SERA PORQUE ASI OCULTARAN EL FRAUDE ELECTORAL
Por Esto
jueves, 31 de mayo de 2007
"Primero quemados que contados"
Esa fue la consigna que corrió en los pasillos de San Lázaro sobre los sufragios presidenciales de 1988 y esa es la visión que sigue prevaleciendo en instituciones como el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juzgar por el rechazo generado a la solicitud de la revista Proceso y de un grupo de 200 académicos para realizar un recuento ciudadano, independiente, de los sufragios de la elección presidencial del año pasado.
La solicitud del recuento ciudadano tiene aún dos opciones jurídicas: La Suprema Corte de Justicia en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el plano internacional. Sin embargo, el IFE parece tener prisa por "destruir" esa paquetería, tal como lo ordena la legislación electoral, que contempla tres opciones: quemar las boletas y actas de escrutinio, sepultarlas o triturarlas.
¿Qué caso tiene insistir en un recuento de los votos, por una instancia ciudadana, si dicho cómputo carece de validez jurídica alguna, ya que la elección es "cosa juzgada" y ha sido declarada válida por las autoridades competentes?
El objetivo es despejar cualquier duda que pudiera existir entre lo que se conoce como "verdad jurídica" y "verdad histórica" de un hecho relevante. La elección presidencial del 2006 presenta varias manchas, dudas y aspectos negativos que abren una brecha entre ambas verdades. Y una forma de hacerlo, es el recuento ciudadano. Sin valor jurídico ciertamente, pero de un gran valor histórico.
Cuando la verdad jurídica (el fallo del TEPJF) no coincide con la verdad histórica (lo acontecido de facto en torno a un suceso), queda abierta la posibilidad a la indagación, la investigación y la cualificación de los hechos reales a partir de instancias no judiciales.
Este es un derecho ciudadano que reconocen las democracias con mecanismos de representación directa (referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana), a diferencia de las democracias indirectas o judicializadas, que dejan las controversias políticas en manos de los tribunales, sin posibilidad de validar esas decisiones por el soberano popular o sus representantes más directos.
Producto de esta visión más amplia de la democracia, como sistema generador de procesos sociales legitimadores, no sólo de fallos judiciales legales, son las políticas de revisión del pasado inmediato que diversos regímenes democráticos ponen en marcha para generar perdón y olvido en sociedad divididas, enfrentadas y agraviadas.
Las políticas de revisión de hechos controversiales pueden adquirir las formas de "comisiones de la verdad" o "fiscalías del pasado", según la naturaleza, el objetivo y las dimensiones del agravio en cada país. Cabe señalar que las fiscalías tienen mayor agudeza en sus indagaciones, pero están limitadas en su actuación, debido a las prácticas procesales que exige el derecho penal. En cambio, las comisiones de la verdad buscan resolver malestares, dudas o enconos sociales, y de sus resultados se pueden desprender o no consecuencias de carácter judicial.
Si hubiese existido voluntad, generosidad y altura de miras políticas, el trauma poselectoral que significó enfrentarnos a una diferencia electoral de menos de un punto porcentual, en un país acostumbrado por más de 70 años a las "mayorías electorales" contundentes del PRI, se hubiese podido superar mediante una iniciativa ejemplar, inédita para el momento que se vivió. El recuento ciudadano de los votos tiene precisamente ese talante.
La "verdad histórica" de la elección está lejos de conocerse. Ocho meses después el IFE ha dado a conocer un hecho insólito: la existencia de 281 mil spots o promocionales de radio y televisión que no fueron reportados por los partidos políticos. De ser exacto el monitoreo ordenado por el IFE (existe un diferendo sobre la metodología y la muestra utilizada) estaríamos frente a un elefante de casi mil millones de pesos que entró de contrabando por la puerta de atrás al circo de la elección presidencial, pero que nadie vio, olió o escuchó. ¿De qué hablamos? Del doble del "pemexgate" y del triple de "Amigos de Fox".
