Energía: ¿cábalas privatizadoras?
La Jornada
Hace poco un diputado del PRI acusó al gobierno de propiciar en el Congreso “un debate clandestino” a favor de privatizar y extranjerizar Pemex, y agregó: “estaríamos ante un acto de insensatez, cuando los demás países guardan y cuidan su petróleo, porque sirve de instrumento de desarrollo, 90 por ciento del petróleo a nivel mundial está controlado por los Estados, estaríamos actuando a contracorriente” (emequis, 21-I-08, p. 37). Y es que las cábalas privatizadoras se propagan de Washington a Madrid y de “Baja” a Tabasco, en proporción directa al ascenso de la tasa de ganancia del sector petroeléctrico: uno que se posiciona como nodal en México y en el mundo del siglo XXI, que ya enfrenta límites geológicos y ambientales en torno a la disposición y quema de combustibles fósiles baratos y de fácil acceso.
En una atmósfera de impunidad, a pocos asombra que el Ejecutivo y el PAN actúen, por la vía de una “reforma energética”, como “cabilderos” de consorcios nacionales y extranjeros, que andan tras el sector de energía del país –sometido ya a una ilegal privatización de facto–. La iniciativa “privatizadora” (término que no le gusta a Rubén Camarillo, que impulsa en el Senado esos intereses bajo la rúbrica de la “modernización”) fue endosada por el senador Francisco Labastida, del PRI, presidente de la Comisión de Energía, adoptando términos y argumentos usados por el Banco Mundial en los sexenios de Salinas, Zedillo y Fox.
Samuel Aguilar, siguiendo aquel guión que desembocó en la “reforma integral” de bancos y ferrocarriles, ahora nos asegura que se procederá “sin tocar ni el artículo 27 constitucional” o “los derechos de los trabajadores y su sindicato”, para gran consuelo de todos los que atestiguamos cómo Fox y ahora Calderón, al tiempo que intensifican la agresión fiscal contra Pemex, abren puertas a grandes firmas contratistas tipo Halliburton, Shell y su subsidiaria P/GSI, que “ahorita” codician el activo integral Ku Maloob Zaap.
Es cierto que las cúpulas partidistas en el Congreso hacen cuanta reunión privada tengan a bien. Pero la cábala por el petróleo es tan secreta que, se dice, la mayoría de diputados y senadores del PRI, poco inclinados a la “reforma” porque va contra los principios básicos de su partido, desconocen el contenido de una propuesta avalada por Labastida, conocedor junto a Emilio Gamboa –otro impulsor de la “modernización” de Pemex–, de que el asunto es delicado: saben que entre un debate clandestino y una maquinación contra la normatividad constitucional vigente no hay más que un giro lingüístico.
Cabe recordar que Carlos Rojas, del PRI, dijo que “el señor Labastida estará haciendo las cosas a nombre del señor Labastida. Él no tiene mayor representación más que ser un legislador. Al senador le he escuchado meras ideas, ocurrencias, pero no he visto una sola propuesta seria, contundente y formalmente presentada”. (Ibídem).
Igual que en los pasillos del Potomac, acá los promotores de esos intereses empresariales de Estados Unidos, encabezados por Calderón (a los que se agregan los de empresas eléctricas y petroleras españolas) también operan en lo oscurito y desde las oficinas de la cúpula gubernamental. El modus operandi es conocido: se trata de una acción conjunta que va del “centro” (la casa matriz) a la “periferia” (la sucursal o subsidiaria), vía instrumentos “de facto” como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte: es decir, de la Casa Blanca a “su” aparato político y de “inteligencia” que opera desde Reforma, Los Pinos y Bucarelli.
Las redes de complicidad entre empresas y funcionarios se amplían a San Lázaro, para “legalizar” y amarrar más licitaciones en ductos, refinerías, petroquímica, viejos y nuevos yacimientos: el “diseño” privatizador, que considera el uso de “beneficios colaterales” para su impulso, fue planteado por el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) a fines de 2007, en el cónclave secreto de la ASPAN, en Montebello, Canadá, con asistencia de Calderón, Harper y Bush, este último en calidad más de comandante en jefe de las operaciones clandestinas que de presidente constitucional y además, de cabildero –con Cheney– de las grandes empresas petroleras.
Los lineamientos sobre el sector energético de México los presentó el CCAN, integrado por empresarios de los tres países como Claudio X. González. La dimensión de seguridad policial-militar, de espionaje y de “reajuste” del sistema judicial respectivo fue contemplada como “blindaje” ante la resistencia popular a estos diseños empresariales en pos de la “competitividad” –léase despojo– de Pemex-CFE.
Un diagnóstico requiere determinar si existe justificación financiera y técnica para la apertura de Pemex al capital privado. Sólo se ha explorado 25 por ciento de las zonas susceptibles de tener petróleo. Para tratar esto, el 13 de febrero se realizará en la UNAM una conferencia de prensa con ingenieros, abogados y expertos.
