Hubo corrupción en la remodelación de Los Pinos
ALBERTO AGUIRRE
El Universal
Miércoles 24 de octubre de 2007
La primera obra pública del sexenio de Vicente Fox, la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos, tuvo los visos fraudulentos y ocasionó daño patrimonial al erario. Así quedó asentado en la auditoría especial realizada por la extinta Secretaría de la Contraloría, que obtuvo EL UNIVERSAL.
Las dos carpetas engargoladas —casi 500 páginas con el informe ejecutivo y ocho anexos— contienen la evidencia de que los funcionarios que la ordenaron no estaban legalmente facultados para hacerlo y que el proveedor seleccionado estaba incapacitado técnica y financieramente para afrontar un compromiso de tal envergadura.
El despacho Humberto Artigas y Asociados fue escogido por recomendación de José Fox Quesada, hermano del entonces presidente de la República, y firmó cuatro contratos, por lo que facturó 61 millones 895 mil 898 pesos, según la documentación contenida en la auditoría.
“Dichos contratos se adjudicaron directamente... sin la debida justificación y fundamentación, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas, ya que el argumento esgrimido, de confidencialidad y seguridad nacional, se desvirtuó”, dice la cédula de observaciones.
A partir de allí, los errores y omisiones se acumularon: el contrato AD-269-00 fue firmado en dos ocasiones —el 15 y el 20 de diciembre del 2000— y en ambos casos, con violaciones a la normatividad; no obstante, su monto, de 6 millones 336 mil 500 pesos, fue cubierto.
Otro dato que llamó la atención a los auditores fue que los funcionarios administrativos de la Presidencia hubieran pagado a Artigas del Olmo 10 millones de pesos antes de que los contratos estuvieran firmados y las obras concluidas.
Además, comprobaron que Artigas del Olmo subcontrató consigo mismo para adquirir los muebles y enseres de la nueva residencia presidencial. Sólo que incumplió con el contrato, al recibir y pagar artículos no contemplados en el mismo.
Las evidencias se muestran en la auditoría: la intermediación de una de sus empresas —Myo SA de CV— hizo que se duplicara el costo de las mercancías. “(Hubo) un sobreprecio de 636%, lo que se considera un daño patrimonial”, resalta el documento, elaborado en cumplimiento de la orden 2015, del 20 de junio del 2005.
Un mes antes, la reportera Anabel Hernández había descubierto en el portal de Compranet, que la Presidencia de la República había contratado la adquisición de 475 artículos para el menaje de las cabañas de Los Pinos, por un importe de 4 millones 462 mil 653 pesos, entre los que destacaban toallas de 4 mil pesos.
Ante el escándalo, el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, ordenó una auditoría especial, cuyo reporte final estaba inédito.
El 16 de junio de 2003, María Idalia Gómez tramitó la solicitud de información 0210000015503 en la que exigió a la Presidencia de la República entregara “los resultados y recomendaciones de las auditorías”. Pero la información fue declarada en reserva por 12 años.
La documentación indica que al daño patrimonial, Humberto Artigas del Olmo —el arquitecto preferido de la familia Fox Quesada— sumó un fraude genérico, pues de los 475 enseres que debía haber adquirido para las cabañas que ocuparon el presidente y sus hijos, sólo entregó 204 de los originalmente proyectados y 955 que no habían sido requeridos en el contrato.
Por las mercancías, Myo recibió 4 millones 618 mil 472 pesos, 3% más de lo originalmente calculado, y aun así no entregó 271 artículos —44% de los solicitados—, que sumaban un millón 977 mil 206 pesos.
En la auditoría queda comprobado que el equipo administrativo de Vicente Fox quebrantó la ley incluso antes de llegar a Los Pinos. En el expediente están las copias de los oficios que, dos semanas antes de la ceremonia de traspaso de poderes, firmó Carlos Rojas Magnon para solicitar recursos que pagaran la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos.
Al final, ocho mandos medios de Los Pinos fueron responsabilizados del fraude cometido por la empresa Humberto Artigas y Asociados, así como del daño patrimonial sufrido por el erario, pero ninguno de ellos recibió una sanción mayor a una suspensión de seis meses y permanecieron en el servicio público.
