EL PELELE QUIERE QUE MEXICO REGRESE AL PASADO

La reforma penal calderonista, un regreso
a la época negra de la DFS y la DIPD

Martín Morales

Aprobar la reforma penal enviada al Congreso por el presidente Calderón representa volver al tiempo del terrorismo policiaco, cuyos baluartes fueron en su tiempo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), según dice a QUEHACER POLÍTICO el coordinador del tema de Seguridad Pública del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Andrés Lozano Lozano.

Ese proyecto calderonista solicita autonomía para la PGR de tal forma que se pueda crear una AFI y un Ministerio Público autónomos, encargados de hacer intercepciones de comunicaciones electrónicas, cateos y arraigos domiciliarios sin autorización previa de un juez, a quien sólo se le informaría posteriormente, convertir de nuevo a la confesión como reina de las pruebas en los juicios penales federales (aunque sean a! rrancadas a tehuacanazos), y darle valor probatorio a las grabaciones producidas en la intercepción de comunicaciones.

De hecho es el contexto de la puesta en marcha del moderno sistema de intercepción de comunicaciones electrónicas comprado por México en los Estados Unidos, con el cual el Gobierno tendrá acceso a cualquier tipo de señal, teléfonos de todo tipo, internet, fax, radio... todo.

El proyecto legislativo está formado por una iniciativa de reformas constitucionales y un decreto para cambiar la organización de la PGR, lo cual fue turnado por Calderón a la Cámara de Diputados el 9 de marzo pasado, donde está en espera de aprobación.

Se presenta oficialmente como una manera de acelerar los procesos de investigación policiaca, dado que en ocasiones, dice la exposición de motivos, se pierde demasiado tiempo en gestiones ante los juzgados.

ESTAMOS EN OTROS TIEMPOS

El presidente Calderón propone al Congreso reformas a los artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22, 73, 122, y 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución y un proyecto de decreto que reforma el Artículo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El decreto señala: “Artículo Único.– Se reforma el artículo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
“Artículo 1.– …La Procuraduría ejercerá sus atribuciones con plena autonomía técnica y funcional, respondiendo exclusivamente a la satisfacción del interés social y del bien común. Por tanto, guiará su actuación bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo”.

En cuanto a los cambios constitucionales, propone añadir el siguiente párrafo al Artículo 16 de la le! y fundamental: “Tratándose de delitos considerados como de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones privadas, cuya validez estará sujeta a revisión judicial posterior en los términos que determine la ley”.

En la exposición de motivos, comenta: “El actual sistema de justicia fue concebido en una época distinta a la que vivimos. Hoy, la globalización y las nuevas tecnologías han modificado no sólo las necesidades y los intereses de los distintos grupos que conforman la sociedad, sino sus valores y costumbres. Esto exige una revisión a fondo, una modernización que permita hacer frente a las formas que la delincuencia ha adoptado.

“...se propone conceder al Ministerio Público mayores herramientas de investigación que puedan ser implementadas con la premura que estos ca! sos requieren. El Gobierno de México es enfático! en reit erar su compromiso de enfrentar al crimen organizado con todas las fortalezas del Estado, con permanencia y efectividad. Esta reforma es fundamental para lograr ese objetivo”.

A su vez, en la exposición sobre la autonomía a la PGR dice: “El Ejecutivo federal a mi cargo, propone reformar el Artículo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de dotar de autonomía técnica y funcional a dicha institución –la cual concentra precisamente al Ministerio Público de la federación–, estableciendo que los únicos intereses que deben prevalecer en su actuar, son la representación del interés de la sociedad y la satisfacción del bien común”.