DESVIA RECURSOS EL URSURPADOR PARA COMPRAR SU TEQUILA?

Desvía la Presidencia recursos de discapacitados

Zósimo Camacho

Irregularidades por más de 35 millones de pesos descubre la ASF en programa de apoyo a discapacitados. La Presidencia de la República y las secretarías de Economía y Desarrollo Social son presuntas responsables en el delito de peculado, en donde dos asociaciones civiles son las supuestas beneficiarias.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprueba la gestión del gobierno federal en el Programa de Emprendedores con Discapacidad (Ecodis). En su dictamen sobre la auditoría al programa, la ASF determina que la Presidencia de la República y las secretarías de Economía (SE) y de Desarrollo Social (Sedesol) “no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la creación, planeación, evaluación y ejecución” del proyecto.

Y es que, según se desprende del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, el 90 por ciento de los recursos otorgados a uno de los programas “estelares” del gobierno de Vicente Fox se ejerció irregularmente y debe ser recuperado por la Tesorería de la Federación.

Además de la oficina de la Presidencia y las secretarías mencionadas, dos asociaciones civiles –la Red Nacional de Articulación Productiva (Renapac) y la Fundación para la Ayuda Ecodis (FAE), únicas “intermediarias” entre los discapacitados y el programa– están involucradas en irregularidades por 35 millones 682 mil 800 pesos, de un total de 40 millones 379 mil 500 con que contó Ecodis en 2005.

La ASF señala la falta de documentación comprobatoria de erogaciones por 16 millones 517 mil 600 pesos y omisión en el reintegro de recursos a la Tesorería por 19 millones 165 mil 200 pesos.

De acuerdo con las metas oficiales del programa, en su primer año de operación debieron haberse creado 6 mil empleos, equipar una bodega de distribución de mercancías y establecer 18 tiendas. Además, impulsar 65 micros, pequeñas y medianas empresas. Todo en nombre de las personas con discapacidad. El objetivo era, supuestamente, promover la cultura empresarial entre las personas con capacidades diferentes, quienes podrían ser autosuficientes e incorporarse plenamente a la sociedad.

“Dentro de sus objetivos se encontraba la creación de una red formada por personas con discapacidad que promoviera la distribución de productos, contribuyera al fortalecimiento de la capacitación de los emprendedores con discapacidad, y generara entre la sociedad una cultura que no discrimine, sinoque respete y promueva oportunidades laborales para personas con discapacidad.”

“Sin embargo –señala la ASF– no se contó con la documentación que acredite el avance o el logro de las metas fijadas”. Y es que las irregularidades comenzaron junto con el programa, pues no se le dotó de mecanismos para revisar escrupulosamente su funcionamiento.

La Auditoría acusa a la Presidencia de la República de haber elaborado un programa al vapor, pues “no contó con lineamientos, metas ni objetivos definidos; tampoco con una evidencia documental relativa al número de personas discapacitadas que le requirieron o recibieron servicios de acompañamiento, asesoría u orientación en el mismo ejercicio”. Con ello, aduce que se violaron los artículos 3, 12, 22 y 27 de la Ley de Planeación, y solicita “fincar responsabilidades sancionatorias” contra los funcionarios implicados.

La extinta Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de Personas con Discapacidad (ORPISPD), que dependía de la Presidencia de la República, ni siquiera destinó una partida para coordinar el programa. La totalidad de los 7 millones 185 mil 300 pesos de su presupuesto para 2005 se aplicaron al gasto corriente.

Además, la oficina no explicó los mecanismos mediante los cuales fueron designadas a Renapac y FAE como “instituciones de apoyo al proyecto productivo”. Reconoce que la invitación no fue abierta y sólo se convocó a las asociaciones “necesarias”.

El programa

El Ecodis fue puesto en marcha a iniciativa de la Presidencia de la República a través de la ORPISPD. Además de la SE y la Sedesol, se involucró el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud.

Los recursos con que se le dotó provinieron del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y del Programa Opciones Productivas de la Sedesol, 30 millones 888 mil 100 pesos y 9 millones 491 mil 400 pesos, respectivamente.

