Pederastas de la Constitución
La Corte se lavó las manos
Juez y parte, la Suprema Corte (no de la Nación y mucho menos de Justicia), por habérsele otorgado facultad de tribunal constitucional, se ha erigido, por la mayoría de sus integrantes, en la única y última instancia de un Poder Judicial Federal que se hunde en la corrupción, arrojada al presidencialismo, particularmente del zedillismo al foxismo. Trata los problemas que conoce como si fueran exclusivamente procesales, haciendo a un lado los fines sustantivos de la Constitución. Lleva dos sexenios favoreciendo los abusos de poder del presidente y gobernadores en turno e impartiendo resoluciones: investigaciones definitivas donde los quejosos quedan en estado de indefensión.
Resolvieron seis de ellos que no hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de Lydia Cacho y, por lo tanto, se opusieron al dictamen de los ministros Silva Meza, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Cossío Díaz. Estos probaron y defendieron la interpretación constitucional de “gobernar en beneficio del pueblo” y de anteponer los derechos y garantías individuales por encima del abuso del poder público en alianza con el depravado poder económico privado.
El (des)gobernador Mario Marín y sus cómplices Succar Kuri y Kamel Nacif, éstos pederastas sexuales y aquél pederasta violador de la Constitución, no por la sucia conversación telefónica en sí, como por los hechos a partir de ella que probaron una asociación delictuosa para pisotear los derechos de la periodista, dejando en la impunidad a un servidor público.
Marín primero, y ahora los seis ministros, son funcionarios que impidieron la administración de justicia. La Corte se lavó las manos. ¿Para qué, entonces, atrajo la denuncia? Pasaron diez meses para que, tras una investigación que arrojó pruebas contundentes a favor del imperio de la ley, los Azuela, Ortiz, Valls y Aguirre y las Sánchez y Luna defendieran el abuso del poder. Afectando la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de cumplir y hacer cumplir la Constitución, para contemporizar y avalar las conductas pederastas.
Porque hay pederastas sexuales y pederastas que violan la más elemental legalidad. Los seis ministros ampararon a los que tienen el poder, como lo han venido haciendo, hasta que el pueblo ejerza el único derecho que ningún violador puede impedir que vaya hasta sus últimas consecuencias: el de alterar o modificar la forma de su gobierno. Mientras tanto, violadores sexuales y de la Constitución son los pederastas
Juez y parte, la Suprema Corte (no de la Nación y mucho menos de Justicia), por habérsele otorgado facultad de tribunal constitucional, se ha erigido, por la mayoría de sus integrantes, en la única y última instancia de un Poder Judicial Federal que se hunde en la corrupción, arrojada al presidencialismo, particularmente del zedillismo al foxismo. Trata los problemas que conoce como si fueran exclusivamente procesales, haciendo a un lado los fines sustantivos de la Constitución. Lleva dos sexenios favoreciendo los abusos de poder del presidente y gobernadores en turno e impartiendo resoluciones: investigaciones definitivas donde los quejosos quedan en estado de indefensión.
Resolvieron seis de ellos que no hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de Lydia Cacho y, por lo tanto, se opusieron al dictamen de los ministros Silva Meza, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Cossío Díaz. Estos probaron y defendieron la interpretación constitucional de “gobernar en beneficio del pueblo” y de anteponer los derechos y garantías individuales por encima del abuso del poder público en alianza con el depravado poder económico privado.
El (des)gobernador Mario Marín y sus cómplices Succar Kuri y Kamel Nacif, éstos pederastas sexuales y aquél pederasta violador de la Constitución, no por la sucia conversación telefónica en sí, como por los hechos a partir de ella que probaron una asociación delictuosa para pisotear los derechos de la periodista, dejando en la impunidad a un servidor público.
Marín primero, y ahora los seis ministros, son funcionarios que impidieron la administración de justicia. La Corte se lavó las manos. ¿Para qué, entonces, atrajo la denuncia? Pasaron diez meses para que, tras una investigación que arrojó pruebas contundentes a favor del imperio de la ley, los Azuela, Ortiz, Valls y Aguirre y las Sánchez y Luna defendieran el abuso del poder. Afectando la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de cumplir y hacer cumplir la Constitución, para contemporizar y avalar las conductas pederastas.
Porque hay pederastas sexuales y pederastas que violan la más elemental legalidad. Los seis ministros ampararon a los que tienen el poder, como lo han venido haciendo, hasta que el pueblo ejerza el único derecho que ningún violador puede impedir que vaya hasta sus últimas consecuencias: el de alterar o modificar la forma de su gobierno. Mientras tanto, violadores sexuales y de la Constitución son los pederastas