El Estado y la izquierda en México

Por Esto

Decíamos en el artículo anterior que el núcleo de la estrategia política de la derecha mexicana reside en una reforma fiscal regresiva e injusta y en la reforma energética. Que los impuestos se carguen a los sectores más desprotegidos y que el Estado se deshaga o entregue las funciones básicas de las empresas energéticas al capital extranjero. Con ello se pretende lograr un Estado inerme e inválido ante un capital poderoso y capaz de imponer, sin posibilidades de respuesta, sus medidas y decisiones al país.
Sin duda estamos hablando de una traición al país, de un saqueo de la riqueza nacional que se traduciría en un deterioro de la situación vital de la mayoría de los mexicanos. Para llevar adelante una traición semejante se requiere de la complicidad de quienes toman las decisiones en el terreno político, o sea de los llamados representantes populares, de los legisladores.

Recuérdese que ya a estas alturas no importan los partidos sino los proyectos y los intereses personales. La mayoría de las grandes privatizaciones en el mundo (y México no es la excepción, ahí están los Salinas como ejemplo), han generado camadas de multimillonarios entre los políticos privatizadores que estuvieron dispuestos a usar su posición para coadyuvar en las desnacionalizaciones.

Para lograr la privatización se requiere que un grupo suficiente de legisladores la apruebe. Al frente del PRI en las cámaras está nada menos que el secretario particular del expresidente de la Madrid, quien comenzó la “fiesta” neoliberal. Ahora Gamboa Patrón está decidido a terminar la tarea que empezara hace un cuarto de siglo, no importa que quien la ejecute sea de otro partido, la afinidad y las complicidades con Calderón y el PAN resulta obvia. Así se explica que ahora este personaje, junto con Manlio Fabio Beltrones se lancen a la defensa de uno de los operadores (acaso el más importante) de la privatización, como el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.

Como en los tiempos del salinismo, la alianza entre el PRI y el PAN está dispuesta para tratar de cambiar lo que sea necesario en las leyes, incluso en la Constitución, para abrir las puertas de la privatización y de una reforma fiscal regresiva.

Para contar con apoyos que podrían sustentar este proyecto el gobierno se ha aliado estrechamente con los sectores más corruptos del movimiento sindical, como el de Elba Esther Gordillo en el SNTE, con las cúpulas de los sindicatos de PEMEX y de la CTM. O sea que, en los hechos, los pocos respaldos que encuentra están en las cúpulas de las burocracias sindicales más antidemocráticas de México, divorciadas de las necesidades de sus agremiados.

Pero para llevar adelante este proyecto de tan vastos alcances de la derecha mexicana no basta con los políticos y con las burocracias sindicales, se requiere también que un importante grupo de intelectuales se sume al mismo. El gobierno requiere que su “verdad” sea difundida y necesita que pensadores de todos los ámbitos le otorguen validez, para hacerla aceptable entre la población. Un cúmulo de periodistas, opinadores, investigadores, profesores y todos aquellos que tenemos contacto de otra manera con sectores de la sociedad, tenemos la responsabilidad de poner en cuestión, por los medios que tengamos a nuestro alcance, la estrategia y las intenciones de la derecha.

Lo mismo podemos decir de todos aquellos que tienen que ver con organizaciones cívicas y sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cooperativas, agrupaciones de colonos, colegios académicos y de profesionales, agrupaciones de todo tipo y ciudadanos en general. Con ello quiero subrayar que todos podemos hacer algo para que el futuro de México sea el resultado de una decisión colectiva, y que los criterios de ésta provengan de un debate informado y generalizado en la sociedad, que tome en cuenta información real y opiniones diversas y que trascienda el cerco mediático (la abrumadora publicidad) en que se quiere encerrar el asunto.
Es precisamente ahí, desde la sociedad y la participación, donde se puede frenar a quienes representan y a quienes se han entregado desde los más diversos campos a los intereses de la derecha y evidenciar que es posible orientar la política nacional en un sentido favorable a los intereses de los mexicanos. Hay que convocar a los diputados y senadores de todos los partidos (que supuestamente son nuestros representantes) y exigirles explicaciones, dejar en claro que desde la sociedad nos oponemos a la venta de PEMEX, estamos en contra de cualquier reforma fiscal regresiva, que repudiamos las reformas judiciales que ya aprobaron y que no volverán a contar con nuestros votos si se suman a los proyectos de la oligarquía. Más aún, que en cada distrito, en cada colonia, en cada ciudad, se organizarán campañas en su contra si persisten. Hay que encararlos y recordarles que tienen una responsabilidad ante la nación. Es necesario que la sociedad demuestre que está dispuesta a utilizar su fuerza para frenar el atraco a la nación que se está preparando.

Considero que en estas condiciones la gran esperanza de que nuestro país sobreviva como nación a los embates de la oligarquía está en nosotros mismos. Históricamente ha sido la izquierda (o las izquierdas para hablar en un sentido más inclusivo), la que se ha enfrentado a las posiciones de la oligarquía mexicana, a ella correspondería coordinar los esfuerzos para impedir que siga avanzando. La pregunta es si estará a la altura para hacerle frente. A ello dedicaré el próximo artículo.