DEL EDITORIAL DE LA JORNADA

Revés a la indecencia

La inmoralidad ha sido frenada: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un fallo que la reivindica de cara a la nación, por unanimidad declaró inconstitucionales los artículos 28 y 28-A de la llamada ley Televisa, oficialmente Ley Federal de Radio y Televisión, por medio de los cuales la pasada legislatura pretendía regalar -u otorgar a cambio de favores aún no revelados- concesiones de telecomunicaciones a los grandes consorcios televisivos y radiales, marginar a empresas medianas y pequeñas y a entidades públicas, sociales, culturales y educativas, y transferir a manos privadas cuantiosos recursos públicos. Asimismo, el máximo tribunal del país rechazó el artículo 17-G de la también denominada "ley de medios", en el que se estipulaba el otorgamiento de concesiones por subasta pública y que, de haber entrado en vigor, habría condicionado el derecho universal a la libertad de expresión al pequeño grupo de magnates que cuenta con los recursos suficientes para concentrar en sus manos la totalidad de las señales que fueran rematadas al mejor postor.

La resolución de la SCJN no sólo es positiva y reconfortante en la medida en que abre la perspectiva de restituir el sentido republicano a las leyes del país, preservar el dominio público y evitar el despojo a los derechos de los mexicanos y un saqueo a las arcas nacionales, sino también porque representa un paso en la dirección correcta para devolver al Poder Judicial la credibilidad y la autoridad que sus propios fallos recientes le han restado.

El vergonzoso capítulo que se inició con la aprobación unánime del engendro legislativo referido por la Cámara de Diputados y que culminó con la votación en el Senado, el 30 de marzo del año pasado, en la que fue avalado por dos terceras partes de esa cámara, no sólo fue una injustificable agresión de los legisladores contra derechos irrenunciables de la población, contra los principios republicanos de igualdad y libertad y contra los intereses nacionales de México; representó también un momento particularmente oscuro en la vida institucional del país, por cuanto evidenció el sometimiento de uno de los Poderes de la Unión al poder de facto del duopolio televisivo y el avasallamiento de las instituciones por parte del grupo político-empresarial que aún se mantiene en el gobierno.

En la circunstancia actual es pertinente reiterar el reconocimiento que se manifestó en su momento en este mismo espacio (31/03/2006) a los entonces senadores que resistieron las presiones procedentes de los consorcios de telecomunicaciones y de la propia Presidencia de la República, como Javier Corral (panista), Dulce María Sauri y Manuel Bartlett (priístas) y César Ojeda (perredista); varios de ellos perseveraron en el rechazo a la legislación depredadora y antinacional, pese a que fueron sometidos a un exasperante linchamiento mediático por parte de los concesionarios que ya se veían dueños de todo el espectro radioeléctrico sin desembolsar un centavo a cambio; sin embargo, han desempeñado papeles clave en el recurso de inconstitucionalidad que ahora desahoga la SCJN. Al mismo tiempo, resulta inevitable asentar que el más reciente fallo de este organismo exhibe la deplorable falta de decoro de los promotores de la ley Televisa, como Emilio Gamboa, Fauzi Hamdan, Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson, Héctor Larios, César Camacho, José Antonio Aguilar Bodegas y demás legisladores que se desempeñaron no como representantes de la ciudadanía, sino como empleados de los magnates televisivos y radiofónicos. Es claro que los segundos, al promover y votar una ley que contravenía diversos ordenamientos constitucionales, faltaron a su juramento y que, quienes de entre ellos siguen ocupando escaños en órganos legislativos, debieran, por elemental vergüenza, renunciar a sus posiciones. Porque, una vez que culmine el trabajo de la SCJN, el engendro será devuelto a las cámaras para su adecuación y depuración, y sería alarmante que los mismos operadores de los consorcios volvieran a introducir, en el proceso de relaboración de la ley, los intereses espurios a los cuales sirven.