El “consenso” y sus bemoles
La Jornada / Carlos Fernández Vega (México, SA)
* Violar la Constitución sin modificarla
* Simulación de concesiones
Cada cual por sus razones, pero todo indica que sólo un par de coincidencias prevalecen en el cada vez más caldeado ambiente: en materia energética, no debe modificarse la Constitución ni privatizarse Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el aparente consenso existente tiene sus bemoles.
Los que abiertamente se manifiestan en contra de la privatización, sin duda suscriben lo anterior, pero debido a su firme convicción de que la Constitución, específicamente en el ámbito energético, debe respetarse no sólo en la letra sino en el espíritu, siempre en aras de fortalecer la soberanía y seguridad nacionales, y bajo el precepto de que el petróleo y la generación eléctrica deben servir al bienestar y progreso de los mexicanos. Ese es el punto de partida.
Quienes, por el contrario, están a favor de la “apertura” y “modernización” (léase privatización) en este renglón estratégico también son los primeros interesados en no modificar, legalmente, el texto constitucional, porque hacerlo los metería en gravísimos aprietos, especialmente de carácter penal.
Estos últimos se pronuncian abiertamente por no tocar el texto constitucional, por dejarlo tal cual, porque de hacerlo abrirían la celda de su propia reclusión: tendrían que transparentar y explicar el inagotable inventario de “arreglos” extra constitucionales, por debajo de la mesa, por la puerta de atrás, para la simulación de concesiones, la privatización, en los hechos, de varias áreas constitucionalmente prohibidas al capital privado (nacional o foráneo); documentar y revelar términos y condiciones de las “alianzas estratégicas”, los acuerdos, convenios, asignaciones directas, asociaciones “no comerciales”, contratos de “servicios múltiples”, Pidiregas y, en fin, los multimillonarios cuan oscuros negocios que a favor del capital privado, fundamentalmente extranjero, ha concretado el gobierno (con sus cinco máscaras, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) en los últimos 25 años en el sector energético mexicano.
Desde luego que se manifiestan por un riguroso NO a la modificación constitucional ni a la privatización, para poder seguir privatizando a sus anchas el sector energético, tal cual lo han hecho a lo largo de cinco lustros. Ese ha sido el camino para la generación eléctrica, la petroquímica, el gas natural, la exploración y perforación de pozos, la transportación, comercialización y demás áreas reservadas al Estado, como establece la Constitución.
Sería suicida que esta banda se pronunciara, y actuara en consecuencia, por la modificación del texto constitucional y la abierta privatización del sector energético. Les resultaría antifuncional, porque no serían tan jugosos los negocios ni tan libres las asignaciones, amén que tendrían que abrir cartas, transparentar operaciones y explicar muchísimas cosas, con el riesgo de terminar su carrera político-empresarial (o viceversa) hospedados en algún reclusorio de la República.
Precisamente ha sido la simulación de concesiones constitucionalmente prohibidas el camino que más les ha redituado, pero siempre bajo el disfraz de permisos, modernización, acuerdos, alianzas, contratos, asociaciones no comerciales, asignaciones directas y demás eufemismos para abrir la puerta trasera al capital privado. Así, abrir legalmente la puerta delantera del sector energético mexicano, sería toparse de inmediato con la puerta trasera.
Multimillonario ha sido el negocio y cada día mayor la presencia para y de empresas trasnacionales como Dowell Schlumberger, Halliburton, Enron, Total, Repsol, Shell, Exxon, Conoco, Chevron, Lewis Energy, Iberdrola, Techint, Elecnor, Alstom, Unión Fenosa, Electricité de France, Abengoa, Mitsubishi, Elecnor, Transalta y otras cuantas que permanecen en el tintero, y esa banda gubernamental mantiene su dicho de “aquí no se privatiza nada ni se modifica la Constitución”. Por donde le busquen es privatización, aunque la vistan de seda y la envuelvan en la bandera mexicana.