Pero los spots no son la única evidencia de irregularidad en la pasada elección presidencial. Existen otros ejemplos.
a) 28 millones de llamadas telefónicas entre los meses de abril y junio de 2006 (un "barrido" al 40% del directorio telefónico de los 70 millones de números fijos y móviles existentes en esa fecha en el país), realizadas desde diversos "call centers", con un costo estimado de 168 mdp (6 pesos por llamada de cinco minutos en promedio). Son millones de rings, rings que nadie contabilizó, facturó o reportó, y que el 90% de ellas fue para aplicar "push polls" a favor de Felipe Calderón y "punch polls" en contra de AMLO.
b) Los promocionales del miedo y de la guerra sucia patrocinados por el CCE y organizaciones de la "sociedad civil" de dudosa identidad que estuvieron al aire los últimos dos meses de la campaña, con la misma intención política de las llamadas telefónicas, y que sumaron 138 mdp aproximadamente.
c) Los cursos de inducción al interior de diversas empresas para promover el "voto razonado" de casi tres millones de empleados, trabajadores y directivos, en diversas partes del país. El mensaje central de esos cursos, en boca de uno de sus impartidores, era claro: "si AMLO gana, esta empresa cierra". En términos de horas-hombre, estos cursos de propaganda electoral al interior de las empresas, que debieron ser fiscalizados, contabilizados y monitoreados por el IFE, porque constituyen una "aportación privada en especie", expresamente prohibida por la ley, sumaron 70 mdp aproximadamente.
d) Pero el robusto tórax del cuerpo del delito lo constituyó el gasto publicitario del gobierno de Fox en el 2006. Hablamos de 3 mil mdp, entre tiempos oficiales, de Estado y publicidad pagada.
Los 280 mil promocionales no fiscalizados son una prueba contundente de que la pasada elección presidencial estuvo plagada de irregularidades. Son el mejor argumento para no destruir las boletas, permitir un recuento ciudadano y cambiar urgentemente al árbitro omiso, el IFE, que se percató de sendas irregularidades con un año de retraso.
jueves, 31 de mayo de 2007
Esa fue la consigna que corrió en los pasillos de San Lázaro sobre los sufragios presidenciales de 1988 y esa es la visión que sigue prevaleciendo en instituciones como el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juzgar por el rechazo generado a la solicitud de la revista Proceso y de un grupo de 200 académicos para realizar un recuento ciudadano, independiente, de los sufragios de la elección presidencial del año pasado.
La solicitud del recuento ciudadano tiene aún dos opciones jurídicas: La Suprema Corte de Justicia en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el plano internacional. Sin embargo, el IFE parece tener prisa por "destruir" esa paquetería, tal como lo ordena la legislación electoral, que contempla tres opciones: quemar las boletas y actas de escrutinio, sepultarlas o triturarlas.
¿Qué caso tiene insistir en un recuento de los votos, por una instancia ciudadana, si dicho cómputo carece de validez jurídica alguna, ya que la elección es "cosa juzgada" y ha sido declarada válida por las autoridades competentes?
El objetivo es despejar cualquier duda que pudiera existir entre lo que se conoce como "verdad jurídica" y "verdad histórica" de un hecho relevante. La elección presidencial del 2006 presenta varias manchas, dudas y aspectos negativos que abren una brecha entre ambas verdades. Y una forma de hacerlo, es el recuento ciudadano. Sin valor jurídico ciertamente, pero de un gran valor histórico.
Cuando la verdad jurídica (el fallo del TEPJF) no coincide con la verdad histórica (lo acontecido de facto en torno a un suceso), queda abierta la posibilidad a la indagación, la investigación y la cualificación de los hechos reales a partir de instancias no judiciales.
Este es un derecho ciudadano que reconocen las democracias con mecanismos de representación directa (referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana), a diferencia de las democracias indirectas o judicializadas, que dejan las controversias políticas en manos de los tribunales, sin posibilidad de validar esas decisiones por el soberano popular o sus representantes más directos.
