En defensa de la impunidad
Rumbo de México
El caso de los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado general de la empresa Ivancar S.A. de C.V. y Pemex, no es el primero que hace escándalo en torno a la figura presidencial, recordemos que casos como este se han repetido una y otra vez en los últimos años.
Hace 14 años, durante la campaña electoral de 1994, Diego Fernández de Cevallos, el “Jefe Diego”, siendo candidato del PAN a la presidencia de la República, se vio envuelto en un escándalo por la adquisición de un basto terreno en la zona más cara de Acapulco, en Punta Diamante. Nunca se aclaró el origen de ese predio, valuado en varios millones de pesos, pero trascendió que era el pago por haber apoyado la quema de los paquetes electorales de la elección de 1988, en donde probablemente estaban las pruebas del triunfo del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de la derrota de Carlos Salinas de Gortari; pero también se decía que fue el pago por un litigio en contra del gobierno del estado de Guerrero por unas propiedades.
Al igual que Diego Fernández de Cevallos, otros panistas han litigado contra el gobierno y a favor de particulares, siendo políticos prominentes, ya sea diputados, senadores y hasta funcionarios de gobierno. En algunos casos, los representantes legales de los clientes son otros abogados, pero el que realmente hace las gestiones políticas que respaldan a los litigantes es el político prominente.
Un escándalo más que se ventiló en el inicio de la actual administración, fue en torno a la empresa de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, ya que siendo una firma pequeña hace unos cuantos años, esta empresa empezó a crecer desmesuradamente, coincidiendo con el ascenso del PAN a la presidencia de la República; su facturación creció más de diez veces, hasta acumular más de dos mil quinientos millones de pesos. En contraste, el pago de impuestos fue insignificante de acuerdo a sus ingresos. Adicionalmente, es notoria la cantidad de contratos que esta empresa facturó a diversas instituciones públicas, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social.
Se trata de demasiadas coincidencias, pues resulta que una empresa del cuñado de un político prominente, crece excesivamente en el mismo período en que su partido está en el poder, y parte de este crecimiento se explica por los contratos que tiene con el sector público, mientras los impuestos que paga no corresponden a sus ingresos.
Un caso más, fue el que protagonizaron los hermanos Bribiesca, hijos de la señora Martha Sahagún de Fox y la empresa Construcciones Prácticas.
Parece ser, que hacer política y negocios al mismo tiempo, es una forma de disimular la defraudación al erario público, los políticos modernos, no roban, hacen negocios con los recursos públicos que tiene bajo su recaudo.
Quizás por eso, Germán Martínez Cázarez, presidente del PAN, insiste en defender una y otra vez, la honorabilidad de Juan Camilo Mouriño, repitiendo en cada acto al que asiste que el Secretario de Gobernación, es una muestra de la “nueva clase política mexicana”, “una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad…” una nueva forma de hacer política, sin embargo, parece olvidar que hoy como ayer, el tráfico de influencias y el conflicto de interés es un delito que se ha cometido repetidamente desde pasadas administraciones y que esto no tiene nada de nuevo.
Las leyes tratan de imponer candados para evitar que los funcionarios públicos monten empresas y que estas sean favorecidas por contratos ventajosos, pero al mismo tiempo se inventan mecanismos para eludir los controles de la ley y hacer grandes fortunas al amparo de un puesto público. Hay que observar que la legislación actual carece de varios ajustes para evitar que políticos sin escrúpulos, hagan negocios desde el poder, ya sea directamente o a través de amigos, socios o familiares, ya que a cada candado que impone la ley, los políticos y los empresarios deshonestos encuentran como brincarlo.
En fin, al parecer el principal sello de los gobiernos panistas, dejando de lado el bajo crecimiento económico que ha llevado a la economía del país a un serio estancamiento, es hacer negocios desde el poder, para beneficiarse ellos o sus familiares y paralelamente, defender desde el gobierno la impunidad.
