre supuestos malos manejos o influencias que haya utilizado cuando fue diputado federal, pero creo que todavía hay tiempo para que todo esto se transparente”, dijo el priísta.

Y Leonel Cota Montaño, presidente nacional del PRD, consideró que el caso de Juan Camilo Mouriño es la prueba de fuego para Felipe Calderón. Con esto habremos de ver hasta donde llega la complicidad del michoacano, subrayó.

Y Ricardo Ruiz, presidente del PRD en la capital del país explicó que no cejarán hasta que se investigue a fondo al secretario de Gobernación e indicó que el tema del petróleo es prioritario para los perredistas.

Al respecto, Cota Montaño añadió que los liderazgos del partido -Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas-, las dirigencias nacional y locales están, junto con el movimiento democrático, unidos en este tema.

Así que, subrayó, “ningún interés externo a las fuerzas que representamos nos van a dividir” en el asunto. Insistió, dentro de este contexto, que en el caso Mouriño debe llevarse una “profunda investigación por las instancias legislativas. Existen los términos legales para hacerlo, yo he tenido elementos suficientes como para afirmar que efectivamente hubo y hay tráfico de influencias en torno a sus empresas.

Pero quien lo dude, que lo investigue”, retó.