Producto de esta visión más amplia de la democracia, como sistema generador de procesos sociales legitimadores, no sólo de fallos judiciales legales, son las políticas de revisión del pasado inmediato que diversos regímenes democráticos ponen en marcha para generar perdón y olvido en sociedad divididas, enfrentadas y agraviadas.
Las políticas de revisión de hechos controversiales pueden adquirir las formas de "comisiones de la verdad" o "fiscalías del pasado", según la naturaleza, el objetivo y las dimensiones del agravio en cada país. Cabe señalar que las fiscalías tienen mayor agudeza en sus indagaciones, pero están limitadas en su actuación, debido a las prácticas procesales que exige el derecho penal. En cambio, las comisiones de la verdad buscan resolver malestares, dudas o enconos sociales, y de sus resultados se pueden desprender o no consecuencias de carácter judicial.
Si hubiese existido voluntad, generosidad y altura de miras políticas, el trauma poselectoral que significó enfrentarnos a una diferencia electoral de menos de un punto porcentual, en un país acostumbrado por más de 70 años a las "mayorías electorales" contundentes del PRI, se hubiese podido superar mediante una iniciativa ejemplar, inédita para el momento que se vivió. El recuento ciudadano de los votos tiene precisamente ese talante.
La "verdad histórica" de la elección está lejos de conocerse. Ocho meses después el IFE ha dado a conocer un hecho insólito: la existencia de 281 mil spots o promocionales de radio y televisión que no fueron reportados por los partidos políticos. De ser exacto el monitoreo ordenado por el IFE (existe un diferendo sobre la metodología y la muestra utilizada) estaríamos frente a un elefante de casi mil millones de pesos que entró de contrabando por la puerta de atrás al circo de la elección presidencial, pero que nadie vio, olió o escuchó. ¿De qué hablamos? Del doble del "pemexgate" y del triple de "Amigos de Fox".
Pero los spots no son la única evidencia de irregularidad en la pasada elección presidencial. Existen otros ejemplos.
a) 28 millones de llamadas telefónicas entre los meses de abril y junio de 2006 (un "barrido" al 40% del directorio telefónico de los 70 millones de números fijos y móviles existentes en esa fecha en el país), realizadas desde diversos "call centers", con un costo estimado de 168 mdp (6 pesos por llamada de cinco minutos en promedio). Son millones de rings, rings que nadie contabilizó, facturó o reportó, y que el 90% de ellas fue para aplicar "push polls" a favor de Felipe Calderón y "punch polls" en contra de AMLO.
b) Los promocionales del miedo y de la guerra sucia patrocinados por el CCE y organizaciones de la "sociedad civil" de dudosa identidad que estuvieron al aire los últimos dos meses de la campaña, con la misma intención política de las llamadas telefónicas, y que sumaron 138 mdp aproximadamente.
c) Los cursos de inducción al interior de diversas empresas para promover el "voto razonado" de casi tres millones de empleados, trabajadores y directivos, en diversas partes del país. El mensaje central de esos cursos, en boca de uno de sus impartidores, era claro: "si AMLO gana, esta empresa cierra". En términos de horas-hombre, estos cursos de propaganda electoral al interior de las empresas, que debieron ser fiscalizados, contabilizados y monitoreados por el IFE, porque constituyen una "aportación privada en especie", expresamente prohibida por la ley, sumaron 70 mdp aproximadamente.
d) Pero el robusto tórax del cuerpo del delito lo constituyó el gasto publicitario del gobierno de Fox en el 2006. Hablamos de 3 mil mdp, entre tiempos oficiales, de Estado y publicidad pagada.
Los 280 mil promocionales no fiscalizados son una prueba contundente de que la pasada elección presidencial estuvo plagada de irregularidades. Son el mejor argumento para no destruir las boletas, permitir un recuento ciudadano y cambiar urgentemente al árbitro omiso, el IFE, que se percató de sendas irregularidades con un año de retraso.
posted by H2AGUA at
12:08 a.m.