El asunto es que en el gobierno mismo se “inventan” las trampas y se confeccionan los disfraces para la privatización del sector energético, sin que oficialmente se privatice. Un ejemplo llamativo es el de una de las filiales de Petróleos Mexicanos, la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), paraestatal constituida el 12 de noviembre de 1968, entre cuyos objetivos se cuenta la ejecución “de toda clase de trabajos de exploración geofísica, geológica, fotogeológica, de radioactividad y de topografía, y la perforación de toda clase de pozos ya sea de petróleo, agua, minerales o para la exploración geológica”. Asimismo, “colaborar” con Pemex “en la operación de sus programas exploratorios (y) para el descubrimiento e incorporación de reservas de hidrocarburos mediante el uso de tecnología de punta…”, de acuerdo con su propia definición.
En 1998 (sexenio zedillista), Comesa “reformó” sus estatutos con el fin de “actualizarse conforme a la legislación mercantil vigente y en apego a la dinámica empresarial y comercial de nuestro país”. La “reforma” permitió el reparto del pastel: Pemex se quedó con 60 por ciento de las acciones, mientras 40 por ciento pasó a ser propiedad de la trasnacional francesa Schlumberger, una de las grandes beneficiarias del presupuesto de Petróleos Mexicanos, ahora en su triple condición de contratista, proveedor y “autoridad” del sector energético mexicano.
Entonces, ¿modificar la Constitución, privatizar Pemex y CFE, abrir cartas y transparentar concesiones simuladas? Ni locos.
Las rebanadas del pastel
Si de simulaciones se trata, allí está el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, quien ahora dice que “se analiza” la “capitalización” (recuérdense los casos argentino y boliviano) de Pemex vía Bolsa Mexicana de Valores. “Podría ser”, propone, mediante certificados de aportación patrimonial, es decir, los famosos cuan especulativos CAPS (1986) que abrieron la reprivatización de la banca estatizada en 1982, desbocaron el mercado bursátil y lo llevaron a la crisis en 1987, permitieron la reprivatización total del sector financiero y terminaron con la extranjerización del sistema de pagos. Qué buena idea, Pancho.
* Violar la Constitución sin modificarla
* Simulación de concesiones
Cada cual por sus razones, pero todo indica que sólo un par de coincidencias prevalecen en el cada vez más caldeado ambiente: en materia energética, no debe modificarse la Constitución ni privatizarse Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el aparente consenso existente tiene sus bemoles.
Los que abiertamente se manifiestan en contra de la privatización, sin duda suscriben lo anterior, pero debido a su firme convicción de que la Constitución, específicamente en el ámbito energético, debe respetarse no sólo en la letra sino en el espíritu, siempre en aras de fortalecer la soberanía y seguridad nacionales, y bajo el precepto de que el petróleo y la generación eléctrica deben servir al bienestar y progreso de los mexicanos. Ese es el punto de partida.
Quienes, por el contrario, están a favor de la “apertura” y “modernización” (léase privatización) en este renglón estratégico también son los primeros interesados en no modificar, legalmente, el texto constitucional, porque hacerlo los metería en gravísimos aprietos, especialmente de carácter penal.
Estos últimos se pronuncian abiertamente por no tocar el texto constitucional, por dejarlo tal cual, porque de hacerlo abrirían la celda de su propia reclusión: tendrían que transparentar y explicar el inagotable inventario de “arreglos” extra constitucionales, por debajo de la mesa, por la puerta de atrás, para la simulación de concesiones, la privatización, en los hechos, de varias áreas constitucionalmente prohibidas al capital privado (nacional o foráneo); documentar y revelar términos y condiciones de las “alianzas estratégicas”, los acuerdos, convenios, asignaciones directas, asociaciones “no comerciales”, contratos de “servicios múltiples”, Pidiregas y, en fin, los multimillonarios cuan oscuros negocios que a favor del capital privado, fundamentalmente extranjero, ha concretado el gobierno (con sus cinco máscaras, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) en los últimos 25 años en el sector energético mexicano.
