MIRADOR

Raúl Moreno Wonchee
jueves, 31 de mayo de 2007


Entre el laicismo y el derecho divino

¿Tú también, Felipe? La salmodia entonada a dúo por el Presidente y la primera dama contra la despenalización del aborto ha hecho que el fantasma de la pareja presidencial vuelva a recorrer nuestras atribuladas instituciones. Pero si la primera vez fue ópera bufa, ésta podría ser tragedia. Hegel al revés.

Si la Suprema cediera a las presiones del supremo gobierno en su propósito de instalar el reino de Dios en la Tierra y fallara a favor de las controversias constitucionales interpuestas simultáneamente por la CNDH y la PGR, cancelando la reforma al Código Penal del Distrito Federal que despenaliza el aborto, desde luego serían las mujeres las que llevarían la peor parte.

La restauración del aborto como delito podría dar lugar a que, como era usual, la ley no se aplicara y sólo sirviera para que en el mejor de los casos el personal médico abortero recuperara sus altos honorarios profesionales gracias al jugoso incremento que representaría la reposición del bono correspondiente a la clandestinidad del procedimiento; y para que en el peor, que por costumbre y algo más toca siempre a los sectores más desprotegidos de la sociedad, los abortos se hicieran en condiciones propicias para reponer los puntos perdidos por la morbimortalidad femenina. Así, la Suprema quedaría como alcahuete de la medicina privada clandestina que gracias a la restauración criminógena volvería por sus fueros, y como firme sostén de los altos índices de enfermedad y muerte entre aquellas mujeres cuyas carencias económicas les impidieran acceder a los servicios profesionales clandestinos y, por consiguiente, onerosos.

Pero la emulación fundamentalista entre los doctrinarios y los ultras ha hecho renacer la utopía panista: ¡que los delitos redivivos no queden impunes y las mujeres que aborten sean castigadas como delincuentes!, ¡que los cientos de miles de mujeres que aborten hagan cola en las cárceles para purgar sus condenas! Para eso el ombdusman José Luis Soberanes ha puesto el derecho divino por encima de los derechos humanos de las mujeres que renieguen de los dones de la maternidad indeseada y, como en tiempos de la Colonia, el señor procurador quiere atizar el fuego eterno con la acción penal.

Hasta ahora, la despenalización del aborto ha seguido un curso suave, por así decirlo. La temida crispación social no pasó del ámbito legislativo y ni las ostentosas violaciones a la Constitución por el Episcopado ni la abierta injerencia papal lograron reanimar la alicaída oposición a la reforma. Los intentos del PAN, de los monopolios radiotelevisivos y del clero de polarizar a la sociedad, fracasaron rotundamente. Las razones científicas y sociales, así como la asimilación de otras experiencias y de avances legislativos como los alcanzados en Yucatán y Chiapas nutrieron la discusión pública y redujeron a la impotencia argumental a la derecha. La sociedad ha demostrado que está a la altura de esta y de otras reformas que la hagan más libre y digna y eleven la convivencia. Es este uno de los saldos de 150 años de Estado laico.

De que se hayan emprendido las controversias en vísperas de la visita presidencial al Vaticano pa'servirle al patrón, mejor ni hablar. La negra noche en que Fox puso su alta investidura al servicio de un gobierno extranjero para hostilizar a naciones hermanas, ya pasó. Pero parece que en el bando gubernamental no quieren dejarle el monopolio de la estulticia a Espino. El Presidente puso a su servicio a Soberanes, el del Opus, y de un manotazo acabó con la autonomía de la CNDH. Y mandó al procurador Medina Mora a que, con la religión en ristre, emplazara a la Suprema a sentenciar de muerte al laicismo. Y en efecto, si la Suprema Corte de Justicia, institución fundadora de nuestra República liberal, fallara a favor de las controversias, sus ministros se elevarían hasta el sacerdocio -gloso palabras de Ignacio Ramírez El Nigromante- y una vez en el santuario, en su nuevo papel de intérpretes de la divinidad, convertirían la Ley en dogma. Despojados de su dignidad republicana, se investirían a sí mismos como ministros del derecho divino.

Que los intereses superiores de la Nación, las enseñanzas de la historia, las aspiraciones colectivas a la igualdad y a la justicia, los avances del conocimiento científico y humanístico, el más avanzado pensamiento universal y el respeto al derecho ajeno sean las bases constitutivas del Estado, o que los estrechos y excluyentes dogmas religiosos aherrojen a la Patria, es el dilema. La Corte tiene la palabra, ¿encontrará la razón?