El Universal
Miércoles 24 de octubre de 2007
La primera obra pública del sexenio de Vicente Fox, la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos, tuvo los visos fraudulentos y ocasionó daño patrimonial al erario. Así quedó asentado en la auditoría especial realizada por la extinta Secretaría de la Contraloría, que obtuvo EL UNIVERSAL.
Las dos carpetas engargoladas —casi 500 páginas con el informe ejecutivo y ocho anexos— contienen la evidencia de que los funcionarios que la ordenaron no estaban legalmente facultados para hacerlo y que el proveedor seleccionado estaba incapacitado técnica y financieramente para afrontar un compromiso de tal envergadura.
El despacho Humberto Artigas y Asociados fue escogido por recomendación de José Fox Quesada, hermano del entonces presidente de la República, y firmó cuatro contratos, por lo que facturó 61 millones 895 mil 898 pesos, según la documentación contenida en la auditoría.
“Dichos contratos se adjudicaron directamente... sin la debida justificación y fundamentación, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas, ya que el argumento esgrimido, de confidencialidad y seguridad nacional, se desvirtuó”, dice la cédula de observaciones.
A partir de allí, los errores y omisiones se acumularon: el contrato AD-269-00 fue firmado en dos ocasiones —el 15 y el 20 de diciembre del 2000— y en ambos casos, con violaciones a la normatividad; no obstante, su monto, de 6 millones 336 mil 500 pesos, fue cubierto.
Otro dato que llamó la atención a los auditores fue que los funcionarios administrativos de la Presidencia hubieran pagado a Artigas del Olmo 10 millones de pesos antes de que los contratos estuvieran firmados y las obras concluidas.
Además, comprobaron que Artigas del Olmo subcontrató consigo mismo para adquirir los muebles y enseres de la nueva residencia presidencial. Sólo que incumplió con el contrato, al recibir y pagar artículos no contemplados en el mismo.
Las evidencias se muestran en la auditoría: la intermediación de una de sus empresas —Myo SA de CV— hizo que se duplicara el costo de las mercancías. “(Hubo) un sobreprecio de 636%, lo que se considera un daño patrimonial”, resalta el documento, elaborado en cumplimiento de la orden 2015, del 20 de junio del 2005.
Un mes antes, la reportera Anabel Hernández había descubierto en el portal de Compranet, que la Presidencia de la República había contratado la adquisición de 475 artículos para el menaje de las cabañas de Los Pinos, por un importe de 4 millones 462 mil 653 pesos, entre los que destacaban toallas de 4 mil pesos.
Ante el escándalo, el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, ordenó una auditoría especial, cuyo reporte final estaba inédito.
El 16 de junio de 2003, María Idalia Gómez tramitó la solicitud de información 0210000015503 en la que exigió a la Presidencia de la República entregara “los resultados y recomendaciones de las auditorías”. Pero la información fue declarada en reserva por 12 años.
La documentación indica que al daño patrimonial, Humberto Artigas del Olmo —el arquitecto preferido de la familia Fox Quesada— sumó un fraude genérico, pues de los 475 enseres que debía haber adquirido para las cabañas que ocuparon el presidente y sus hijos, sólo entregó 204 de los originalmente proyectados y 955 que no habían sido requeridos en el contrato.
Por las mercancías, Myo recibió 4 millones 618 mil 472 pesos, 3% más de lo originalmente calculado, y aun así no entregó 271 artículos —44% de los solicitados—, que sumaban un millón 977 mil 206 pesos.
En la auditoría queda comprobado que el equipo administrativo de Vicente Fox quebrantó la ley incluso antes de llegar a Los Pinos. En el expediente están las copias de los oficios que, dos semanas antes de la ceremonia de traspaso de poderes, firmó Carlos Rojas Magnon para solicitar recursos que pagaran la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos.
Al final, ocho mandos medios de Los Pinos fueron responsabilizados del fraude cometido por la empresa Humberto Artigas y Asociados, así como del daño patrimonial sufrido por el erario, pero ninguno de ellos recibió una sanción mayor a una suspensión de seis meses y permanecieron en el servicio público.
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8:49 p.m.
