Año negro para defensores de derechos humanos
* Aumentaron agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio y difamación
Víctor Ballinas
La Jornada
En México es larga la lista de agravios en contra de defensores de derechos humanos registrada a lo largo de 2007, y van desde agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, difamación y atentados, hasta ejecuciones. Por esta situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, señaló en abril pasado que “en el país, como en el resto de América Latina, hay un alarmante índice de impunidad en las agresiones contra los defensores”.
Durante su visita de trabajo al país, en abril pasado, el titular de la CIDH presentó en la cancillería el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, y llamó al gobierno “a adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de estos actores sociales”.
No obstante, la situación de los defensores no cambió, al contrario, se recrudecieron las agresiones en su contra, tanto que incluso se perpetró un asesinato, persecuciones y encarcelamientos. Las organizaciones civiles y sociales denunciaron estos hechos; en promedio se dio a conocer un ataque al mes.
A continuación, se enlistan algunos casos:
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el 26 de febrero que entre las 9:20 y 9:30 de la mañana fue arrojada una nota al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el siguiente mensaje: “Disfruta tu último día. Te mataremos; estoy buscándote y ya te encontramos”.
El 9 de abril, en Monterrey, Nuevo León, fue torturado y asesinado en sus oficinas Santiago Rafael Cruz, de 29 años de edad, quien era organizador de asalariados migrantes y trabajaba para la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino.
Cruz tenía apenas mes y medio en esa oficina y antes había estado cuatro años en Ohio, Estados Unidos, ya que su labor consistía en ayudar a los trabajadores agrícolas que cada año viajan desde México hacia Carolina del Norte como trabajadores huéspedes.
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundió el 11 de julio una alerta relacionada con el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado, quien además es promotor de derechos humanos, que “fue acusado de secuestro por defender los recursos naturales de los pueblos indios y campesinos en el estado de México”. La detención de Pérez Alvarado ocurrió el 4 de julio y fue remitido a la prisión de Temascaltepec, donde un juez le dictó auto de formal prisión acusándolo de secuestro.
El siguiente caso se registró el 19 de junio, y tiene que ver con Cristina Auerbach Benavides, quien asesora a familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos.
Auerbach Benavides es integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y fue amagada por dos hombres armados en el estacionamiento de su casa, de donde se llevaron su camioneta, documentos importantes sobre el mencionado caso y una memoria USB con copia del expediente de la mina.
El 23 de agosto, Amnistía Internacional difundió una alerta por el acoso y agresiones en contra de Fair Pineda, abogado del Frente Amplio Opositor, y Armando Mendoza Ponce, quienes se oponen al proyecto minero en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. “El organismo indicó que consideraba que la vida de Pineda y Mendoza estaba en peligro, ya que fueron perseguidos la madrugada del 5 de agosto y desde entonces se intensificaron los acosos contra ellos”.
El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.
Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.
El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.
La más reciente agresión ocurrió el 20 de diciembre pasado y fue dirigida contra el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, Coahuila, donde dos hombres sometieron a Mariana Villarreal Contreras, del área jurídica de la agrupación, a quien encerraron en el baño; los individuos, quienes llevaban guantes y el rostro cubierto, revisaron los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos seguidos por el obispo Raúl Vera.
Víctor Ballinas
La Jornada
En México es larga la lista de agravios en contra de defensores de derechos humanos registrada a lo largo de 2007, y van desde agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, difamación y atentados, hasta ejecuciones. Por esta situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, señaló en abril pasado que “en el país, como en el resto de América Latina, hay un alarmante índice de impunidad en las agresiones contra los defensores”.
Durante su visita de trabajo al país, en abril pasado, el titular de la CIDH presentó en la cancillería el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, y llamó al gobierno “a adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de estos actores sociales”.
No obstante, la situación de los defensores no cambió, al contrario, se recrudecieron las agresiones en su contra, tanto que incluso se perpetró un asesinato, persecuciones y encarcelamientos. Las organizaciones civiles y sociales denunciaron estos hechos; en promedio se dio a conocer un ataque al mes.
A continuación, se enlistan algunos casos:
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el 26 de febrero que entre las 9:20 y 9:30 de la mañana fue arrojada una nota al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el siguiente mensaje: “Disfruta tu último día. Te mataremos; estoy buscándote y ya te encontramos”.
El 9 de abril, en Monterrey, Nuevo León, fue torturado y asesinado en sus oficinas Santiago Rafael Cruz, de 29 años de edad, quien era organizador de asalariados migrantes y trabajaba para la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino.
Cruz tenía apenas mes y medio en esa oficina y antes había estado cuatro años en Ohio, Estados Unidos, ya que su labor consistía en ayudar a los trabajadores agrícolas que cada año viajan desde México hacia Carolina del Norte como trabajadores huéspedes.
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundió el 11 de julio una alerta relacionada con el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado, quien además es promotor de derechos humanos, que “fue acusado de secuestro por defender los recursos naturales de los pueblos indios y campesinos en el estado de México”. La detención de Pérez Alvarado ocurrió el 4 de julio y fue remitido a la prisión de Temascaltepec, donde un juez le dictó auto de formal prisión acusándolo de secuestro.
El siguiente caso se registró el 19 de junio, y tiene que ver con Cristina Auerbach Benavides, quien asesora a familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos.
Auerbach Benavides es integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y fue amagada por dos hombres armados en el estacionamiento de su casa, de donde se llevaron su camioneta, documentos importantes sobre el mencionado caso y una memoria USB con copia del expediente de la mina.
El 23 de agosto, Amnistía Internacional difundió una alerta por el acoso y agresiones en contra de Fair Pineda, abogado del Frente Amplio Opositor, y Armando Mendoza Ponce, quienes se oponen al proyecto minero en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. “El organismo indicó que consideraba que la vida de Pineda y Mendoza estaba en peligro, ya que fueron perseguidos la madrugada del 5 de agosto y desde entonces se intensificaron los acosos contra ellos”.
El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.
Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.
El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.
La más reciente agresión ocurrió el 20 de diciembre pasado y fue dirigida contra el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, Coahuila, donde dos hombres sometieron a Mariana Villarreal Contreras, del área jurídica de la agrupación, a quien encerraron en el baño; los individuos, quienes llevaban guantes y el rostro cubierto, revisaron los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos seguidos por el obispo Raúl Vera.
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10:35 a.m.
