QUE TOMEN EL EJEMPLO LOS YUNQUISTAS
gloria leticia díaz
México, D.F., 23 de mayo (apro).- El secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi), Armando Quintero Martínez denunció penalmente a su hermano, José Guadalupe, y al socio de éste, Enrique Pelón Osorio, por traficar con amparos para taxis y placas por pagos de cinco mil pesos y cuotas mensuales de 150 pesos.
José Guadalupe Quintero y Pelón Osorio son dirigentes de la Federación Mexicana Ángeles del Transporte Público y Anexas.
Según el funcionario capitalino, inició la queja contra ellos luego de recibir una denuncia anónima en la que se daban a conocer los hechos.
En conferencia de prensa, Quintero Martínez aseguró que la queja que recibió en contra de su hermano y su socio es que en la calle de Jericó 220 de la colonia romero Rubio, se vendían permisos y placas para quienes pretendían trabajar como taxistas.
Desde su nombramiento, Armando Quintero fue duramente cuestionado por su relación familiar con José Guadalupe Quintero, conocido líder de taxis piratas que circulaban en las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, de la que el actual secretario de Marcelo Ebrard fue delegado.
A la polémica le acompañaron denuncias publicadas en el diario Reforma el 22 de diciembre del año pasado, en las que se aseguraba que José Guadalupe sacaba provecho del cargo de su hermano en la Setravi para liderear las organizaciones piratas Agrupación de Taxistas AC; Ángeles del Transporte Público; Asociación de Transportes de México, y Federación Mexicana de Ángeles del Transporte Público y Anexas AC, que operaban en las delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
De acuerdo con esa información, los socios de las organizaciones aportaban cuotas de entre 100 y 150 pesos semanales, en tanto que, para conseguir un amparo y circular como taxi con placas particulares, se pedían de dos a tres mil pesos en la oficina de Guadalupe Quintero, ubicada en Hermosillo 7, colonia Peñón de los Baños, delegación Venustiano Carranza.
Además, hubo quejas de la Asociación de Taxistas Regulares del D.F. José Miguel Aguilar señaló que, en diciembre pasado, los taxis piratas que pertenecen la Comisión del Transporte del PRD-DF, a la que también está agremiado José Guadalupe Quintero, no se les aplica sanciones.
La explicación que taxistas regulares daban a las canonjías es que, durante la campaña electoral de julio pasado, esas organizaciones irregulares respaldaron la candidatura de Marcelo Ebrard.
De hecho, en los primeros días del gobierno de Ebrard, 14 dirigentes organizados en la Comisión de Transporte PRD-DF, exigieron al jefe de Gobierno cumplir la promesa que les hizo en campaña para regularizar sus unidades.
Después, Armando Quintero aseguró que su principal reto como funcionario sería el ordenamiento de 40 mil taxis piratas agrupadas en 16 organizaciones, una de ellas la Asociación de Transportes de México, dirigida por su hermano José Guadalupe, la cual contaba con 150 vehículos.
Pese a las denuncias de la operación de su hermano en la promoción de taxis piratas, el pasado 20 de diciembre, Armando Quintero aseguró que el 6 de diciembre José Guadalupe renunció a la Asociación de Transportes de México.
Las quejas contra Quintero llevaron a que la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa exigiera la renuncia del secretario, a lo que Ebrard respondió que no podía juzgar “a las personas por sus hermanos. A las personas las vamos a evaluar por su desempeño y por sus decisiones”.
A cinco meses de fungir como secretario de Transporte y Vialidad, Armando Quintero decidió proceder contra su hermano, al hacer un llamado a las autoridades judiciales a aplicar la ley contra José Guadalupe y Enrique Pelón Osorio porque, como funcionario, “no reconocemos familiares, amigos o compañeros de partido en la concreción de las políticas públicas que se están impulsando y las que se apliquen en el futuro”.
En conferencia de prensa, Quintero se comprometió hoy a continuar con operativos contra bases y sitios no autorizados en las principales avenidas de la ciudad, como Insurgentes, Zaragoza y Tlalpan, así como a no permitir que “nadie saque provecho de los programas gubernamentales y menos que se arrincone a la Setravi con acciones que buscan desbarrancar las acciones promovidas de orden, legalidad y eficiencia del transporte”.