FeCAL Y SU PASION POR LA VIOLENCIA

Calderón provoca la violencia

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Históricamente las fuerzas armadas han enfocado su adiestramiento, equipamiento y despliegue de sus efectivos en el territorio nacional para atender asuntos de orden interno y proteger las instalaciones vitales -de agresiones violentas o no-; es decir, de todo aquello que es trascendente para el desarrollo y buen funcionamiento del país.

Esta misión encomendada a las fuerzas armadas se articula en el Plan de Defensa Nacional de Orden Interno, (Plan DN-II); por tanto, a través de este plan estratégico concebido y preparado por la Sección 5ª del Estado Mayor, la Secretaría de la Defensa Nacional ubica al enemigo dentro de las fronteras nacionales, cuando la causa principalísima de la formación de los ejércitos en los Estados democráticos es la defensa exterior de la nación.

Esta situación lleva a que entre Ejército y sociedad se establezca una relación en permanente conflicto, y por ende, se mantenga una disputa para transparentar la actuación del mando y de las tropas, principalmente cuando tiene que ver con violaciones a los derechos humanos.

Al no haber en la norma una definición concreta de qué se entiende por "orden interno", el Ejecutivo federal hace uso discrecional de las fuerzas armadas para resolver asuntos que van desde los relacionados con la seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico hasta dirimir conflictos poselectorales.

Esta práctica ha tomado mayor relevancia a partir de esta administración cuando se utilizó la fuerza del Ejército para dar posesión al presidente Calderón.

La decisión unilateral del Ejecutivo federal de utilizar al Ejército en la lucha anticrimen y los nulos resultados, ahora transformados en estadísticas, al dejar intocada la estructura financiera que lo soporta y los actos de "sabotaje" a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cadereyta, Salamanca y Querétaro, firmados por el EPR (Ejército Popular Revolucionario), dejan clara la incapacidad de las fuerzas armadas para cumplir con sus misiones constitucionales: tutelar los aspectos que le permiten al Estado conducirse como soberano.

Ya adelantamos en entregas anteriores que una de las pretensiones del Pentágono es involucrar a las fuerzas armadas en la lucha antinarcóticos para debilitar el poder armado del Estado, último bastión de nacionalismo para proteger y defender las fuentes estratégicas vitales del país; sin embargo, el poder político, a pie juntillas, cumple con las políticas del exterior en una supuesta cooperación en la lucha antiterrorista, a riesgo de perder la conducción soberana de la nación.

La falta de seriedad en la comunicación y el ocultamiento de información por parte del gobierno de lo que ha sucedido con las explosiones en Pemex, no dejan otra alternativa más que especular y tener duda de qué es lo que realmente está pasando.
La violencia debe ser repudiada venga de donde venga, una sociedad sana no debe admitir de ninguna manera que se sieguen vidas y se atente contra los bienes de la nación y quedarse callada como si nada sucediera, porque si esa violencia se trivializa puede caer sobre todos nosotros, incluso sobre los mismos que la provocan: el gobierno.

Haciendo historia, recordemos que el EPR se dio a conocer un 28 de junio en un aniversario de la matanza de Aguas Blancas, crimen de lesa humanidad, impune porque fue perpetrado desde las cúpulas de poder. En igual sentido que el EPR, los 46 movimientos armados detectados en el país, como el levantamiento indígena en Chiapas en 1994, tienen como origen el reclamo social, la impunidad y la injusticia.

Así las cosas, si bien es cierta la información, el motivo de los atentados tiene que ver con la presentación de personas que han sido detenidas y desaparecidas arbitrariamente por el Ejército. La seguridad interior de una nación y el orden interno, se sustentan en una auténtica procuración y administración de justicia, no en el control de la población a través del uso de la fuerza; esto es, en la aplicación correcta de la ley sin distinguir a nadie.

En esta lógica, el origen de la inseguridad en México radica en la llegada de gobiernos ilegítimos; en el desgano de los funcionarios públicos para atender la demanda social; la corrupción en los aparatos de justicia; la incompetencia de la autoridad para sancionar a los responsables de los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos; en el abuso de autoridad; es decir, en la impunidad cobijada bajo el manto del poder.

En esta crisis institucional que hoy padecemos en México, que no se va a resolver por una decisión unilateral del presidente, menos utilizando al Ejército, es necesario que haya una convocatoria donde se involucren los poderes públicos, federales y estatales, los actores sociales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los intelectuales y todos aquellos que puedan aportar en la definición de la política de seguridad que debe seguir el Estado mexicano en este nuevo orden mundial del siglo XXI.