AUN ASI NINGUNO DE ESTOS CORRUPTOS PISARAN LA CARCEL, MEXICO EL PARAISO DE LA IMPUNIDAD

La corrupción foxista se fue al máximo en 2005

José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com

* Mientras para Mario Di Constanzo el IPAB realizó una venta de garage, Arturo González de Aragón documentó que el sexenio de Fox Quesada se caracterizó por privilegiar a las grandes empresas, pues el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el gobierno federal por concepto de saldos a favor de los contribuyentes, se incrementó de 75 mil 325 millones 200 mil pesos a 149 mil 849 millones 700 mil pesos.

En el quinto año de gobierno foxista se pudo observar que en materia de venta de activos y de cartera se violó la ley, se dañaron las finanzas públicas y se buscó evitar que se reduzca el rescate bancario, declaró Mario Di Constanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador.

Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, entregó el 29 de marzo el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2005 a la Comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados, en el que detalló que el Sistema de Administración de Bienes Asegurados (SAE) vendió bienes inmuebles bajo resguardo del IPAB por debajo de su valor en el mercado para beneficiar a grandes empresarios.

Lo anterior, señala el informe de la Auditoría Superior de la Federación, revela que en el quinto año de gobierno de Fox hubo irregularidades que causaron daños a la hacienda pública por más de 26 mil millones de pesos.

El servicio de noticias ISA (Información Solidaria Alternativa, 2-IV-07) difundió el análisis del titular de la Hacienda Pública que reprodujeron los medios, en respuesta al informe de la ASF en el que indicó que "se observan graves irregularidades en la venta de cartera y bienes inmuebles del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ya que este organismo transfirió aproximadamente 7 mil 786 inmuebles, en los cuales los valores de catastro y avalúo asentados en las escrituras de compra-venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados por el SAE".

El funcionario del gobierno legítimo precisó que es la propia ASF la que concluye en su informe que "no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal".

En la enumeración de irregularidades encontradas en las operaciones del IPAB y que la ASF arroja en su informe, Di Constanzo agregó que "en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7 mil 284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7 mil 767 inmuebles, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles que no aparecen o se encuentran extraviados".

Venta de garage para influyentes

Di Constanzo Armenta calificó lo hecho por el SAE como "una venta de garage, por medio de la cual, personas que están impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, o personas influyentes que fueron rescatadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), están readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real".

El titular de la Hacienda Pública del gabinete legítimo indicó que "es preciso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al director del SAE, ya que esta venta de garage podría originar hasta lavado de dinero".

Al fundamentar su petición de que comparezcan las autoridades responsables de tales violaciones a la ley, Di Constanzo recordó que el 12 de agosto de 1999, el IPAB dio a conocer el Programa de Enajenación de Bienes, cuyo objetivo central era obtener el máximo valor de recuperación posible de los bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del rescate bancario.

El propio marco jurídico, precisó, establece que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida, o bien que mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales, quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el IPAB.

"A pesar de contar con cierta lógica, lo anterior impidió que los pequeños y medianos deudores volvieran a comprar sus deudas y el negocio fuera para las administradoras y compradoras de cartera, quienes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos".

Lo peor, señaló Mario Di Constanzo, es que a pesar de ello, el objetivo del programa no se ha cumplido, y a la fecha el IPAB ha vendido un total de 325 mil 698 créditos en tan sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es, a un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etcétera, y cuyo valor es muy superior al precio pagado por estas compañías al IPAB.

Hubo tráfico de influencias

El integrante del equipo de gobierno lopezobradorista puntualizó que "en una violación flagrante a la propia ley del IPAB, grandes grupos rescatados por el Fobaproa han podido comprar nuevamente sus propiedades a precios irrisorios".

Entre otros casos, mencionó que mediante el tráfico de influencias y utilizando información privilegiada, miembros de la exfamilia presidencial se han visto beneficiados a través de empresas y prestanombres que han actuado a su favor, como es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas a precios de 3 mil pesos, para venderlas en más de 300 mil pesos en distintos estados de la República.

