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martes, 15 de enero de 2008

Mentiras y espejismos neoliberales

Cambio de Michoacan

Como era de esperarse, en un régimen derechista y neoliberal no podía ser de otra manera, en los primeros días del naciente año los acontecimientos económicos, políticos y sociales se caracterizan por su marcado signo contrario a los intereses de la mayoría de los mexicanos: incremento de precios de productos básicos; oídos sordos a la demanda campesina de que se revise el capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio; inminentes propuestas de privatización petrolera que pretenden culminar el proceso de despojo de la riqueza de la nación iniciado hace algunos lustros.

Mientras el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del sector económico se esfuerzan por convencernos de que los índices macroeconómicos reflejan estabilidad y que todo está bajo control, los mexicanos que sobreviven con magros salarios constatan que los precios de productos básicos se incrementan diariamente.

En tanto cifras oficiales subrayan que la inflación en el 2007 se mantuvo por debajo de los cuatro puntos porcentuales, estadísticas elaboradas por organismos gubernamentales señalan que los precios de 42 productos de la canasta básica se elevaron alrededor de un 35 por ciento, lo que da por resultado que continúa el deslizamiento a la baja del poder adquisitivo de los salarios, que se incrementaron en porcentajes mínimos en consonancia con el índice inflacionario.

Por otra parte, mientras diversas organizaciones campesinas, respaldadas por otros sectores sociales y políticos, advierten que saldrán a las calles a exigir la revisión del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las autoridades agrarias del gobierno calderonista subrayan que el tratado comercial con los socios del norte es innegociable y que este año se destinarán al campo mexicano millonarias cifras, «como nunca antes en nuestra historia».

El titular del gobierno espurio y sus encargados de despacho, dicen que el TLCAN ha traído al campo mexicano más beneficios que perjuicios y para sustentar dicha aseveración se refieren al crecimiento de la exportación de ciertos rubros de la actividad agropecuaria. En un sentido estricto, desde la perspectiva de los intereses de las transnacionales y grandes grupos económicos que dominan el sector, se podría considerar que tienen razón y no mienten, han amasado cuantiosas fortunas.

Sin embargo el espejismo se rompe, salta hecho añicos, si vemos la situación de quiebra de amplias y diversas ramas agropecuarias que han obligado al éxodo de millones de campesinos, abandonando tierras y familias.

En cuanto a este aspecto de nuestra lacerante realidad cabe señalar que en tanto se acerca la fecha, 31 de enero, acordada por organizaciones campesinas y sociales para la movilización nacional de protesta en contra del TLCAN, comienzan una vez más a deslindarse los bandos y veremos que cada día desertarán de la lucha independiente los de siempre, los líderes que se han enriquecido al amparo del poder público, medrando de los recursos de los programas gubernamentales.

«Si se mueven no recibirán el dinero que este año se destinará al campo», sería la zanahoria calderonista a los sempiternos líderes agrarios que, pragmáticos como son, dirán que más vale billete en mano que vivir en el error fuera del presupuesto y con la posibilidad de la represión de optar por la defensa real de los intereses de sus bases campesinas.

En otro orden de ideas, abordando un tema importante, vital para el futuro de la nación, cada vez queda más claro que se prepara el embate final por parte del gobierno ilegítimo, respaldado por el PAN y por el PRI, para abrir la exploración de petróleo al capital privado, como un paso fundamental en la total privatización de Pemex.

Mientras las partes interesadas en repartir el suculento pastel petrolero con hambrientos comensales privados aducen que la empresa paraestatal se encuentra sin dinero para salir de la crisis en que se encuentra -a la que, es preciso subrayarlo, la han llevado años de saqueo y mala administración de priístas y panistas-, el senador perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado, señala que el gobierno tiene recursos suficientes (400 mil millones de pesos de los ingresos petroleros en manos de Hacienda, más otros 200 mil millones de ingresos adicionales por el sobreprecio del crudo) para mejorar la infraestructura de Pemex.

Es claro que el interés de la llamada iniciativa privada, nacional y extranjera, por invertir en el sector petrolero responde a que representa un buen negocio; al capital lo atraen las altas tasas de ganancia y no sentimientos nacionalistas de rescate de una empresa en quiebra. Como expresó Andrés Manuel López Obrador, «el petróleo es el mejor negocio del mundo; cuesta seis dólares la extracción de cada barril y se vende en un precio mucho mayor, por lo que ese negocio tiene qué seguir siendo de México y no de particulares ni de extranjeros ¡Que no nos regresen al porfiriato!».

Al tiempo que el senador del PRD informa que uno de los principales cabilderos del gobierno espurio en este tema es Juan Camilo Mouriño, cuyo padre se enriqueció con negocios ligados a Petróleos Mexicanos, denuncia que el proyecto privatizador del PAN propone que se coloque entre el 20 y 30 por ciento de dinero privado en el capital social de Pemex.

En otras palabras, eso significaría que una cantidad significativa de la renta petrolera en vez de canalizarse para la atención de múltiples necesidades sociales que padecen los mexicanos, quedaría en las cuentas bancarias de unos cuantos barones de la iniciativa privada.

La hora de las definiciones se acerca y ya se verá si los legisladores de los tres principales partidos políticos son congruentes con sus posiciones: el PAN incondicional al lado de la privatización; las cúpulas del PRI y sus seguidores en ese mismo sentido, quedando la interrogante del comportamiento de aquellos priístas que se dicen nacionalistas; es de esperarse que el PRD en bloque se manifieste en contra de esa iniciativa, aunque no es de descartarse que algunos de ellos adopten posiciones que vanamente intenten conciliar lo irreconciliable.

En todo caso será la presión social, de la que forma parte central el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la que podría impedir que culmine el sueño neoliberal, largamente acariciado, de poner en manos de poderosas empresas transnacionales los recursos naturales de la nación.