LA ULTRADERECHA DISPUESTA A TODO CON TAL DE LOGRAR SUS OBJETIVOS
González Ruiz
La ultraderecha contra las mujeres
* Con su comportamiento, algunos panistas demuestran que, contrariamente a sus intentos
* de deslindarse de los grupos conservadores, sí comparten con ellos intereses y proyectos
En aras de la ideología religiosa predominante en su partido, funcionarios y dirigentes panistas están tratando de evitar que las mujeres ejerzan su derecho a la interrupción del embarazo, ya legalizada en la ciudad de México antes de las 12 semanas de la gestación.
Paradójicamente, la derecha católica, que se dice tan preocupada por el aborto, tampoco hace nada para promover medidas eficaces contra ese problema, como es el uso de anticonceptivos y del condón, pues la Iglesia católica también se opone a esas medidas.
Con su comportamiento, esos panistas demuestran que, contrariamente a sus intentos de deslindarse de los grupos conservadores, sí comparten con ellos intereses y proyectos, confirmando que el PAN sí es el partido de los mochos y reaccionarios, dando una vuelta a lo que suelen decir sus dirigentes.
LA SALUD EN MANOS DEL CLERO
Identificado con los puntos de vista de la jerarquía católica, el secretario de Salud del Gobierno panista de México, José Ángel Córdova Villalobos, advirtió que el médico que practique un aborto voluntario en instituciones federales de Salud incurrirá en un delito que se castiga con la privación de la libertad, sanciones económicas y la suspensión de su ejercicio profesional.
Recordó que si una persona que acude a un hospital federal con el deseo de interrumpir su embarazo antes de las primeras 12 semanas, será conminada a que acuda a una de las instituciones del sistema de salud capitalino, porque ahí sí se despenalizó.
El 24 de abril, los diputados de la ciudad de México acordaron despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de la gestación, pero funcionarios del Gobierno federal, como Córdova Villalobos, hacen todo lo que está a su alcanc! e para impedir que las mujeres ejerzan ese derecho.
“Para los médicos, el Código Penal federal establece sanciones como de la privación de la libertad, sanciones económicas e incluye la suspensión del ejercicio de la profesión que dependiendo de las circunstancias en que se realice puede ser de varios años”, señaló recientemente el funcionario.
Es natural que la SS recurra a una argumentación legalista para sabotear la despenalización del aborto, pues el director jurídico de esa dependencia, Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, lo fue también del cardenal Norberto Rivera Carrera y ha sido colaborador de grupos antiabortistas.
Maneja el despacho jurídico Fernández del Castillo y Asociados, S.C. (www.fernandezdelcastillo,com.mx), que cuenta entre sus clientes a la Arquidiócesis Primada de México, la Basílica de Guadalupe y la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como al Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia, donde participa su hermano, Carlos Fernández del Castillo Sánchez, conocido especialista y participante en eventos antiabortistas.
A fines del sexenio de Zedillo, grupos y personajes conservadores, como el propio Bernardo Fernández del Castillo, lanzaron campañas para penalizar en todos los casos el aborto, lo cual enviaría a prisión a las mujeres violadas que decidieran abortar.
En 1999, al frente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Bernardo Fernández del Castillo dio a conocer una iniciativa de ley en ese sentido, que pretendía castigar a las mujeres alegando que “…la vida es primero y el más importante de los derechos humanos” (La Cruz de California, junio de 1999).
En septiembre de 2000, Fernández del Castillo, junto con otros abogados derechistas, representaron a los diputados panistas que pretendían eliminar la llamada Ley Robles, que amplió el aborto legal en el DF y en 2004 difundió un artículo donde se oponía a la anticoncepción de emergencia, afirmando insidiosamente que el uso de ese procedimiento, que permite evitar el embarazo a mujeres violadas o cuando no se usaron otros anticonceptivos, obedece simplemente al “gran interés económico” de los fabricantes de medicamentos, que según escribió “ejercen sobre los altos funcionarios de la Secretaría la máxima presión con objeto de lograr riqueza de la comercialización de este tipo de productos…” (catholic.net).