El dinero fue solicitado por FAE, en su carácter de beneficiario, y Renapac, en su carácter de “Organismo Intermedio, es decir, una persona moral sin fines de lucro, con objetivos compatibles con los del Fondo Pyme, que contribuyen de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Sin embargo, las asociaciones no pudieron acreditar a cabalidad la identidad de los supuestos beneficiarios.

La ASF señala que “con la revisión del listado de personas registradas como beneficiarias en el CAPFAE se comprobó que en todos los registros no se incluyó el nombre de la persona que funge como contacto con el discapacitado ni la Clave Única de Registro de Población del discapacitado; asimismo, se identificaron inconsistencias en los listados, tales como: falta de domicilio, no identificar el tipo de discapacidad, duplicar o triplicar el registro de una misma persona, y la inclusión de personas de la tercera edad y madres solteras”.

Renapac, desfalco millonario

Tan sólo Renapac obtuvo recursos públicos por 30 millones 888 mil 100 pesos, de los cuales sólo ejerció 21 millones 214 mil 300. Los 9 millones 673 mil 800 pesos restantes no fueron reintegrados a la Tesorería, con lo que incurrió en violación de los artículos 109 del Reglamento de la Ley de Servicios de la Tesorería de la Federación y 49 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Por ello, la ASF, en la acción emitida 05-0-10100-07-121-06-001, señala que “se presume un probable daño de la Hacienda Pública Federal por un monto de 9 millones 673 mil 736 pesos por recursos no acreditados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación”.

Pero las irregularidades se encuentran aún y principalmente en los recursos que sí se ejercieron, pues en la comprobación del gasto de los 21 millones 214 mil 300 pesos se encontró que cinco recibos y 18 facturas por 16 millones 517 mil 600 pesos no se describen los bienes o servicios adquiridos de forma desagregada ni la recepción de los mismos.

Así, la Auditoría advierte que “no se puede comprobar que los bienes y servicios adquiridos correspondan al objeto para el que fue otorgado el apoyo porcada una de las subcategorías, en incumplimiento de los artículos 15 y 20, fracción IV, de las Reglas de Operación del Fondo Pyme”.

De los 23 recibos o facturas con irregularidades, 9 fueron emitidos por la empresa privada Arreola e Islas Constructores, S. A. de C. V. por un monto de 12 millones 94 mil pesos.

En la acción 05-0-10100-07-121-06-002, la Auditoría presume un probable daño al patrimonio de la Hacienda Pública por los 16 millones 517 mil 600 pesos.

El peculado del FAE

La Sedesol entregó recursos públicos al FAE por 9 millones 491 mil 400 pesos para el proyecto “Equipamiento del emprendedor” del Ecodis. En las cláusulas del convenio de concertación, la Secretaría impuso al FAE la obligación de desarrollar conjuntamente con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Instituto Politécnico Nacional los mecanismos para seleccionar a los beneficiarios e informar trimestralmente los avances y resultados del programa.

Nada se cumplió y la Sedesol no tiene información sobre en qué se gastó el FAE los casi 9 millones y medio de pesos, que debieron de haber beneficiado a 12 mil personas discapacitadas de Mérida, Yucatán; Puerto Vallarta, Jalisco, y el Distrito Federal y su área conurbada. De acuerdo con la dependencia y la ASF, se trata de “hechos que pudieran ser constitutivos del delito de peculado”.

Por ello, en la acción emitida 05-20100-07-121-06-09, la ASF presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública por 9 millones 491 mil 400 pesos.

La Auditoría concluye que el Ecodis incurrió en irregularidades desde su creación y que hay un probable desfalco al erario público por 35 millones 682 mil 800 pesos, de los cuales 19 millones 165 mil 200 son por concepto de “omisión de reintegro de fondos a la Tesofe” y 16 millones 517 mil 600 por “falta de documentación comprobatoria de las erogaciones”. La totalidad del monto es susceptible de ser recuperado.

En su dictamen, la ASF acusa la “falta de comprobación del beneficiario Fundación para la Ayuda Ecodis A. C. y el Organismo Intermedio Red Nacional de Articulación Productiva de la aplicación de los recursos otorgados por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social para los fines autorizados con cargo en el Fondo Pyme y en el Programa de Opciones Productivas, respectivamente”.