El crimen de Ernestina Ascencio, “referente histórico sobre la impunidad”
Revista Proceso
Jalapa, Ver., 26 de febrero (apro).- Al cumplirse un año de la muerte violenta de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, organizaciones civiles reprobaron la actuación del presidente Felipe Calderón, el gobierno de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, "para cubrir la impunidad".
En un foro organizado por el Centro de Estudios Municipales "Heriberto Jara" y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), se afirmó que el crimen de ésta indígena es un "referente histórico sobre la impunidad".
Con la muerte de esta anciana de 73 años, ocurrida el 26 de febrero de 2007 tras ser ultrajada un día antes por supuestos militares en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, se empezó a escribir la historia de un feminicidio que evidenció la inequidad genérica y la violencia contra las mujeres, se dijo.
En el encuentro, los participantes denunciaron las violaciones a los derechos humanos en México y el total desamparo frente a un “ombusdman oficialista”.
Se afirmó que este crimen resume todos los elementos que la convierten en estadísticas del sector más marginado del país, "mujer, indígena, pobre y anciana, y se empezó a escribir la historia de un feminicidio que evidenció por mucho la inequidad genérica y violación de sus derechos humanos”.
Se recordó el testimonio de los familiares de la indígena quien, antes de morir, reveló que "los soldados se me echaron encima", y se dijo que, con los estudios periciales, el parte médico y el certificado oficial, se acreditó que su muerte se originó por una infección de intestinos e hígado, "resultado de la violación tumultuaria".
La representante del Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz, señaló que el nuevo capítulo de la deformación de la cultura política se escribió en Zongolica sobre el cadáver de una anciana, "convertida en botín por muchos actores que están probablemente escondiendo verdades comprometedoras".
Afirmó que dichos actores, “los que día a día desde sus posiciones de poder, desde luego desde Los Pinos y sus aliados, la victimizaron "hasta convertirla en cómplice de sus propia muerte por anemia y males gastrointestinales" y, de entonces a la fecha, "la demanda es que se haga justicia".
Señaló que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Noemí Quirasco, "desacreditó y minimizó todos los peritajes y acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional", y de esa manera justificó las acciones de la CNDH.
Añadió que el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el procurador de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, “ofrecieron investigar y garantizaron que se haría justicia; nombraron un fiscal especial y hasta ese momento se aceptaban el examen médico y los dos peritajes de la PGJE”.
Dijo que la CNDH intervino de manera directa, extralimitando sus funciones, "funciones de Ministerio Público investigador", y después de dos meses de supuestas investigaciones, el presidente Calderón, la CNDH, la PGJE y el gobernador del estado, "cerraron el caso".
A su vez, el fundador de la CROISZ, Julio Atenco Vidal, subrayó que, en este caso, Herrera Beltrán sufre de un "grave problema mental, pues cuando el pueblo de Soledad Atzompa le reclama justicia, lo califica como una concertaceción".
Afirmó que el 27 de febrero de 2007, cuando el pueblo le reclamó justicia, "él pensó que le estaban pidiendo casas para los hijos de Ernestina, pisos, láminas y despensas para toda la comunidad de Tetlatzinga, y de esa manera creyó haber resuelto el problema".
En principio, refirió, Herrera Beltrán creyó que se trataba de un crimen, pero utilizó al pueblo de Soledad Atzompa y a su gobierno municipal. "Le cayó de perlas este crimen y condujo las investigaciones hasta el punto de la confrontación con la CNDH".
Esto, consideró, "probablemente, para obligar al gobierno federal a negociar nuevos términos en su relación política e institucional". Dijo que prolongar el proceso hasta evidenciar a la CNDH como una institución "nefasta", era poner en riesgo a un aliado fundamental del Ejercito y del gobierno federal.
Por ello, agregó, Herrera Beltrán "nos utilizó para negociar abundantes recursos para su gobierno y su elección de estado", cuando en una reunión con diputados federales y locales, defendía los dictámenes de sus peritos que concluían que Ernestina Ascencio había sido violada.
Se refirió a las recientes declaraciones del perito en medicina forense, Pablo Mendizábal, quien ratificó que sus investigaciones demostraron la presencia de fosfata ácida y la proteína P-30, en vagina y recto de la indígena, así como un cromosoma XY, "que sólo poseen los varones", pero el gobierno, dijo, decidió desechar estas pruebas.
Señaló que la demanda de justicia en este caso "sigue en pie", y para ello la CROISZ está tomando el reto de asumir el liderazgo de esta lucha hasta que se llegue a la verdad sobre el crimen de Ernestina Ascencio.
A su vez, Pilar Noriega, integrante del grupo Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, dijo que la investigación ministerial no estableció la “verdad histórica” en este caso, ya que tampoco hay certeza jurídica sobre los hechos.
Añadió que inicialmente se “manipuló” el proceso. En relación con la recomendación enviada por la CNDH al gobierno estatal, refirió, "por la oscuridad con la que se presenta y se quiere insistir ante la opinión pública, está enviando un menaje a los servidores públicos de este país de que no deben cuidar un código de ética y no cumplir con su deber, sino actuar por consigna".
Dijo estar convencida de que con las mismas pruebas que la CNDH señala como antecedentes, "queda evidente que la señora Ernestina tenía desgarro anal, vaginal, perforación y semen en su cuerpo”.
Lo absurdo del caso, subrayó, "es que concluya que fue una muerte natural y lo aberrante es que digan que no fue violada; que los desgarres anal y vaginal no existen, lo que es grave por el mensaje que envía a los servidores públicos, en el sentido de si cumplen con su deber o no".