Además, Fernández del Castillo, quien ahora atiende los asuntos jurídicos de la SS, de donde ha salido el proyecto de obstaculizar el aborto leal, llevó en su momento la demanda de amparo de Provida contra la introducción de la Anticoncepción de Emergencia en la norma oficial de los servicios de planificación familiar.
EL IMSS CONTRA LAS MUJERES
Por su parte, el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, ha rechazado la posibilidad de que se realize la interrupción del embarazo en las clínicas de ese instituto.
El panista Juan Molinar Horcasitas, diputado federal de la LIX Legislatura, ha sido consejero electoral del IFE y subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Antes, fue académico por lo que en los 90, en algunos círculos políticos se alegaba que él era ejemplo de que no todos los simpatizantes o miembros del PAN eran conservadores y derechistas, pero con su intromisión en la polémica sobre el aborto ha evidenciado lo que ahora todos saben: Que los panistas que llegan al poder, sea por convicción o por conveniencia, se someten a los dictados de la jerarquía católica.
La actitud de Molinar le ha acarreado críticas por parte de juristas destacados como Raúl Carrancá y Rivas, quien ha dicho que ese planteamiento “no es adecuado y sólo refleja la posición de extrema ultraderecha de (Juan) Molinar Horcasitas”.
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia consideró en entrevista que todo médico que labora en hospitales del IMSS e ISSSTE es un servidor público, por lo que de no practicar el aborto violan el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos que los obliga a cumplir de manera cabal con el servicio encomendado.
Cárdenas Gracia, también investigador de la UNAM, indicó que la postura de las autoridades federales “es equivocada”, porque aunque se trate de una ley local, ésta debe extenderse a todo el territorio de la capital, así sean clínicas del DF o federales.
Por su parte, el diputado Jorge C. Díaz Cuervo, del partido Alternativa Social Demócrata y Campesina, ha explicado que si el personal de alguna de las clínicas señaladas no se apega a dichos lineamientos, la solicitante deberá acudir a las contralorías internas de los hospitales para presentar una queja.
Asimismo, Díaz Cuervo recordó al director general del IMSS, Juan Molinar, que el Seguro Social no es una dependencia del Gobierno federal, sino patrimonio de las y los mexicanos y que “no puede estar gobernando a capricho personal, ni respondiendo a intereses partidistas”.
Añadió que el IMSS siempre se ha ajustado a la legislación de cada estado para la interrupción del embarazo, de modo que la negativa de Molinar Horcasitas “es una agresión contra las mujeres derechohabientes, que no tienen por qué pagar los platos rotos ni ver mermados sus derechos”.
Dijo: “Estamos elaborando una estrategia jurídica para hacer valer los derechos de las derechohabientes del IMSS, puesto que el señor Molinar no se manda solo. El Seguro Social es una institución tripartita, con un ! consejo técnico integrado por representantes obreros, patronales y del Gobierno federal”.
Finalmente, cabe añadir, lo que está haciendo Molinar, cualquiera que sea el pretexto burocrático que esgrima, es poner la institución que dirige al servicio de los dictados religiosos y contra la libertad y derechos de las mujeres.
EL PAN Y PROVIDA, SIEMPRE JUNTOS
Mientras que el Comité Nacional Provida ha iniciado la llamada Operación Rescate fuera de los hospitales, para impedir que las mujeres aborten, el PAN capitalino, dirigido por Mariana Gómez del Campo, lleva a cabo tareas similares.
Aunque muchas veces el PAN ha pretendido deslindarse de Provida, el caso es que están juntos en el activismo antiabortista y compartiendo los mismos esquemas ideológicos, pues ni a unos ni a otros les parece válido oponerse al aborto de la forma más eficaz, es decir, apoyando los proyectos de planificación familiar y de educación sexual.