Hace poco un diputado del PRI acusó al gobierno de propiciar en el Congreso “un debate clandestino” a favor de privatizar y extranjerizar Pemex, y agregó: “estaríamos ante un acto de insensatez, cuando los demás países guardan y cuidan su petróleo, porque sirve de instrumento de desarrollo, 90 por ciento del petróleo a nivel mundial está controlado por los Estados, estaríamos actuando a contracorriente” (emequis, 21-I-08, p. 37). Y es que las cábalas privatizadoras se propagan de Washington a Madrid y de “Baja” a Tabasco, en proporción directa al ascenso de la tasa de ganancia del sector petroeléctrico: uno que se posiciona como nodal en México y en el mundo del siglo XXI, que ya enfrenta límites geológicos y ambientales en torno a la disposición y quema de combustibles fósiles baratos y de fácil acceso.
En una atmósfera de impunidad, a pocos asombra que el Ejecutivo y el PAN actúen, por la vía de una “reforma energética”, como “cabilderos” de consorcios nacionales y extranjeros, que andan tras el sector de energía del país –sometido ya a una ilegal privatización de facto–. La iniciativa “privatizadora” (término que no le gusta a Rubén Camarillo, que impulsa en el Senado esos intereses bajo la rúbrica de la “modernización”) fue endosada por el senador Francisco Labastida, del PRI, presidente de la Comisión de Energía, adoptando términos y argumentos usados por el Banco Mundial en los sexenios de Salinas, Zedillo y Fox.
Samuel Aguilar, siguiendo aquel guión que desembocó en la “reforma integral” de bancos y ferrocarriles, ahora nos asegura que se procederá “sin tocar ni el artículo 27 constitucional” o “los derechos de los trabajadores y su sindicato”, para gran consuelo de todos los que atestiguamos cómo Fox y ahora Calderón, al tiempo que intensifican la agresión fiscal contra Pemex, abren puertas a grandes firmas contratistas tipo Halliburton, Shell y su subsidiaria P/GSI, que “ahorita” codician el activo integral Ku Maloob Zaap.
Es cierto que las cúpulas partidistas en el Congreso hacen cuanta reunión privada tengan a bien. Pero la cábala por el petróleo es tan secreta que, se dice, la mayoría de diputados y senadores del PRI, poco inclinados a la “reforma” porque va contra los principios básicos de su partido, desconocen el contenido de una propuesta avalada por Labastida, conocedor junto a Emilio Gamboa –otro impulsor de la “modernización” de Pemex–, de que el asunto es delicado: saben que entre un debate clandestino y una maquinación contra la normatividad constitucional vigente no hay más que un giro lingüístico.
Cabe recordar que Carlos Rojas, del PRI, dijo que “el señor Labastida estará haciendo las cosas a nombre del señor Labastida. Él no tiene mayor representación más que ser un legislador. Al senador le he escuchado meras ideas, ocurrencias, pero no he visto una sola propuesta seria, contundente y formalmente presentada”. (Ibídem).
Igual que en los pasillos del Potomac, acá los promotores de esos intereses empresariales de Estados Unidos, encabezados por Calderón (a los que se agregan los de empresas eléctricas y petroleras españolas) también operan en lo oscurito y desde las oficinas de la cúpula gubernamental. El modus operandi es conocido: se trata de una acción conjunta que va del “centro” (la casa matriz) a la “periferia” (la sucursal o subsidiaria), vía instrumentos “de facto” como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte: es decir, de la Casa Blanca a “su” aparato político y de “inteligencia” que opera desde Reforma, Los Pinos y Bucarelli.
Las redes de complicidad entre empresas y funcionarios se amplían a San Lázaro, para “legalizar” y amarrar más licitaciones en ductos, refinerías, petroquímica, viejos y nuevos yacimientos: el “diseño” privatizador, que considera el uso de “beneficios colaterales” para su impulso, fue planteado por el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) a fines de 2007, en el cónclave secreto de la ASPAN, en Montebello, Canadá, con asistencia de Calderón, Harper y Bush, este último en calidad más de comandante en jefe de las operaciones clandestinas que de presidente constitucional y además, de cabildero –con Cheney– de las grandes empresas petroleras.
Los lineamientos sobre el sector energético de México los presentó el CCAN, integrado por empresarios de los tres países como Claudio X. González. La dimensión de seguridad policial-militar, de espionaje y de “reajuste” del sistema judicial respectivo fue contemplada como “blindaje” ante la resistencia popular a estos diseños empresariales en pos de la “competitividad” –léase despojo– de Pemex-CFE.
Un diagnóstico requiere determinar si existe justificación financiera y técnica para la apertura de Pemex al capital privado. Sólo se ha explorado 25 por ciento de las zonas susceptibles de tener petróleo. Para tratar esto, el 13 de febrero se realizará en la UNAM una conferencia de prensa con ingenieros, abogados y expertos.
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1:56 p.m.