Jalapa, Ver., 26 de febrero (apro).- Al cumplirse un año de la muerte violenta de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, organizaciones civiles reprobaron la actuación del presidente Felipe Calderón, el gobierno de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, "para cubrir la impunidad".
En un foro organizado por el Centro de Estudios Municipales "Heriberto Jara" y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), se afirmó que el crimen de ésta indígena es un "referente histórico sobre la impunidad".
Con la muerte de esta anciana de 73 años, ocurrida el 26 de febrero de 2007 tras ser ultrajada un día antes por supuestos militares en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, se empezó a escribir la historia de un feminicidio que evidenció la inequidad genérica y la violencia contra las mujeres, se dijo.
En el encuentro, los participantes denunciaron las violaciones a los derechos humanos en México y el total desamparo frente a un “ombusdman oficialista”.
Se afirmó que este crimen resume todos los elementos que la convierten en estadísticas del sector más marginado del país, "mujer, indígena, pobre y anciana, y se empezó a escribir la historia de un feminicidio que evidenció por mucho la inequidad genérica y violación de sus derechos humanos”.
Se recordó el testimonio de los familiares de la indígena quien, antes de morir, reveló que "los soldados se me echaron encima", y se dijo que, con los estudios periciales, el parte médico y el certificado oficial, se acreditó que su muerte se originó por una infección de intestinos e hígado, "resultado de la violación tumultuaria".
La representante del Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz, señaló que el nuevo capítulo de la deformación de la cultura política se escribió en Zongolica sobre el cadáver de una anciana, "convertida en botín por muchos actores que están probablemente escondiendo verdades comprometedoras".
Afirmó que dichos actores, “los que día a día desde sus posiciones de poder, desde luego desde Los Pinos y sus aliados, la victimizaron "hasta convertirla en cómplice de sus propia muerte por anemia y males gastrointestinales" y, de entonces a la fecha, "la demanda es que se haga justicia".
Señaló que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Noemí Quirasco, "desacreditó y minimizó todos los peritajes y acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional", y de esa manera justificó las acciones de la CNDH.
Añadió que el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el procurador de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, “ofrecieron investigar y garantizaron que se haría justicia; nombraron un fiscal especial y hasta ese momento se aceptaban el examen médico y los dos peritajes de la PGJE”.
Dijo que la CNDH intervino de manera directa, extralimitando sus funciones, "funciones de Ministerio Público investigador", y después de dos meses de supuestas investigaciones, el presidente Calderón, la CNDH, la PGJE y el gobernador del estado, "cerraron el caso".
A su vez, el fundador de la CROISZ, Julio Atenco Vidal, subrayó que, en este caso, Herrera Beltrán sufre de un "grave problema mental, pues cuando el pueblo de Soledad Atzompa le reclama justicia, lo califica como una concertaceción".
Afirmó que el 27 de febrero de 2007, cuando el pueblo le reclamó justicia, "él pensó que le estaban pidiendo casas para los hijos de Ernestina, pisos, láminas y despensas para toda la comunidad de Tetlatzinga, y de esa manera creyó haber resuelto el problema".
En principio, refirió, Herrera Beltrán creyó que se trataba de un crimen, pero utilizó al pueblo de Soledad Atzompa y a su gobierno municipal. "Le cayó de perlas este crimen y condujo las investigaciones hasta el punto de la confrontación con la CNDH".
Esto, consideró, "probablemente, para obligar al gobierno federal a negociar nuevos términos en su relación política e institucional". Dijo que prolongar el proceso hasta evidenciar a la CNDH como una institución "nefasta", era poner en riesgo a un aliado fundamental del Ejercito y del gobierno federal.
Por ello, agregó, Herrera Beltrán "nos utilizó para negociar abundantes recursos para su gobierno y su elección de estado", cuando en una reunión con diputados federales y locales, defendía los dictámenes de sus peritos que concluían que Ernestina Ascencio había sido violada.
Se refirió a las recientes declaraciones del perito en medicina forense, Pablo Mendizábal, quien ratificó que sus investigaciones demostraron la presencia de fosfata ácida y la proteína P-30, en vagina y recto de la indígena, así como un cromosoma XY, "que sólo poseen los varones", pero el gobierno, dijo, decidió desechar estas pruebas.
Señaló que la demanda de justicia en este caso "sigue en pie", y para ello la CROISZ está tomando el reto de asumir el liderazgo de esta lucha hasta que se llegue a la verdad sobre el crimen de Ernestina Ascencio.
A su vez, Pilar Noriega, integrante del grupo Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, dijo que la investigación ministerial no estableció la “verdad histórica” en este caso, ya que tampoco hay certeza jurídica sobre los hechos.
Añadió que inicialmente se “manipuló” el proceso. En relación con la recomendación enviada por la CNDH al gobierno estatal, refirió, "por la oscuridad con la que se presenta y se quiere insistir ante la opinión pública, está enviando un menaje a los servidores públicos de este país de que no deben cuidar un código de ética y no cumplir con su deber, sino actuar por consigna".
Dijo estar convencida de que con las mismas pruebas que la CNDH señala como antecedentes, "queda evidente que la señora Ernestina tenía desgarro anal, vaginal, perforación y semen en su cuerpo”.
Lo absurdo del caso, subrayó, "es que concluya que fue una muerte natural y lo aberrante es que digan que no fue violada; que los desgarres anal y vaginal no existen, lo que es grave por el mensaje que envía a los servidores públicos, en el sentido de si cumplen con su deber o no".
posted by H2AGUA at
8:52 p.m.