En lugar de ir a repartir volantes sobre cómo se usan los anticonceptivos, o de distribuir condones, Mariana Gómez del Campo ha visitado nosocomios, como el Hospital General de Xoco, para hablar con el personal médico sobre su derecho a la objeción de conciencia, al cual pueden recurrir para no practicar abortos.
Entregó volantes en la leyenda “Nadie puede obligarte a realizar un aborto”, y se menciona que el instituto político quiere y puede “orientar” a los médicos y enfermeras.
Desde luego, tratar de despertar una agitación política religiosa entre los médicos no es la mejor forma de evitar el aborto, sino el recurso desesperado de un conservadurismo que tiene ya un raquítico poder de convocatoria en la capital mexicana.
Sin embargo, no es nueva esa posición por parte del PAN capitalino, pues cabe recordar que Provida fue fundada en los años 70 por el médico panista Jaime Avila Zepeda, quien antes había participado en la Facultad de Medicina de la UNAM en grupos afines al MURO.
El segundo presidente de Provida fue el también panista Alfonso Bravo Mier, y tan cercana ha ido tradicionalmente la relación entre Provida y el PAN capitalino que en varias ocasiones ese partido ha distribuido la propaganda sanguinolenta de los antiabortistas, que muestra fetos destrozados en los últimos meses del embarazo.
En 1993, el PAN capitalino reproducía en un volante la carta pontificia de los derechos de la familia, que se opone tajantemente a los derechos sexuales y reproductivos. A partir de 1995, la Secretaría de Promoción Política para la Mujer, del PAN capitalino, dirigida en aquel entonces por Camila Zavala Valencia, comenzó a colaborar con Provida en el proyecto de los Centros de Ayuda a la Mujer.
Al respecto, Zavala Valencia calificó a Provida como una organización “de servicio” y afirmó que ese trabajo común se debe a que el PAN y Provida “coinciden en sus principios de doctrina” y por lo tanto “podemos hablar en el mismo idioma y términos”. Con los gobiernos derechistas Provida ha tenido acceso a recursos millonarios e impunidad en caso de malos manejos, y ahora el PAN y Provida hacen causa común contra la libertad de la mujer.
* Con su comportamiento, algunos panistas demuestran que, contrariamente a sus intentos
* de deslindarse de los grupos conservadores, sí comparten con ellos intereses y proyectos
En aras de la ideología religiosa predominante en su partido, funcionarios y dirigentes panistas están tratando de evitar que las mujeres ejerzan su derecho a la interrupción del embarazo, ya legalizada en la ciudad de México antes de las 12 semanas de la gestación.
Paradójicamente, la derecha católica, que se dice tan preocupada por el aborto, tampoco hace nada para promover medidas eficaces contra ese problema, como es el uso de anticonceptivos y del condón, pues la Iglesia católica también se opone a esas medidas.
Con su comportamiento, esos panistas demuestran que, contrariamente a sus intentos de deslindarse de los grupos conservadores, sí comparten con ellos intereses y proyectos, confirmando que el PAN sí es el partido de los mochos y reaccionarios, dando una vuelta a lo que suelen decir sus dirigentes.
LA SALUD EN MANOS DEL CLERO
Identificado con los puntos de vista de la jerarquía católica, el secretario de Salud del Gobierno panista de México, José Ángel Córdova Villalobos, advirtió que el médico que practique un aborto voluntario en instituciones federales de Salud incurrirá en un delito que se castiga con la privación de la libertad, sanciones económicas y la suspensión de su ejercicio profesional.
Recordó que si una persona que acude a un hospital federal con el deseo de interrumpir su embarazo antes de las primeras 12 semanas, será conminada a que acuda a una de las instituciones del sistema de salud capitalino, porque ahí sí se despenalizó.
El 24 de abril, los diputados de la ciudad de México acordaron despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de la gestación, pero funcionarios del Gobierno federal, como Córdova Villalobos, hacen todo lo que está a su alcanc! e para impedir que las mujeres ejerzan ese derecho.
