BUCARELI
Jacobo Zabludovsky
La lana y la luna
La semana pasada los mexicanos fuimos alejados de malos pensamientos por dos hechos simultáneos que nos hundieron en otras congojas.
Recibimos, por un lado, la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno federal al Congreso para su discusión. Por otro, la Suprema Corte de Justicia acordó crear comisiones especiales, una para investigar presuntas violaciones graves de garantías individuales en Oaxaca y otra para aclarar si el gobernador Mario Marín Torres, de Puebla, puede ser sometido a juicio político por confabularse con otros funcionarios y particulares en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.
Desde el miércoles los despachos de fiscalistas y contadores, las organizaciones empresariales y obreras, y los dirigentes de grandes empresas están trabajando horas extra y comiendo pizzas en sus oficinas para entenderle al documento de Hacienda. La primera percepción es de sorpresa de los dueños de grandes industrias, comercios o instituciones de prestación de servicios. La contribución empresarial a tasa única de 19% propone evitar que los que más tienen sean los que menos paguen. El presidente Felipe Calderón dijo el miércoles: “Tenemos un sistema que permite evitar el pago de impuestos en la mayoría de las veces si se cuenta con buenos contadores o buenos abogados, y muchos de los que tienen manera de contribuir no lo hacen, esa es la verdad. En el sistema tributario que proponemos y que requiere el país, no hay, ni debe haber, cabida a privilegios”.
Todos los medios de información se han dedicado en los últimos días a detallar el contenido del documento. Se han publicado opiniones y comentarios que van de la sensatez propia de la sabiduría hasta la trivialidad del charlatanismo. En asunto de suyo complicado no falta quien quiera enseñarle a cantar a Gardel. Alguien encontró en la iniciativa ciertas semejanzas a lo propuesto por Andrés Manuel López Obrador en su campaña: controlar el gasto gubernamental, mayores cargas a quienes más tienen, simplificar los trámites para cumplir obligaciones fiscales, transparentar más la inversión pública, proteger los salarios, más impuestos a las casas de juego.
No quedan claros los procedimientos para un mejor uso social del incremento en la recaudación, la mecánica para gravar con una tasa de 2% los depósitos bancarios en efectivo que excedan los 20 mil mensuales, ni la forma en que se lograrán ajustes para incrementar la recaudación estatal y el Fondo de Fomento Municipal. Falta detallar montos, tasas o porcentajes a la facultad de los estados de cobrar impuestos al alcohol, tabaco, diesel y gasolina.
Frente a la magnitud de la pobreza de millones de mexicanos y la inmensurable diferencia económica de los pocos sobre los muchos, la nueva ley pretende contribuir a menguar ambas lacras. Por eso resulta grotesco establecer un impuesto a las pinturas en aerosol, con la peregrina explicación de evitar el grafiti. A quién se le habrá ocurrido. Pero no sólo eso, sino la supresión el año 2014 —el que venga atrás que arree y se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre— de la tenencia vehicular. Seamos serios.
Poco comentada ha sido la propuesta del presidente Calderón de crear el Consejo Nacional de Evaluación de las Política Públicas que se sumará a tareas similares que realizan la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación. El nuevo organismo y los anteriores coincidirán en el examen de acciones de acuerdo con sus metas, resultados, gastos y subsidios. Es decir una evaluación de hechos, de actos concretos. Y esto me lleva al otro acontecimiento de la semana: una declaración de Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se juzgue a los gobernantes no sólo por errores sino también por omisiones. Para decirlo de manera fácil, castigar a quienes dejaron de hacer su trabajo. El ministro Ortiz Mayagoitia dijo: “Me parece que a partir de 1968 se ha generado una serie de condiciones jurídicas y políticas que inducen más bien a la pasividad del gobernante, porque al parecer encuentra en la omisión mejores expectativas que si diera cumplimiento a sus deberes constitucionales.”
La pregunta salta de inmediato al escuchar la reflexión del presidente de la Corte.
¿Quién está dejando de hacer su trabajo?
Tal vez, para empezar de abajo, policías municipales, estatales o federales que en espera de instrucciones superiores o usando el retraso como pretexto, dejaron de actuar en un momento determinado. Quizá los presidentes municipales, procuradores o gobernadores que por proteger sus intereses, los del grupo o partido, han provocado con sus omisiones dolosas el crecimiento de la impunidad.
La reflexión del ministro Ortiz no es menor, porque las obligaciones emanadas de la Constitución son tratadas con frecuencia como un compendio de buenas intenciones ignoradas por la pasividad de las autoridades. Deben investigarse los hechos de violencia ocurridos cuando Vicente Fox era presidente y se rehusó a hacer su trabajo ante el temor de que la ciudad de Oaxaca viviera un estado de excepción en la víspera de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006. Se abstuvo de cumplir su deber por no poner en riesgo su futuro.
La Suprema Corte de Justicia llena con su determinación los vacíos generados por funcionarios públicos que deciden vivir en la comodidad de la omisión pensando que no es punible. Se equivocan. La Suprema Corte no los protege ni se hace cómplice. No pretendan estar en la luna.
Por eso ante las nuevas leyes fiscales y la creación del Consejo Nacional de Evaluación, como en los casos de Puebla y Oaxaca, las sanciones y castigos no deben limitarse a funcionarios que cometan irregularidades, sino también a quienes omitan su intervención cuando las circunstancias los obliguen a actuar.