El caso de los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado general de la empresa Ivancar S.A. de C.V. y Pemex, no es el primero que hace escándalo en torno a la figura presidencial, recordemos que casos como este se han repetido una y otra vez en los últimos años.
Hace 14 años, durante la campaña electoral de 1994, Diego Fernández de Cevallos, el “Jefe Diego”, siendo candidato del PAN a la presidencia de la República, se vio envuelto en un escándalo por la adquisición de un basto terreno en la zona más cara de Acapulco, en Punta Diamante. Nunca se aclaró el origen de ese predio, valuado en varios millones de pesos, pero trascendió que era el pago por haber apoyado la quema de los paquetes electorales de la elección de 1988, en donde probablemente estaban las pruebas del triunfo del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de la derrota de Carlos Salinas de Gortari; pero también se decía que fue el pago por un litigio en contra del gobierno del estado de Guerrero por unas propiedades.
Al igual que Diego Fernández de Cevallos, otros panistas han litigado contra el gobierno y a favor de particulares, siendo políticos prominentes, ya sea diputados, senadores y hasta funcionarios de gobierno. En algunos casos, los representantes legales de los clientes son otros abogados, pero el que realmente hace las gestiones políticas que respaldan a los litigantes es el político prominente.
Un escándalo más que se ventiló en el inicio de la actual administración, fue en torno a la empresa de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, ya que siendo una firma pequeña hace unos cuantos años, esta empresa empezó a crecer desmesuradamente, coincidiendo con el ascenso del PAN a la presidencia de la República; su facturación creció más de diez veces, hasta acumular más de dos mil quinientos millones de pesos. En contraste, el pago de impuestos fue insignificante de acuerdo a sus ingresos. Adicionalmente, es notoria la cantidad de contratos que esta empresa facturó a diversas instituciones públicas, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social.
Se trata de demasiadas coincidencias, pues resulta que una empresa del cuñado de un político prominente, crece excesivamente en el mismo período en que su partido está en el poder, y parte de este crecimiento se explica por los contratos que tiene con el sector público, mientras los impuestos que paga no corresponden a sus ingresos.
Un caso más, fue el que protagonizaron los hermanos Bribiesca, hijos de la señora Martha Sahagún de Fox y la empresa Construcciones Prácticas.
Parece ser, que hacer política y negocios al mismo tiempo, es una forma de disimular la defraudación al erario público, los políticos modernos, no roban, hacen negocios con los recursos públicos que tiene bajo su recaudo.
Quizás por eso, Germán Martínez Cázarez, presidente del PAN, insiste en defender una y otra vez, la honorabilidad de Juan Camilo Mouriño, repitiendo en cada acto al que asiste que el Secretario de Gobernación, es una muestra de la “nueva clase política mexicana”, “una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad…” una nueva forma de hacer política, sin embargo, parece olvidar que hoy como ayer, el tráfico de influencias y el conflicto de interés es un delito que se ha cometido repetidamente desde pasadas administraciones y que esto no tiene nada de nuevo.
Las leyes tratan de imponer candados para evitar que los funcionarios públicos monten empresas y que estas sean favorecidas por contratos ventajosos, pero al mismo tiempo se inventan mecanismos para eludir los controles de la ley y hacer grandes fortunas al amparo de un puesto público. Hay que observar que la legislación actual carece de varios ajustes para evitar que políticos sin escrúpulos, hagan negocios desde el poder, ya sea directamente o a través de amigos, socios o familiares, ya que a cada candado que impone la ley, los políticos y los empresarios deshonestos encuentran como brincarlo.
En fin, al parecer el principal sello de los gobiernos panistas, dejando de lado el bajo crecimiento económico que ha llevado a la economía del país a un serio estancamiento, es hacer negocios desde el poder, para beneficiarse ellos o sus familiares y paralelamente, defender desde el gobierno la impunidad.
posted by H2AGUA at
1:08 a.m.