“Para los médicos, el Código Penal federal establece sanciones como de la privación de la libertad, sanciones económicas e incluye la suspensión del ejercicio de la profesión que dependiendo de las circunstancias en que se realice puede ser de varios años”, señaló recientemente el funcionario.
Es natural que la SS recurra a una argumentación legalista para sabotear la despenalización del aborto, pues el director jurídico de esa dependencia, Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, lo fue también del cardenal Norberto Rivera Carrera y ha sido colaborador de grupos antiabortistas.
Maneja el despacho jurídico Fernández del Castillo y Asociados, S.C. (www.fernandezdelcastillo,com.mx), que cuenta entre sus clientes a la Arquidiócesis Primada de México, la Basílica de Guadalupe y la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como al Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia, donde participa su hermano, Carlos Fernández del Castillo Sánchez, conocido especialista y participante en eventos antiabortistas.
A fines del sexenio de Zedillo, grupos y personajes conservadores, como el propio Bernardo Fernández del Castillo, lanzaron campañas para penalizar en todos los casos el aborto, lo cual enviaría a prisión a las mujeres violadas que decidieran abortar.
En 1999, al frente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Bernardo Fernández del Castillo dio a conocer una iniciativa de ley en ese sentido, que pretendía castigar a las mujeres alegando que “…la vida es primero y el más importante de los derechos humanos” (La Cruz de California, junio de 1999).
En septiembre de 2000, Fernández del Castillo, junto con otros abogados derechistas, representaron a los diputados panistas que pretendían eliminar la llamada Ley Robles, que amplió el aborto legal en el DF y en 2004 difundió un artículo donde se oponía a la anticoncepción de emergencia, afirmando insidiosamente que el uso de ese procedimiento, que permite evitar el embarazo a mujeres violadas o cuando no se usaron otros anticonceptivos, obedece simplemente al “gran interés económico” de los fabricantes de medicamentos, que según escribió “ejercen sobre los altos funcionarios de la Secretaría la máxima presión con objeto de lograr riqueza de la comercialización de este tipo de productos…” (catholic.net).
Además, Fernández del Castillo, quien ahora atiende los asuntos jurídicos de la SS, de donde ha salido el proyecto de obstaculizar el aborto leal, llevó en su momento la demanda de amparo de Provida contra la introducción de la Anticoncepción de Emergencia en la norma oficial de los servicios de planificación familiar.
EL IMSS CONTRA LAS MUJERES
Por su parte, el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, ha rechazado la posibilidad de que se realize la interrupción del embarazo en las clínicas de ese instituto.
El panista Juan Molinar Horcasitas, diputado federal de la LIX Legislatura, ha sido consejero electoral del IFE y subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Antes, fue académico por lo que en los 90, en algunos círculos políticos se alegaba que él era ejemplo de que no todos los simpatizantes o miembros del PAN eran conservadores y derechistas, pero con su intromisión en la polémica sobre el aborto ha evidenciado lo que ahora todos saben: Que los panistas que llegan al poder, sea por convicción o por conveniencia, se someten a los dictados de la jerarquía católica.
La actitud de Molinar le ha acarreado críticas por parte de juristas destacados como Raúl Carrancá y Rivas, quien ha dicho que ese planteamiento “no es adecuado y sólo refleja la posición de extrema ultraderecha de (Juan) Molinar Horcasitas”.
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia consideró en entrevista que todo médico que labora en hospitales del IMSS e ISSSTE es un servidor público, por lo que de no practicar el aborto violan el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos que los obliga a cumplir de manera cabal con el servicio encomendado.
Cárdenas Gracia, también investigador de la UNAM, indicó que la postura de las autoridades federales “es equivocada”, porque aunque se trate de una ley local, ésta debe extenderse a todo el territorio de la capital, así sean clínicas del DF o federales.
Por su parte, el diputado Jorge C. Díaz Cuervo, del partido Alternativa Social Demócrata y Campesina, ha explicado que si el personal de alguna de las clínicas señaladas no se apega a dichos lineamientos, la solicitante deberá acudir a las contralorías internas de los hospitales para presentar una queja.