Desde luego que se manifiestan por un riguroso NO a la modificación constitucional ni a la privatización, para poder seguir privatizando a sus anchas el sector energético, tal cual lo han hecho a lo largo de cinco lustros. Ese ha sido el camino para la generación eléctrica, la petroquímica, el gas natural, la exploración y perforación de pozos, la transportación, comercialización y demás áreas reservadas al Estado, como establece la Constitución.
Sería suicida que esta banda se pronunciara, y actuara en consecuencia, por la modificación del texto constitucional y la abierta privatización del sector energético. Les resultaría antifuncional, porque no serían tan jugosos los negocios ni tan libres las asignaciones, amén que tendrían que abrir cartas, transparentar operaciones y explicar muchísimas cosas, con el riesgo de terminar su carrera político-empresarial (o viceversa) hospedados en algún reclusorio de la República.
Precisamente ha sido la simulación de concesiones constitucionalmente prohibidas el camino que más les ha redituado, pero siempre bajo el disfraz de permisos, modernización, acuerdos, alianzas, contratos, asociaciones no comerciales, asignaciones directas y demás eufemismos para abrir la puerta trasera al capital privado. Así, abrir legalmente la puerta delantera del sector energético mexicano, sería toparse de inmediato con la puerta trasera.
Multimillonario ha sido el negocio y cada día mayor la presencia para y de empresas trasnacionales como Dowell Schlumberger, Halliburton, Enron, Total, Repsol, Shell, Exxon, Conoco, Chevron, Lewis Energy, Iberdrola, Techint, Elecnor, Alstom, Unión Fenosa, Electricité de France, Abengoa, Mitsubishi, Elecnor, Transalta y otras cuantas que permanecen en el tintero, y esa banda gubernamental mantiene su dicho de “aquí no se privatiza nada ni se modifica la Constitución”. Por donde le busquen es privatización, aunque la vistan de seda y la envuelvan en la bandera mexicana.
El asunto es que en el gobierno mismo se “inventan” las trampas y se confeccionan los disfraces para la privatización del sector energético, sin que oficialmente se privatice. Un ejemplo llamativo es el de una de las filiales de Petróleos Mexicanos, la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), paraestatal constituida el 12 de noviembre de 1968, entre cuyos objetivos se cuenta la ejecución “de toda clase de trabajos de exploración geofísica, geológica, fotogeológica, de radioactividad y de topografía, y la perforación de toda clase de pozos ya sea de petróleo, agua, minerales o para la exploración geológica”. Asimismo, “colaborar” con Pemex “en la operación de sus programas exploratorios (y) para el descubrimiento e incorporación de reservas de hidrocarburos mediante el uso de tecnología de punta…”, de acuerdo con su propia definición.
En 1998 (sexenio zedillista), Comesa “reformó” sus estatutos con el fin de “actualizarse conforme a la legislación mercantil vigente y en apego a la dinámica empresarial y comercial de nuestro país”. La “reforma” permitió el reparto del pastel: Pemex se quedó con 60 por ciento de las acciones, mientras 40 por ciento pasó a ser propiedad de la trasnacional francesa Schlumberger, una de las grandes beneficiarias del presupuesto de Petróleos Mexicanos, ahora en su triple condición de contratista, proveedor y “autoridad” del sector energético mexicano.
Entonces, ¿modificar la Constitución, privatizar Pemex y CFE, abrir cartas y transparentar concesiones simuladas? Ni locos.
Las rebanadas del pastel
Si de simulaciones se trata, allí está el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, quien ahora dice que “se analiza” la “capitalización” (recuérdense los casos argentino y boliviano) de Pemex vía Bolsa Mexicana de Valores. “Podría ser”, propone, mediante certificados de aportación patrimonial, es decir, los famosos cuan especulativos CAPS (1986) que abrieron la reprivatización de la banca estatizada en 1982, desbocaron el mercado bursátil y lo llevaron a la crisis en 1987, permitieron la reprivatización total del sector financiero y terminaron con la extranjerización del sistema de pagos. Qué buena idea, Pancho.
posted by H2AGUA at
10:09 a.m.