Mario Di Constanzo puso el ejemplo de Banorte, que fue rescatado y tiene pagarés de Fobaproa, y que aparece como comprador de bienes subastados por el IPAB, así como la empresa Bachoco, rescatada por el Fobaproa y ahora se beneficia con la "compra de activos vendidos por el IPAB", en concreto siete inmuebles ubicados en Puebla.

Información proporcionada por Di Constanzo Armenta apunta que figuran entre los beneficiarios de los manejos ilegales de los bienes del IPAB personajes políticos, lideres sindicales o prominentes empresarios entre los que mencionó a la experredista Patricia Olamendi, quien se desempeñó como subsecretaria de Relaciones Exteriores del gabinete foxista; Gilda R. Bours, familiar del más panista de los gobernadores del Partido RevoIucionario Institucional (PRI) en Sonora, Eduardo Bours, y Marcos Giacoman, hermano del subgobernador del Banco de México, entre otros.

El funcionario lopezobradorista concluyó: "la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los políticos y empresarios influyentes".

Reiteró su demanda de que el Poder Legislativo investigue estas anomalías a la luz de los propios informes que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación.

Reembolsos de Hacienda a grandes contribuyentes

El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, cuestionó en su informe entregado a los legisladores que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) devolviera a 10 grandes contribuyentes en 2005 más de 17 mil millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta, en tanto que 100 consorcios pagaron siete mil 50 pesos por ambos gravámenes ese año.

Entre los beneficiarios de Francisco Gil Díaz, titular de la SHCP, mencionó a los consorcios Wal-Mart, Bimbo, cinco fabricantes de automóviles y una empresa de equipos fotográficos cuya razón social no precisó el titular de la ASF.

Tampoco identificó a 50 grandes contribuyentes cuyos pagos de impuestos fueron menores de 74 pesos y entre todos pagaron tres mil 700 pesos, mientras otros 50 pagaron hasta 67 pesos por IVA, o sea, 3 mil 350 pesos entre todos, que son consorcios con ingresos anuales superiores a 500 millones de pesos.

Las devoluciones de los impuestos, dijo González de Aragón el 29 de marzo, se encuentran concentradas y generan una situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal.

Puntualizó el funcionario que en 2005, 4 mil 132 grandes contribuyentes recibieron 106 mil 519 millones 565 mil 600 pesos, que representó 71.1 por ciento del total reintegrado.

Asimismo, 398 de estos grandes contribuyentes concentraron 76.5 por ciento del monto, mientras que 10 recibieron una devolución promedio de mil 741 millones 630 mil pesos.

De acuerdo con la ASF, el sexenio de Vicente Fox se caracterizó por privilegiar a las grandes empresas, pues los estados de la cuenta pública 2000-2005 señalan que el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el gobierno federal por concepto de saldos a favor de los contribuyentes, se incrementó de 75 mil 325 millones 200 mil pesos a 149 mil 849 millones 700 mil pesos.

Lo que pudo haber sido...

En las consideraciones que incluye el análisis de la ASF se precisa que con los montos devueltos a los grandes consorcios beneficiarios del foxismo "se pudo haber financiado 60.9 por ciento de la inversión física y 84.6 por ciento de las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario ese año".

Puso el ejemplo de las devoluciones de 12 mil 964 millones 742 mil 700 pesos de IVA a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana y responsabilizó de no actuar oportunamente para evitar los desembolsos al Sistema de Administración Tributaria, a la Tesorería de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los órganos internos de control en esas dependencias.

Al presentar el informe de la auditoría a la gestión foxista, González de Aragón explicó a los legisladores que los responsables de las dependencias auditadas tienen 45 días hábiles para entregar las evidencias y documentación correspondiente que indique que se atendieron las observaciones y se corrigieron las irregularidades en el manejo del presupuesto de egresos del 2005.