Asimismo, Díaz Cuervo recordó al director general del IMSS, Juan Molinar, que el Seguro Social no es una dependencia del Gobierno federal, sino patrimonio de las y los mexicanos y que “no puede estar gobernando a capricho personal, ni respondiendo a intereses partidistas”.
Añadió que el IMSS siempre se ha ajustado a la legislación de cada estado para la interrupción del embarazo, de modo que la negativa de Molinar Horcasitas “es una agresión contra las mujeres derechohabientes, que no tienen por qué pagar los platos rotos ni ver mermados sus derechos”.
Dijo: “Estamos elaborando una estrategia jurídica para hacer valer los derechos de las derechohabientes del IMSS, puesto que el señor Molinar no se manda solo. El Seguro Social es una institución tripartita, con un ! consejo técnico integrado por representantes obreros, patronales y del Gobierno federal”.
Finalmente, cabe añadir, lo que está haciendo Molinar, cualquiera que sea el pretexto burocrático que esgrima, es poner la institución que dirige al servicio de los dictados religiosos y contra la libertad y derechos de las mujeres.
EL PAN Y PROVIDA, SIEMPRE JUNTOS
Mientras que el Comité Nacional Provida ha iniciado la llamada Operación Rescate fuera de los hospitales, para impedir que las mujeres aborten, el PAN capitalino, dirigido por Mariana Gómez del Campo, lleva a cabo tareas similares.
Aunque muchas veces el PAN ha pretendido deslindarse de Provida, el caso es que están juntos en el activismo antiabortista y compartiendo los mismos esquemas ideológicos, pues ni a unos ni a otros les parece válido oponerse al aborto de la forma más eficaz, es decir, apoyando los proyectos de planificación familiar y de educación sexual.
En lugar de ir a repartir volantes sobre cómo se usan los anticonceptivos, o de distribuir condones, Mariana Gómez del Campo ha visitado nosocomios, como el Hospital General de Xoco, para hablar con el personal médico sobre su derecho a la objeción de conciencia, al cual pueden recurrir para no practicar abortos.
Entregó volantes en la leyenda “Nadie puede obligarte a realizar un aborto”, y se menciona que el instituto político quiere y puede “orientar” a los médicos y enfermeras.
Desde luego, tratar de despertar una agitación política religiosa entre los médicos no es la mejor forma de evitar el aborto, sino el recurso desesperado de un conservadurismo que tiene ya un raquítico poder de convocatoria en la capital mexicana.
Sin embargo, no es nueva esa posición por parte del PAN capitalino, pues cabe recordar que Provida fue fundada en los años 70 por el médico panista Jaime Avila Zepeda, quien antes había participado en la Facultad de Medicina de la UNAM en grupos afines al MURO.
El segundo presidente de Provida fue el también panista Alfonso Bravo Mier, y tan cercana ha ido tradicionalmente la relación entre Provida y el PAN capitalino que en varias ocasiones ese partido ha distribuido la propaganda sanguinolenta de los antiabortistas, que muestra fetos destrozados en los últimos meses del embarazo.
En 1993, el PAN capitalino reproducía en un volante la carta pontificia de los derechos de la familia, que se opone tajantemente a los derechos sexuales y reproductivos. A partir de 1995, la Secretaría de Promoción Política para la Mujer, del PAN capitalino, dirigida en aquel entonces por Camila Zavala Valencia, comenzó a colaborar con Provida en el proyecto de los Centros de Ayuda a la Mujer.
Al respecto, Zavala Valencia calificó a Provida como una organización “de servicio” y afirmó que ese trabajo común se debe a que el PAN y Provida “coinciden en sus principios de doctrina” y por lo tanto “podemos hablar en el mismo idioma y términos”. Con los gobiernos derechistas Provida ha tenido acceso a recursos millonarios e impunidad en caso de malos manejos, y ahora el PAN y Provida hacen causa común contra la libertad de la mujer.
posted by H2AGUA at
12:12 a.m.