La semana pasada los mexicanos fuimos alejados de malos pensamientos por dos hechos simultáneos que nos hundieron en otras congojas.
Recibimos, por un lado, la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno federal al Congreso para su discusión. Por otro, la Suprema Corte de Justicia acordó crear comisiones especiales, una para investigar presuntas violaciones graves de garantías individuales en Oaxaca y otra para aclarar si el gobernador Mario Marín Torres, de Puebla, puede ser sometido a juicio político por confabularse con otros funcionarios y particulares en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.
Desde el miércoles los despachos de fiscalistas y contadores, las organizaciones empresariales y obreras, y los dirigentes de grandes empresas están trabajando horas extra y comiendo pizzas en sus oficinas para entenderle al documento de Hacienda. La primera percepción es de sorpresa de los dueños de grandes industrias, comercios o instituciones de prestación de servicios. La contribución empresarial a tasa única de 19% propone evitar que los que más tienen sean los que menos paguen. El presidente Felipe Calderón dijo el miércoles: “Tenemos un sistema que permite evitar el pago de impuestos en la mayoría de las veces si se cuenta con buenos contadores o buenos abogados, y muchos de los que tienen manera de contribuir no lo hacen, esa es la verdad. En el sistema tributario que proponemos y que requiere el país, no hay, ni debe haber, cabida a privilegios”.
Todos los medios de información se han dedicado en los últimos días a detallar el contenido del documento. Se han publicado opiniones y comentarios que van de la sensatez propia de la sabiduría hasta la trivialidad del charlatanismo. En asunto de suyo complicado no falta quien quiera enseñarle a cantar a Gardel. Alguien encontró en la iniciativa ciertas semejanzas a lo propuesto por Andrés Manuel López Obrador en su campaña: controlar el gasto gubernamental, mayores cargas a quienes más tienen, simplificar los trámites para cumplir obligaciones fiscales, transparentar más la inversión pública, proteger los salarios, más impuestos a las casas de juego.
No quedan claros los procedimientos para un mejor uso social del incremento en la recaudación, la mecánica para gravar con una tasa de 2% los depósitos bancarios en efectivo que excedan los 20 mil mensuales, ni la forma en que se lograrán ajustes para incrementar la recaudación estatal y el Fondo de Fomento Municipal. Falta detallar montos, tasas o porcentajes a la facultad de los estados de cobrar impuestos al alcohol, tabaco, diesel y gasolina.
Frente a la magnitud de la pobreza de millones de mexicanos y la inmensurable diferencia económica de los pocos sobre los muchos, la nueva ley pretende contribuir a menguar ambas lacras. Por eso resulta grotesco establecer un impuesto a las pinturas en aerosol, con la peregrina explicación de evitar el grafiti. A quién se le habrá ocurrido. Pero no sólo eso, sino la supresión el año 2014 —el que venga atrás que arree y se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre— de la tenencia vehicular. Seamos serios.
Poco comentada ha sido la propuesta del presidente Calderón de crear el Consejo Nacional de Evaluación de las Política Públicas que se sumará a tareas similares que realizan la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación. El nuevo organismo y los anteriores coincidirán en el examen de acciones de acuerdo con sus metas, resultados, gastos y subsidios. Es decir una evaluación de hechos, de actos concretos. Y esto me lleva al otro acontecimiento de la semana: una declaración de Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se juzgue a los gobernantes no sólo por errores sino también por omisiones. Para decirlo de manera fácil, castigar a quienes dejaron de hacer su trabajo. El ministro Ortiz Mayagoitia dijo: “Me parece que a partir de 1968 se ha generado una serie de condiciones jurídicas y políticas que inducen más bien a la pasividad del gobernante, porque al parecer encuentra en la omisión mejores expectativas que si diera cumplimiento a sus deberes constitucionales.”
La pregunta salta de inmediato al escuchar la reflexión del presidente de la Corte.
¿Quién está dejando de hacer su trabajo?
Tal vez, para empezar de abajo, policías municipales, estatales o federales que en espera de instrucciones superiores o usando el retraso como pretexto, dejaron de actuar en un momento determinado. Quizá los presidentes municipales, procuradores o gobernadores que por proteger sus intereses, los del grupo o partido, han provocado con sus omisiones dolosas el crecimiento de la impunidad.
La reflexión del ministro Ortiz no es menor, porque las obligaciones emanadas de la Constitución son tratadas con frecuencia como un compendio de buenas intenciones ignoradas por la pasividad de las autoridades. Deben investigarse los hechos de violencia ocurridos cuando Vicente Fox era presidente y se rehusó a hacer su trabajo ante el temor de que la ciudad de Oaxaca viviera un estado de excepción en la víspera de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006. Se abstuvo de cumplir su deber por no poner en riesgo su futuro.
La Suprema Corte de Justicia llena con su determinación los vacíos generados por funcionarios públicos que deciden vivir en la comodidad de la omisión pensando que no es punible. Se equivocan. La Suprema Corte no los protege ni se hace cómplice. No pretendan estar en la luna.
Por eso ante las nuevas leyes fiscales y la creación del Consejo Nacional de Evaluación, como en los casos de Puebla y Oaxaca, las sanciones y castigos no deben limitarse a funcionarios que cometan irregularidades, sino también a quienes omitan su intervención cuando las circunstancias los obliguen a actuar.
posted by H2AGUA at
8:12 a.m.
