YUNQUISTAS, ASI O MAS EXPLICITO, HUBO FRAUDE Y NO LO PUEDEN NEGAR

Ricardo Monreal Avila
jueves, 14 de junio de 2007

Guanajuato y encuestas: más pruebas

No hay crimen perfecto, reza el dicho popular. No hay fraude electoral perfecto, podríamos decir a escasas dos semanas de que se cumpla un año de la elección presidencial del dos de julio.

Cada vez surgen evidencias, huellas y pruebas de un fraude que el IFE no vio y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó con un controvertido dictamen.

La primera evidencia puesta al descubierto por la propia autoridad electoral fue el asunto de los más de 200 mil spots o promocionales en radio y televisión no reportados por los partidos ni fiscalizados por el IFE. Hablamos de un gasto de casi mil millones de pesos, a tarifas comerciales, suficiente para rebasar con creces el tope de las campañas electorales. El IFE está recopilando la información correspondiente para determinar qué partidos, en qué cuantía y qué tipo de sanción tendrán los infractores. Pero esto ocurre con un año de retraso, a toro pasado, cuando el daño está hecho y tenemos en funciones a una Presidencia de facto.

Otras dos pruebas han surgido de manera simultánea. Por un lado, el reconocimiento expreso del secretario de Gobierno de Guanajuato, el señor Gerardo Mosqueda, de haber instrumentado una "elección de Estado" en esta entidad para hacer ganar a los candidatos del PAN a la presidencia de la República, Felipe Calderón, y al actual gobernador, Juan Manuel Oliva. Por el otro, la investigación de la revista "emeequis" sobre las encuestas ordenadas por el gobierno de Vicente Fox para definir estrategias y acciones de campaña en contra de AMLO y a favor de Calderón.

El pasado 2 de mayo, en una reunión delegados federales, el secretario de Gobierno de Guanajuato confesó lo siguiente: "Yo me he permitido decir inclusive en algún foro nacional que si Juan Manuel Oliva hubiese obtenido 700 mil votos menos, de todas maneras hubiera ganado en forma contundente; y por ahí alguien me dijo: `Sí, pero a lo mejor el presidente Calderón no'. Bueno, ese es otro análisis". El "otro análisis" referido por el funcionario guanajuatense tiene que ver con el comportamiento electoral atípico en la entidad. La diferencia entre el primer y segundo lugar, es decir, entre Calderón y AMLO, fue de cinco a uno.

Fue el Estado donde se registró el mayor cambio de representantes de AMLO el día de la elección, quienes fueron sustituidos casualmente con maestros del SNTE. Fue la entidad donde mayores quejas se registraron por la utilización de programas sociales con fines electorales. Y fue la entidad que mayores recursos presupuestales extraordinarios recibió por concepto de excedentes petroleros durante el 2006. Comportamiento similar tuvieron otras dos entidades, Jalisco y Yucatán, donde el PAN arrasaría con ventajas de tres y cuatro a uno sobre el segundo lugar. Por ejemplo, secciones electorales con altos índices de migración registraron votaciones del 100% del padrón electoral. En estos tres Estados gobernados por el PAN, los gobiernos estatales exprimieron el padrón electoral para hacer "ganar" a su candidato presidencial.

La segunda evidencia son las encuestas de intención electoral ordenadas por la oficina de la presidencia. La revista "emeequis" publica esta semana una investigación al respecto. Sus hallazgos principales son los siguientes:

"A) ¿Estaba usted enterado de que Vicente Fox ordenó aplicar al menos 234 encuestas en todo el país en los últimos 23 meses de su gobierno?

B) ¿Y que al menos un 55 por ciento del total eran encuestas electorales con preguntas dirigidas a obtener información vital para la estrategia de campaña por la Presidencia de la República, como por ejemplo ¿qué necesitaría hacer Felipe Calderón para que la gente votara por él?

C) ¿Sabía que Fox tenía perfectamente medido el efecto de las campañas negativas, las intenciones de voto para cada uno de los candidatos, el efecto del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, de la intervención presidencial en el proceso electoral, de los ataques entre los candidatos, del impacto de frases como "si seguimos por este camino, mañana México estará mejor que ayer", de la reacción de los mexicanos ante los cientos de miles de spots presidenciales transmitidos al arranque de las campañas electorales?

D) ¿O que con mucha precisión conoció cómo se desplomaron las simpatías de López Obrador después de que éste lo llamó "chachalaca" y de que una buena parte de los votantes del perredista no estaban de acuerdo con su estrategia postelectoral?

E) ¿O que se ordenó evaluar la popularidad de Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM, cuando asomó en el escenario la posibilidad de que el Tribunal Federal Electoral llegara a anular las elecciones?

F) ¿Sabía que más de 273 mil ciudadanos fueron encuestados por la Presidencia durante 2005 y 2006?

G) ¿Y que por esas encuestas se pagaron 75 millones de pesos del erario público?".

Estas encuestas ordenadas y pagadas por el gobierno federal bien podrían justificarse con el argumento de la gobernabilidad y la necesidad de tener el "pulso" de la opinión pública del país. Pero el tipo de cuestionario no habla de tomar exactamente una fotografía del momento político, sino de una investigación de naturaleza mercadológica y hasta de sicología social para determinar lemas, slogans, frases, ofertas y actitudes ciudadanas para ser utilizadas en acciones de propaganda. En pocas palabras, esas encuestas de presidencia no eran simples fotografías del proceso electoral, sino verdaderas placas de rayos equis de los diferentes segmentos sociales de la población. Una especie de "big brother" electoral.

Ese tipo de estudios no los hace un gobierno neutral, sino el departamento de investigación y estrategia electoral de un partido político. Es muy probable que el original de estos estudios ni siquiera se encuentre en los archivos oficiales de la presidencia, sino en los anaqueles de la oficina del aún presidente del PAN, Manuel Espino. Con ello se habría incurrido en un delito electoral previsto en el artículo 407-III del Código Penal, que sanciona al funcionario público (incluido el Presidente) que "Destine fondos o bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo... al apoyo de un partido político o de un candidato". Hablamos de 75 millones de pesos del erario público para apoyar a un candidato presidencial. "A mi candidato", como dijo en diversas ocasiones el ahora ex presidente Fox.

Si no hay crimen perfecto, menos habrá fraude perfecto. Más temprano que tarde saldrán otras evidencias de esta usurpación de la soberanía popular que nadie vio, pero que sí existió.